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textos Sin debate
Adrián Acosta Silva
Luego de un errático periodo de "postdebate" (naturalmente, el que ocurrió después del 25 de abril), el domingo pasado se anunció, finalmente, que no se realizaría un segundo debate entre los tres candidatos que dominan las preferencias electorales. Cuestiones de forma se colocaron como los principales obstáculos para no realizar un debate que, potencialmente, permitiría consolidar o alterar las intenciones de voto de miles de ciudadanos, y obligaría a los debatientes a definir, presumiblemente, muchas propuestas e ideas que quedaron pendientes o de plano no se abordaron en el primer encuentro. Por lo visto en la prensa y en los comunicados de los representantes, las razones de la suspensión no son del todo claras, y a los analistas no nos queda más que aventurar hipótesis y conjeturas sobre las razones de fondo del no acuerdo sobre los términos como se llevaría a cabo el encuentro. Sin embargo, en política, como en la vida misma, ninguna decisión es gratuita, ni se explica por la sola presencia del azar o es conducida por el capricho. No debatir fue una decisión estratégica, calculada, para maximizar el rendimiento electoral de los dos contendientes principales. En el contexto de la coyuntura, en una cerrada pelea de Labastida y Fox, a quien más convenía la realización del debate era a Cárdenas, situado muy por debajo de las preferencias electorales nacionales reveladas por las encuestas. A los candidatos de la Alianza por el Cambio y del PRI el debate era una oportunidad de oro para llamar la atención de los indecisos, ésos que definirán dentro de mes y medio la victoria o la derrota de los participantes. Por lo que se observa, fue una cuestión de procedimiento -la que quería imponer el negociador foxista- la que terminó por "reventar" el debate y que, con justa razón, provocó la airada reacción de Cárdenas y las tibias respuestas de Fox y Labastida. Conviene recordar que este segundo debate fue precedido de dos momentos importantes. Primero, la exclusión deliberada de los tres candidatos presidenciales de los partidos emergentes en el segundo debate, lo que, luego de los resultados del primero, con la sorpresiva irrupción de Rincón Gallardo, tenía un fuerte sesgo de intolerancia de los partidos "grandes" a los "chicos". Y, en segundo lugar, el affaire Muñoz Ledo-PARM, que ha terminado por costar muchísimo al propio Muñoz Ledo, a quien parece no quedar otra alternativa que incorporarse al foxismo. Esas dos cuestiones, entre otras, prepararon el escenario de un debate donde lo que interesaba no era sólo el tono ni el ruido sino las posibilidades de discusión pública de temas cruciales de la agenda nacional. En estas circunstancias, el debate era una oportunidad para que los ciudadanos pudieran formarse una idea más clara de las intenciones y propuestas de los candidatos en torno a asuntos como la seguridad pública, la corrupción o el desempleo. Era, además, un momento para que la imagen pública de los principales candidatos se sometiera a la prueba del ácido del homo videns, en horario triple A y en cadena nacional. Sin embargo, el mundo de la política no es el mundo de los virtuosos ni de las buenas intenciones. ¿Por qué Fox se debería arriesgar a perder lo que lleva ganado hasta el momento, en uno de sus muchos arranques de bravuconería y ocurrencias? ¿Por qué Labastida se iba a exponer a mostrar sus debilidades ideológicas y políticas frente a millones de espectadores? Los políticos no tienen vocación suicida, y eso lo saben muy bien los asesores de los candidatos y, al parecer, el segundo debate era percibido como una oportunidad para tomar una ventaja insuperable en las intenciones de voto de millones de ciudadanos, pero también un riesgo muy grande y potencialmente devastador para uno de los dos candidatos que encabezan las encuestas. Visto así, la decisión de no debatir revela, en el fondo, un gran temor al "dedo electrónico", o "ventana electrónica", a sus efectos e impactos socio-electorales. Y hay aquí una gran paradoja, una más de nuestra vida política. Si la democracia es, entre otras cosas, un formato institucional adecuado para la reflexión y el debate público, la realización del segundo debate era una importante oportunidad de consolidar algunos de los rasgos públicos de nuestra joven democracia, aun cuando el contenido y los resultados del debate fueran, como se puede prever por los antecedentes de las campañas, francamente deprimentes. Si debatir en público es una responsabilidad de los actores políticos, el debate en sí mismo puede ser un instrumento de aprendizaje colectivo capaz de proveer de oxígeno a prácticas políticas que, al parecer, sólo saben desarrollarse en la oscuridad de los sótanos, los de Bucareli, los de las sedes partidistas o los de las casas de descanso de nuestras figuras políticas. Un debate ordenado y productivo -centrado en las ideas y no en las descalificaciones y prejuicios- que permita superar, entre otras cosas, la demagogia del "diálogo público" que exije reunión tras reunión el CGH a las autoridades universitarias, y permita demostrar a los ciudadanos, o a muchos de ellos, que la democracia es un buen marco para intercambiar propuestas y desarrollar críticas y alternativas. Sin embargo, el pseudodebate de abril y el no-debate de mayo aparecen como prácticas que hacen de la democracia ya no la menos peor de las formas de gobierno, sino una más de ellas, sin ventajas sustantivas respecto a los totalitarismos y a los autoritarismos. Ese mensaje, poderoso y de efectos inciertos en la sociedad, ha sido lanzado al ámbito público por los mismos actores que machacan todos los días querer a la democracia como discurso y como método de gobierno. Candidatos que no debaten, intermediarios que no acuerdan, más empresarios televisivos que regatean ese oro molido que es el tiempo de televisión, y un gobierno que se mantiene como un espectador más del show, conforman los ingredientes que explican la paradoja de una democracia sin debate. Seguramente, los candidatos seguirán la vieja estrategia de acusar al otro para explicar la cancelación del debate. Después de las elecciones tendremos oportunidad de saber con precisión las razones de fondo o los simples caprichos, que motivaron que uno o dos de los candidatos decidieran no realizar el encuentro. Por lo pronto, el saldo del no-debate es claro: la incapacidad de nuestros actores políticos para llegar a acuerdos que trasciendan los intereses propios e inmediatos. El debate, la capacidad de intercambiar ideas, puede existir, en condiciones ingratas y difíciles, sin democracia. Pero no hay democracia que pueda consolidarse y sobrevivir demasiado tiempo sin prácticas de debate y reflexión pública de argumentos y propuestas Adrián Acosta Silva es sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Flacso-México. Profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCEA U. de G. |
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