bahías
Para después del 2 de julio
Rafael Cordera Campos

en campaña
Somos mucho más
que dos (mil)
Jaime Ramírez Garrido

barandal
UNAM: ¿Reforma
sin agenda?
Ciro Murayama

guía de perplejos
La inocencia erótica
José Luis Durán King

En México, el problema de la desigualdad social y del control de las acciones discrecionales de los gobernantes y funcionarios públicos que, finalmente, conducen a la impunidad, no ha sido resuelto a través de los mecanismos de la democracia representativa partidista. A pesar de que la esfera de la democracia representativa partidista ha alcanzado su autonomía con respecto al control que, en el pasado, ejercía el Ejecutivo federal -representante del partido gubernamental- y que era una fuente constante de conflictos. Ahora, la imparcialidad de esos mecanismos está garantizada por el Instituto Federal Electoral (IFE). Además, las posibilidades de alternancia en los diferentes puestos de elección popular es más, ahora, una realidad que un sueño o deseo.

Sin embargo, el favoritismo de ciertos grupos sociales o individuos, por encima de los otros, para acceder a recursos económicos o situaciones de ventaja social depende de los diversos apoyos que le brinden a un candidato que, bajo una situación real de competencia partidista, son de vital importancia para ganar el puesto de elección popular. Una vez que la votación lo favoreció, desde ahí, actuar más desde criterios particulares que finalmente fortalecen a quienes en mayor medida le dieron su apoyo. Esto no quiere decir que, por tal aspecto, México sea una excepción en comparación con los países desarrollados donde tiene más fuerza la democracia partidista, pues, por ejemplo, los empresarios y otros grupos de presión proporcionan apoyos económicos a los partidos que, por razones distintas, presentan candidatos de su preferencia; empero, la diferencia se deriva del hecho de que en México el control que se desprende del orden legal e institucional es débil en relación con dichos apoyos. Esto provoca que, desde la perspectiva del liberalismo político, se viole el principio que establece que todos los individuos en una sociedad son iguales ante la ley. Por tanto, las consecuencias del predominio de los favoritismos o intereses particulares en la vida pública mexicana conlleva a que se reproduzcan los vicios que en diferentes momentos los estudiosos del sistema político mexicano señalaron, como lo es el clientelismo y la corrupción.(1)

Existe, pues, un orden o una estructura que tiene suficiente fuerza o aliento para incentivar las prácticas sociales de tipo clientelar que, por desgracia, la competencia democrática partidista no ha podido cambiar. Una convivencia, sin embargo, que a un observador común le indica que en México sigue vigente la máxima del dominio popular: "Todo cambia para que nada cambie". Incluso la misma vinculación económica con el mercado internacional, que ciertos analistas llaman globalización económica, a pesar de haber creado a "nuevos" actores económicos o empresarios ligados con los negocios de la exportación y los correspondientes a la esfera financiera, terminaron seducidos por la relación que define los intereses personales y clientelistas. Sobre todo porque esa relación, aunque suene contradictorio, es la que los colocó en una posición ventajosa para romper las estrechas fronteras locales o nacionales y figurar, por fin, en la lista internacional de los hombres más ricos del mundo dada a conocer por la revista Forbes.(2) Pero el peligro que subyace en esta trama de la vida pública mexicana radica en que la llamada modernización, en su momento, identificada con la urbanización e industrialización del país y, en la actualidad, con la multiplicación de los lazos comerciales de México con diferentes países -sancionados con la firma de tratados de libre comercio- es percibida como un retroceso y, por tanto, un riesgo; más que una oportunidad para mejorar el nivel de vida y dejar de lado las acciones regidas por los intereses particulares o de grupo que van en contra del dominio de la ley y sus instituciones.

De este modo, surge otro problema que -en un contexto donde existe la democracia representativa partidista- no tiene tampoco solución en lo que dicen o hacen, de manera programada o pragmática, los diferentes candidatos, en este caso, a la Presidencia del país, bajo la "sombra" de los medios de comunicación electrónicos o escritos: la simbiosis del poder político con el poder económico para reproducir una inestabilidad que provoca el interés personal o particular de tipo clientelar.

Por otro lado, el aspecto social o cultural, lo que suele llamarse mundo de vida, bajo una reproducción económica cada vez más precaria, también se orienta por el dominio de las relaciones personalizadas, un espacio donde los líderes encuentran su desarrollo, y la movilización, así como el activismo, se impone como una fuerza tangible para presionar o negociar los beneficios bajo la lógica del intercambio entre el funcionario o autoridad y el líder debido a que no pueden acceder a lo que el mercado o las mismas instituciones estatales de bienestar les niegan o, mejor dicho, por su deformidad no les pueden garantizar al guiarse por el favoritismo aunque, ciertamente, esto se agudiza cuando no existen los recursos económicos suficientes.(3)

En suma, el esquema de la democracia representativa partidista, junto al del "libre" mercado, ha resultado insuficiente para terminar con la supuesta "esencia" de un sistema político y social caracterizado por la discrecionalidad, tanto en la aplicación de la ley como en el manejo de los recursos públicos. En otras palabras, lo que se caracterizaba como obstáculos propios de una sociedad "premoderna" o, por lo menos, en vías de desarrollo o modernización, terminó por ser un factor importante para consolidar en el poder político a la tecnocracia y, al mismo tiempo, proseguir con las reformas económicas neoliberales. Surgieron nuevos agentes económicos que, con el dictado de la lógica de la eficiencia y competencia, se beneficiaron con la privatización de los bancos y las empresas públicas. Es, desde esta visión, entendible por qué la desconfianza sobre las "bondades" de la alternancia partidista es una realidad frente al optimismo que anuncia el nacimiento, como ya es tradicional, al final de los dos últimos sexenios, de un nuevo país al ocupar la Presidencia un candidato proveniente de un partido diferente al oficial. No soy contrario a la alternancia partidista, sin embargo, en un contexto como el descrito, lo que se buscaba combatir se acaba por aceptar y, hasta reforzar, porque resulta redituable para ganar las voluntades de los electores y las obras públicas se cubren con las virtudes que les confiere, en mayor o menor medida, la propaganda televisiva o de la radio para mantenerse en el poder. Aunque, finalmente, los sectores radicales de la sociedad mexicana han optado por no encauzar sus acciones por la vía de la negociación clientelar; pero, aparece otra contradicción, al luchar contra la misma, se favorecen las tendencias autoritarias, la de la fuerza o represión, en más de una ocasión, no sujetas a la legalidad. Mientras, los medios de comunicación ocupan el espacio público para definir lo que la autoridad o la misma sociedad no ha podido considerar como interés general y el peligro es que se conviertan en jueces para señalar lo que es o no es legal. En este sentido, más que optimismo, existe pesimismo por la manera como los actores políticos, económicos y sociales han contribuido a fortalecer lo que, en esta reflexión, me atrevo a llamar las contradicciones de la democracia mexicana

1 La máquina clientelista se pone a funcionar en las coyunturas electorales pero se encuentra sostenida por la relación que desarrollan los intermediarios; en este caso, los líderes o gestores de organizaciones vecinales como sucede en algunos distritos electorales de la ciudad de México con los partidos políticos que, al ocupar puestos de elección popular, tienen acceso a los recursos de la administración local o estatal.

2 El financiamiento privado del partido oficial o gubernamental (PRI) buscaba romper el vínculo económico con el Ejecutivo o la administración pública, pero fomentó una situación de "... excepcionalidad bajo la ley y que viola los principios de la democracia liberal", Alejandra Salas-Porras, "¿Hacia un nuevo mecenazgo político? Democracia y participación electoral de los grandes empresarios en México", en Estudios sociológicos, núm. 52, enero-abril, México, CES-COLMEX, 2000, p. 80.

3 En este sentido, en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Río Grande do Sul, se han recuperado las iniciativas de los barrios y comunidades para formar una nueva estrategia de atención a sus necesidades, llamada Presupuesto Participativo frente al clientelismo que reproduce la democracia representativa. Ver: Raúl Pont, "El Presupuesto Participativo o diez años de democracia municipal en Porto Alegre", en Convergencia socialista, núm. 9, junio-julio, México, PRT, 1999.

Miguel Angel Vite Pérez es maestro en Desarrollo Urbano por El Colegio de México.
Correo: miguelvite@yahoo.com