Leonardo Sandri Foto: Cuartoscuro

Siempre me pareció obvio, pero por lo visto hay que aclararlo: de acuerdo con la Constitución, el Cofipe y el sentido común, los ministros de culto religioso tienen derecho a votar y a ser votados, esto último siempre que satisfagan los requisitos que establece la ley, el primero de los cuales es que sean ciudadanos mexicanos.

Estos derechos, sin embargo, no se extienden a las asociaciones religiosas a que dichos ministros pertenecen, pues no existe razón jurídica, ética o de cualquier otra índole que sugiera que las garantías individuales de las personas no deban ser extensivas a las organizaciones a las cuales pertenecen.

Aclaro algo más: el espíritu del legislador que reformó el artículo 130 constitucional fue reconocer a los ciudadanos mexicanos que son ministros de culto, sus derechos cívicos y políticos. A las iglesias también les dio reconocimiento, pero en tanto asociaciones religiosas, cuyos derechos y deberes se refieren exclusivamente al ámbito en que actúan.

Digo esta sarta de obviedades, porque en el río revuelto del proceso electoral, tanto la jerarquía de la Iglesia católica como el nuncio apostólico están tomando partido, y al hacerlo exceden las atribuciones y facultades que por ley les corresponden y sientan precedentes de facto que pueden ser muy peligrosos para la convivencia y la paz social en los próximos años.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, en efecto, sostiene que la alternancia en el poder es un ingrediente necesario de la democracia. Esto quiere decir que para que la democracia mexicana sea genuina, debe ganar las elecciones un partido distinto del PRI. Y, sigo en el terreno de lo obvio, si Labastida gana la Presidencia de la República, México no será una democracia. Lo mismo ocurrirá si el PRI gana la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores.

No voy a discutir semejante necedad, pero sí debo señalar que ese es precisamente el planteamiento de Vicente Fox, y que si en éste se entiende como un recurso político electoral, en el Episcopado Mexicano es una intromisión indebida, ilegal e inaceptable en asuntos políticos. No es el ejercicio de los derechos políticos de los obispos en tanto ciudadanos, sino la violación a las leyes de parte de la más poderosa asociación religiosa del país.

Por su parte, el nuevo nuncio apostólico, Leonardo Sandri, no parece darse cuenta de que él es embajador de un Estado extranjero, el Vaticano, y como tal tiene los mismos privilegios que el resto de los embajadores, como la inmunidad diplomática, pero igualmente tiene limitaciones similares a las de sus colegas, especialmente la abstención absoluta y total de intervenir en asuntos políticos que son de la exclusiva e intransferible competencia de los ciudadanos mexicanos.

Después de presentar sus cartas credenciales al Presidente de la República, el embajador Sandri admitió que "la alternancia política o la no alternancia depende de los electores" y aseguró que "la Iglesia (católica) no da a su voto por ningún candidato, no dice que hay que votar a uno". Eso está bien, pero en esa misma oportunidad, el diplomático dijo que la Iglesia católica interviene en política dentro del "orden moral" y por ello debe promover el voto de los fieles.

Tampoco es el caso discutir si Sandri está o no en lo justo al decir que los ciudadanos deben votar libremente por las personas y partidos que mejor les parezcan. Lo que hay que señalar es que ni la Iglesia católica mexicana, a la cual él no representa, ni menos aún el Estado Vaticano, al que sí representa, tienen absolutamente nada que hacer en el proceso electoral, ni siquiera invitar a los fieles a votar, pues su relación con los creyentes es de índole estrictamente religiosa (y no necesariamente "moral" como suelen decir los políticos).

El embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Vaticano en México, lo mismo que sus colegas de Estados Unidos, Honduras, China, Arabia Saudita, o de donde sea, no tienen absolutamente nada que hacer en el proceso electoral, ni siquiera participar en la promoción del voto, que es a primera vista una tarea noble e imparcial, pues los asuntos políticos internos no están abiertos en absoluto a su participación.

Admitir que Sandri y la Iglesia católica se conviertan en promotores del voto es legitimar la participación de una organización religiosa y de un Estado extranjero en la política electoral, simplemente por una razón de principio: las asociaciones religiosas, como tales, son religiosas y no políticas, y ningún ciudadano extranjero y menos a nombre de un Estado, debe intervenir en esa actividad, pues de hacerlo estaría violando la soberanía del país y el principio de la no intervención