La cacería contra los hackers se ha desatado. Desde que los ataques contra las grandes empresas de comercio electrónico (yahoo, amazon, e.bay, Zdnet, etcétera) se dieron, los focos de alarma se encendieron de inmediato. De esta manera muchos países empiezan a poner en marcha mecanismos para sancionar fuertemente las acciones que afecten el desenvolvimiento de los negocios en línea. En México, los diputados aprobaron recientemente una iniciativa orientada a favorecer el desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, más que crear una reglamentación específica para el comercio electrónico se trata de adecuar las existentes para que sean aptas a las necesidades de las transacciones en línea. En otros casos se hace un rodeo para justificar medidas de control de la red que, en definitiva, tienen el interés de alentar el desarrollo del comercio electrónico.

En días pasados el Consejo de Europa dio a conocer una recomendación dirigida a atacar y frenar la cibercriminalidad. Al ser adoptada por las representaciones de los gobiernos se puede decir que es el primer tratado internacional en la materia. Este proyecto propone innovaciones destinadas a armonizar de mejor manera las legislaciones nacionales en este terreno, intensificar los estudios y permitir la cooperación eficaz entre las autoridades de los diferentes Estados. En síntesis, el objetivo es combatir el delito cibernético.

Esta ley tiene un carácter no obligatorio, pues los mismos signatarios saben que independientemente de que ya conformen un bloque económico, las reglamentaciones en materia de comercio y asuntos penales conservan aspectos distintivos. Por tanto, cada país signatario debe poner en marcha a la brevedad mecanismos para tratar de homologar los criterios en tal terreno. La idea es que para poder requisar o revisar una máquina que es sospechosa de haberse usado para actos delictivos, no existe un criterio único que permita el acceso a la misma. Cada país tiene mecanismos diferentes, en algunos casos está prohibido que la policía dé seguimiento a distancia de una máquina, o incluso la inspección de un disco duro debe ser autorizada por un juez. Con esta ley será posible monitorear las redes, y estar atento a actos de cibercriminalidad.

Pero esto es lo que ocasiona problemas, pues aquí entran en contradicción reglamentaciones con objetivos diferentes, las que protegen la privacidad y las que lo ponen en cuestionamiento. Por un lado, la producción, venta, difusión de dispositivos que permitan introducirse de manera ilegal en una computadora o monitorear a distancia son tipificados como delitos. Pero se reservan a la policía tales cuestiones. De esta manera se coloca a programas como Back Orifice, un programa concebido para monitorear, elaborado por hackers de EU "Cult of the dead cow" (www.bo2k.com) en la legalidad, como a todos los programas que se usen en las empresas para vigilar a los trabajadores, pues ponen en predicamento la privacidad.

El francés Lipovetsky dice que si algo ha caracterizado a la modernidad es que camina a doble velocidad: alienta el desarrollo del hedonismo y lo protege e intenta bloquear y frenar lo mismo que alienta. Es decir, existen legislaciones y se construyen interfases electrónicas que tienen el objetivo de que lo privado se ensanche y se proteja, pero se ponen en marcha legislaciones que vulneran y ponen en entredicho tales estímulos. Independientemente de esta consideración, lo que sí se puede augurar es que homologar los criterios para tener una visión legal única en Europa no será inmediato, cada Parlamento deberá hacer las adecuaciones, eso es igual a poner en marcha un proceso largo, además está por verse la respuesta de los hackers, que en el momento menos pensado pueden hacer sentir su presencia y la cacería se puede revertir: los gobiernos y las policías de esos países serán los perseguidos