Nadie desconoce que en nuestro país se apuesta a las peleas de gallos y de perros; a las carreras de caballos, de galgos, a las cartas. También se juegan bingos, loterías y sorteos de todo tipo, al margen de que existen casinos clandestinos que se mueven de un lugar a otro. También están los books, lugares donde se apuesta vía satélite a cualquier clase de deporte o carrera de animales que se realiza en otra parte del mundo. En el Distrito Federal se estima, conservadoramente, que existen alrededor de 200 casinos clandestinos.

La prohibición no detiene el ejercicio ilegal del juego, y si el espíritu de la ley de 1947 que nos rige es restringir el juego con apuesta por considerar que provoca daño a la sociedad, ¿cómo hacerle para frenar las apuestas que se pueden hacer a cualquier casino del mundo a través de Internet desde la comodidad del hogar?

En este contexto, al inicio de la presente Legislatura los integrantes de la Comisión de Turismo realizaron un recorrido por varios estados de la República con el propósito de conocer la situación que vive el sector para elaborar un programa de trabajo que respondiera a las necesidades del mismo. En estos encuentros uno de los temas más recurrentes fue el de los casinos, así que se decidió integrar una subcomisión que analizara el asunto.

Entre los trabajos que elaboró la subcomisión destaca una consulta nacional entre diferentes sectores de la sociedad.Los grupos consultados se manifestaron en favor de autorizar el funcionamiento de casinos. En tal sentido, la Comisión de Turismo elaboró una opinión fundada y motivada donde establece la necesidad de actualizar la legislación en la materia.

De acuerdo con los estudios realizados por la Subcomisión de Casinos de la Cámara de Diputados se espera captar de mil a dos mil millones de dólares, con una generación de 150 mil empleos entre directos e indirectos, así como impuestos del orden de los 500 millones de dólares anuales.

Con base en la consulta fue concebida una iniciativa que el 26 de febrero de 1999 fue presentada a la Comisión Permanente con el nombre de Ley de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos, suscrita por 47 diputados del PRI, ocho del PAN y dos del PRD. La iniciativa contempla entre sus puntos más novedosos que los permisos serán otorgados por licitación pública y la encargada de hacerlo será una comisión integrada por nueve ciudadanos que deliberarán y decidirán los asuntos de forma colegiada. Otras de las atribuciones de la comisión serán la supervisión, control y reglamentación de las actividades y establecimiento destinados al juego con apuesta.

Un punto que destaca especialmente por su impacto en la economía del país es el reparto de los impuestos. Tratándose de licencias para centros de juego que se establezcan en forma permanente, los licenciatarios deberán aportar 12% de sus ingresos netos; del cual 2% será para el gobierno federal, 4% al gobierno de la entidad federativa que corresponda y 6% al gobierno municipal respectivo. Esto significa que los lugares que tengan casinos adicionarán a su presupuesto una considerable suma, la cual aumentará su capacidad para realizar obras y prestar servicios públicos.

La ley en cuestión contempla también una serie de candados para evitar lastres. Por ejemplo, con el fin de evitar el lavado de dinero la comisión tiene facultades para establecer mecanismos de vigilancia y control que le permiten verificar sus movimientos financieros.

No podemos seguir sosteniendo que al ignorar un problema dejará de existir. La falta de normatividad propicia el clandestinaje, el arreglo por debajo del agua, la mordida y todos los vicios que puede generar una actividad sin ningún control. Por ello es necesario que exista una reglamentación clara y precisa