Cuanta mayor aceptación o mayor consenso, más prestigio, reverencia o mero respeto susciten una institución, un sistema político, unas momentáneas costumbres o creencias, un pasado real o imaginariamente agraviado, un tipo de sentimiento y hasta un determinado rasgo de carácter, mayor es el riesgo de que surjan supersticiones en torno a ellos; y mayor el riesgo de que se conviertan en envilecidas coartadas para los caprichos y desmanes y abusos, o en instrumentos y comodines para la justificación de conductas y reacciones poco justificables, hasta el punto de que si una "mala" conducta se ampara o se da en el seno de esa institución o ese sistema político obedece a esas costumbres o creencias, se explica por ese pasado de agravios, se atiene a ese sentimiento o a ese rasgo de carácter tan prestigiados que a veces parecen casi sacralizados, cuenta con grandes probabilidades de ni siquiera ser percibida como tal, como "mala". Hay, por así decirlo, envoltorios o recipientes que obran milagros en favor de sus contenidos, y se erigen en salvaguardias siempre "legitimadoras" para quienes se alojan o cobijan, simplemente caen o con astucia se deslizan e introducen en ellos.

Por el mismo motivo, pocas empresas resultarán tan impopulares como las que busquen no ya señalar o desenmascarar esos contenidos concretos cuya mala ley haya sido convertida en buena por el purificador y mirífico puchero de turno que los albergue, sino algo aún más grave y atentatorio contra las convicciones comunes, a saber: raspar la capa de superstición con que a menudo está bañado el mismísimo metal de esos pucheros.

En la actualidad, y en nuestras sociedades, yo creo detectar los suficientes para que enumerarlos y abordarlos todos equivaliera a labor tan desmesurada como establecer una Pseudodoxia Epidemica de nuestro tiempo, tarea para la cual no me siento capacitado ni a la que estoy dispuesto; pero quizá no esté de más pasar brevemente una lija -o incluso con más modestia: una lima- por un par de ellos, quizá los más relucientes y llamativos y los más asentados desde mi punto de vista o al menos los que más afectan a la cosa pública. (Me dejaré en el tintero unas cuantas supersticiones bien extendidas, como la superstición amorosa, la superstición nacionalista, la superstición de la visceralidad y la superstición del sufrimiento: otra vez será, acaso.) Y antes de nada me conviene -por la cuenta que me trae- hacer hincapié en que comparto el generalizado respeto por los recipientes en cuestión. Lo que en ningún caso podría es compartir la veneración excesiva, la santificación, la inmaculización, la adoración -la superstición que los torna "intocables", en suma- por ellos; y no tanto porque vea en el horizonte otros utensilios o representaciones o convencimientos o símbolos más merecedores de entronización y alabanza que los más deificados e idolatrados hoy por nuestras comunidades, sino más bien porque el ensalzamiento y la entrega incondicionales me parecen por principio desaconsejables, si es que no -y siempre- descartables y aun repudiables. No sería de extrañar que me viera obligado a suscribir aquí alguna que otra perogrullada, pero es que a eso suelen conducir, casi indefectiblemente, los combates contra las supersticiones, por modernas que sean.

Quizá porque en nuestro país -no digamos en los pocos latinoamericanos que la disfrutan- la tradición democrática es todavía breve y una apreciable rareza histórica, se ha creado en torno a este sistema político una tan vigorosa como barata beatería que lo mismo sirve para denigrar y excomulgar a quienes no lo defiendan con uñas y dientes que para blindar las actuaciones de sus más conspicuos e inequívocos beneficiarios: los políticos por él elegidos (en mayor grado beneficiados que la ciudadanía). A menudo da la impresión de que esa elección fuera una especie de salvoconducto o patente de corso para las medidas y decisiones de los electos, también una ordenanza que exigiera acatamiento -en todo caso "respeto"- a esas decisiones, incluso a las opiniones sobre las que se sustentan. No son pocos, por ejemplo, los que hoy mismo exigen respeto a Hugo Chávez y a Alberto Fujimori por haber llegado al poder, ambos a través de las urnas, sin que al parecer cuente mucho lo que están haciendo luego con ese poder democráticamente obtenido. "La gente así lo ha querido"; "es la voluntad del pueblo"; "los ciudadanos se han pronunciado": son las huecas frases con que se tiende a acallar las críticas o a desautorizar el abierto enfrentamiento a esos dos dictadores democráticos totalitarios.

Lo que acabo de decir -y así oírlo es parte de la superstición democrática- puede sonar a paradoja o a disparate, pero no es necesariamente una contradicción en los términos. En primer lugar, porque la esencia misma de la democracia -más allá de las bonitas y con frecuencia hueras palabras sobre la pluralidad y complejidad deseables en todas las sociedades- reside en la ambición de ganar cuantas elecciones vengan, y por el margen mayor posible; en consecuencia, el afán, desiderátum o ideal de cualquier partido sería ganarlas una tras otra y por unanimidad todas. El sueño del político democrático sería que todos los votantes se sintieran representados por él, o más por él que por ningún otro adversario, y en ese sentido su anhelo coincide plenamente con el del dictador y el totalitario, sólo que el primero de los tres aspira a verlo cumplido mediante la persuasión, y el segundo -o el segundo y el tercero, aunque estos dos no siempre van juntos, sí a menudo- mediante la imposición, la invasión, el sometimiento, la ocupación, la fuerza; el primero por aclamación, el segundo con o sin ella; el primero está dispuesto a conformarse con una aproximación razonable al cumplimiento de su anhelo, el segundo no tolerará el incumplimiento parcial, no aceptará otra cosa que la cabal realización del sueño. La meta de ambos es, sin embargo, la misma: tener el poder, ejercerlo sin apenas trabas, dirigir y manipular a los gobernados a su criterio, independientemente de que tanto el uno como el otro crean o puedan creer estarlos favoreciendo, protegiendo, guiando y hasta tutelando. O salvando.

Alberto Fujimori Foto: Time

No debe olvidarse nunca que un político, de la clase que sea, es alguien que, para empezar, cree estar en lo cierto; cree saber lo que es mejor para sí mismo y para los demás, para la totalidad de sus conciudadanos; y quiere llevar a la práctica su proyecto o -más artísticamente- ver plasmadas en la realidad sus figuraciones. Es alguien que -tampoco se olvide- aspira siempre a regir sobre otros y a decidir por otros, aunque formalmente lo haga "en nombre" de esos otros. Que el uno utilice la persuasión y el otro la imposición no es diferencia baladí, al contrario: es toda la diferencia. Pero ésta no debe ni puede, de hecho, ocultar que dentro de la persuasión caben y también se inscriben el sofisma, la demagogia, la mentira, el engaño (hoy ya institucionalizado), las falsas promesas, tal vez la calumnia, sin duda las argumentaciones falaces, por supuesto la propaganda, no digamos el insulto, las acusaciones infundadas, la trapacería, la difamación, la emboscada, la hipocresía, lo taimado, el chantaje. Y sin embargo la superstición democrática, en su manifestación más extrema -que hemos alcanzado aquí rápidamente, con creces-, pretende y logra que todo esto sea normalmente excusado, pasado por alto, aceptado y aun acordado, rara vez es denunciado ni condenado. Se toma como "parte del juego", o como "gajes del oficio", o como "lógica de las alianzas, de la compensación y la represalia, lógica del cambalache". Todo esto se analiza con asombrosa asepsia, se cuenta y se especula con ello, se admite y aun se propicia. Parece normal que un político diga lo que no piensa, esconda sus intenciones, cambie de opinión en función de sus pactos, sin explicar tal cambio. Nunca es castigado por sus veleidades o inconsecuencias, no se le piden cuentas porque un día censure y al siguiente ensalce a un contrincante, a otro partido; siempre encuentra un comprensivo -en realidad resignadamente corrupto-. "Ya se sabe, la política".

Pero cuando surge por ventura alguien que por todas o algunas de estas prácticas descalifica a un político o a un partido, entonces éstos sacan a relucir su reluciente puchero -o aquí, si se prefiere, urna- para que con su magia vuelvan las acusaciones en contra de quien los acusa: "Somos una agrupación democrática, gozamos de inmunidad democrática"; "hemos sido limpiamente elegidos en unas votaciones libres"; "atacarnos equivale a insultar a tres millones de electores", etcétera. Estas protestas ni siquiera son ciertas, en su literalidad, al ciento por ciento. Un partido puede ser democrático en el sentido meramente técnico de estar registrado como tal y concurrir a las elecciones, pero puede perfectamente no serlo ni en su espíritu ni en su funcionamiento interno (no lo es casi ninguno) ni en su defensa de ese sistema político ni desde luego en su tolerancia de los demás partidos. Unos políticos pueden haber sido, en efecto, elegidos en votaciones libres, pero será difícil o más bien imposible que lo hayan sido "limpiamente": no sólo por las habituales manipulaciones antes expuestas sino porque, sobre todo, habrán sido elegidos en primer lugar -esto es, contratados, comprados, premiados o "fidelizados"- por el aparato de sus respectivos grupos que los colocara en las listas cerradas. Y, claro está, criticar, atacar o incluso descalificar a un político no equivaldrá jamás a insultar a un solo votante suyo: no ya porque un altísimo porcentaje de votantes opte siempre por una u otra lista sólo como mal menor, sin ningún entusiasmo ni desde luego incondicionalidad alguna sino porque, por mucho que a los políticos y a los partidos les guste considerarse o estén formalmente considerados "representantes" de la ciudadanía, a la hora de los hechos lo son en grado mínimo, en nuestras democracias. Lo decisivo aquí es que son siempre, y en el mejor de los casos, representantes interinos, provisionales, azarosos si se me apura, y la prueba de ello es cómo ellos mismos, cada vez que hay nueva campaña, procuran atraerse precisamente el voto de quienes la vez anterior no se lo dieron ni los quisieron como representantes suyos. Digamos, en suma, que su grado de "representación" está tan rebajado, tan pálido, tan "televisivo", su vínculo con los electores tan teórico, cambiante y superficial, que de ninguna manera cabe hallar veracidad en sus frecuentísimas pretensiones de trasvasar los ataques que reciben al cuerpo de sus votantes, la correa de transmisión es una entelequia.

No hace falta remontarse una vez más al clásico ejemplo del Hitler que fue elegido democráticamente la vez que lo fue, para recordar que, en un sistema democrático asentado, lo importante no es que tal o cual político haya sido "democráticamente elegido" -eso sería tan sólo lo descontado, la obvia exigencia mínima, y sin embargo cómo se les llena la boca a todos cada vez que lo subrayan enfáticamente-, sino lo que ese político haga y diga después de haber sido -faltaría más- elegido. Y en este sentido, para lo único que ha de servirle el milagroso puchero que tanto gustan todos de blandir con ufanía es para recordar a sus enemigos, rivales o críticos que lo que no puede hacerse con él en modo alguno ni bajo ningún pretexto es derrocarlo por la fuerza y sin que medien unas elecciones nuevas. Sí puede hacerse, en cambio -y éste es el conjuro de la superstición democrática-, casi cualquier otra cosa: se lo puede criticar y hasta denostar, se le pueden afear sus palabras, sus opiniones y sus comportamientos, se puede señalar su cinismo, su volubilidad, su chalaneo, su frivolidad o su irresponsabilidad, se pueden cuestionar sus principios, doctrinas y fines, se lo puede tildar de racista o clasista si se conduce como lo uno o lo otro, por supuesto se lo puede tachar de incompetente. Nunca, al hacerlo, se estará incluyendo en el paquete a sus electores, menos aún -como pretenden muchos con grosería inaudita- a la ciudad, región, nacionalidad o nación que le hayan otorgado su cargo. "Haber sido elegido democráticamente", "ser representante democrático de una parte de la población", "haber ganado un escaño en las urnas", todo eso, en una democracia, no es en sí nada ni hace a nadie acreedor a ningún especial respeto ni miramiento. Es tan sólo la condición indispensable para cobrar el correspondiente sueldo, y trabajárselo. Como puchero purificador, protector o mirífico debería servir de muy poco, o aún es más, de nada.

Jörg Haider Foto: Time

Señalaba hace unos meses Fernando Savater, en un artículo sobre las chillonas stock options de Teléfonica que, como al parecer tal expediente para el velosísimo enriquecimiento de un centenar de directivos de dicha compañía es "legal", está mal visto censurarlo, y las objeciones que puedan ponérsele suelen ser silenciadas con estos dos muy contundentes argumentos: a) "Eso se hace en todas partes"; b) el ya mencionado "es legal hacerlo". No es nada raro, en efecto, encontrarse con respuestas semejantes ante conflictos o situaciones peliagudos que crean cierto desconcierto: se recurre a expresiones como "es conforme a la ley", o "eso está previsto en la ley", para zanjar debates y acallar reparos a actuaciones y hechos dudosos o directamente repugnantes. Que se aplique cloroformo a la fuerza a unos inmigrantes ilegales y se les despache muy por las malas a su país de origen será presentado como algo impecable si "se ha obrado dentro de la legalidad", y quienes esto aduzcan se permitirán a continuación indignarse con los indignados por la brutalidad cometida. Que un joven sea condenado a unos meses de cárcel por robar dos coca-colas en un centro religioso se querrá hacer pasar por muy justa sentencia si ésta se ha dictado "con la ley en la mano". Los demenciales dispendios de ministros u otros funcionarios a cargo del erario público se justificarán siempre, por escandalosos y superfluos que sean, si "están contemplados en las partidas presupuestarias legalmente aprobadas", y así hasta el infinito. (El recurso a la legalidad ha sido empleado con la misma tranquilidad y desahogo por todos nuestros gobiernos, incluidos los variadamente autonómicos.)

Aquí la superstición es quizá más dañina y peligrosa todavía, porque si hay algo siempre provisional, interino y hasta cierto punto arbitrario, eso es "la ley" o "lo legal", y la invocación permanente a la una o a lo otro como instancia superior justificatoria supone, entre otras cosas, abdicar de conceptos tan fronterizos que a veces se confunden con el de "legalidad" y que sin embargo, pese a ser más imprecisos, deben a menudo trascender este último y prevalecer o quedar por encima de él. Son conceptos como "lo lícito" o "lo legítimo", o incluso -si se me admite un vocablo anticuado- "lo recto". Las leyes son una tentativa de regular, de plasmar en un código, lo que la sociedad percibe y siente en cada momento como "lícito", "legítimo", "recto", o bien como sus contratos. Vale decir que las leyes deben reflejar, representar, obedecer, guiarse por esa percepción y ese sentimiento, no a la inversa. Pretender lo contrario sería -por establecer una comparación aproximativa- como pretender que el pensamiento se acoplara y adecuara a la gramática y a la sintaxis de la lengua, en vez de esperar que sean éstas las que evolucionen de acuerdo con las necesidades o innovaciones expresivas del pensamiento (últimamente más bien inexpresivas, por desdicha, pero tanto da para el ejemplo).

Que una actuación policial, una sentencia judicial, un enriquecimiento "aprovechado", una maniobra política dudosa o abyecta se ciñan a la ley no basta para convertirlos ipso facto en "lícitos" o "rectos" o "legítimos". Un ejemplo imaginario pero muy claro, que debo a mi señor padre, sería el siguiente: si el gobierno vendiera a otro país o a un particular el Museo del Prado con todos sus contenidos, la venta podría tal vez ser "legal", pero jamás sería "lícita" ni "legítima". De similar manera, que Hugo Chávez en Venezuela o Alberto Fujimori en Perú estén llevando a cabo sus reformas, ajustes, inventando sus prórrogas o constituciones "conforme a la legalidad vigente" no opera como blindaje ante las objeciones, críticas o condenas a sus peculiares y estafadoras iniciativas, sobre todo porque en sus países la "vigencia" de la "legalidad" está sometida a un carrusel continuo, y la "legalidad" misma es un objeto de su diseño.

Cierto es que las leyes han de ser respetadas (principalmente por quienes las emiten y han de velar por ellas), y que si una es injusta o tramposa o trasnochada o sofística, la única manera de arreglar el asunto en un Estado de derecho es procurar derogarla o cambiarla, no saltársela ni incumplirla (excepto en casos muy extremos que inviten a la desobediencia civil, no descartable). Pero una cosa es que la legalidad haya de ser respetada y otra muy distinta que se eche mano de ella y pueda esgrimírsela en toda ocasión como garantía de la decencia y justicia de cualesquiera medidas, comportamientos, transacciones, persecuciones, represiones o disoluciones. En España nos bastaría con un ejemplo extremo, pero también muy claro, para comprobar la escasa o nula validez de semejante salvaguardia: si un día el País Vasco -o más exactamente sus políticos "democráticamente elegidos"- se separara unilateralmente del resto del Estado sería "legal" que el Ejército interviniera allí en defensa de la llamada "unidad territorial", según prevé la Constitución y de vez en cuando nos recuerda algún frívolo de escasas luces. Dudo muchísimo, sin embargo, que ese hipotético y "legal" raid militar pudiera ser visto o percibido como "legítimo", "lícito", "recto", por la ciudadanía, con la salvedad probable de algunos grupúsculos vetero-franquistas, los miembros y votantes más asilvestrados del Partido Popular, los más montaraces del Partido Socialista, la porción "galindesca" del mismo Ejército y ocho o diez columnistas nostálgicos del periódico Arriba del que tan bien vivieron o de la Monarquía Invisible que les escamoteó Franco y que bien podría llamarse, con propiedad absoluta, el Interregno. Que algo sea "legal" significa tan sólo que puede hacerse sin ser denunciado al instante ni ir a la cárcel de momento por ello quien se decida a hacerlo, nada más. Nunca, per se, que ese algo esté bien hecho. Y nunca garantiza per se que no sea una atrocidad lo cometido "en nombre de esa legalidad vigente", por muy "democráticamente elegidos" que estén los legisladores del país de su vigencia. Creer otra cosa es sólo eso, una creencia supersticiosa