ideas en campaña
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Francisco A. Eissa Barroso

con el candidato
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Marco Levario Turcott

Una plataforma electoral es, ante todo, una declaración de buenas intenciones. Sin embargo, para el elector indeciso puede resultar una buena pista, no de cuáles serán las características de la regencia del candidato en cuestión si obtiene la mayoría de los votos, sino de cuál es su lectura sobre los problemas del presente. Así, la diferencia más perceptible entre un programa de gobierno y otro no está ni en los temas que comprenden, ni en las propuestas que como tales ofrecen, sino en las interpretaciones que hacen de uno u otro problema.

Es el caso, por ejemplo, de la inseguridad en el Distrito Federal. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Jesús Silva-Herzog Flores dedican buena parte de sus discursos al tema y sugieren una serie de acciones más o menos parecidas para hacer de la capital un lugar más seguro. De este modo, salvo por un par de referencias muy específicas, la principal diferencia entre ambos no reside en lo que quieren hacer ni tampoco en cómo van a hacerlo, sino en el diagnóstico que sobre la inseguridad cada uno sostiene.

Por un lado, el candidato del PRD plantea el problema desde una perspectiva predominantemente social y lo comprende como un derivado de la desigualdad extrema. En este sentido, la inseguridad es, antes que nada, una variable dependiente de la distribución de la riqueza. Por tanto, la solución a fondo está en "combatir la pobreza que socava la cohesión de la familia e induce a la delincuencia".

Por otro, el enfoque del candidato priista se concentra en el ámbito institucional de la materia: en la deficiente aplicación de la ley; en la ineficacia policiaca; y en el desgaste, atraso y debilidad de los sistemas de prevención del delito y procuración de justicia. Su estrategia, en consecuencia, está dirigida a instrumentar una serie de reformas e innovaciones institucionales que permitan reducir la inseguridad.

Semejantes enfoques se proyectan en la forma como cada uno concibe cómo tratar al delincuente y en los métodos que proponen para erradicar la corrupción. Mientras que el PRD subraya de manera más reiterada que el PRI la importancia de respetar los derechos humanos de quienes cometen un ilícito, el PRI se muestra más severo a la hora de castigar el crimen, pronunciándose por aumentar las penas y hasta insinuando que si la ciudadanía así lo quisiese estaría dispuesto a instaurar la pena de muerte. En lo relativo a la corrupción, el PRD opta por promover la participación ciudadana en la elaboración, control y supervisión de los programas de combate al crimen, así como en la tarea de vigilar el cumplimiento de la ley; y el PRI propone la simplificación de trámites, la modernización tecnológica y la creación de un sistema de información criminal y de inteligencia policiaca.

Por supuesto, ello no implica ni que el PRD no contemple el flanco institucional de la inseguridad ni que el PRI desconozca sus causas sociales. Tanto el PRI reconoce que la delincuencia es también "producto de la incertidumbre y la desesperación (provocadas por) las recurrentes crisis económicas que hemos padecido"; como el PRD advierte que la inseguridad púbica está íntimamente "asociada a la corrupción y a la impunidad". Ambos, entonces, también consideran acciones que emprender a ese respecto. Pero la distinción no está en lo que dicen sino en los énfasis que cada partido pone en uno o en otro aspecto del problema. En esa medida, insisto: el enfoque perredista es fundamentalmente social mientras que el del PRI es, en esencia, institucional. La afinidad con uno u otro diagnóstico puede ser, en ausencia de otros referentes más sólidos, una buena manera de definir el sentido del voto el próximo 2 de julio