En una transacción económica clásica se intercambia dinero para recibir un bien o servicio, al cerrar la transacción hay dos partes beneficiadas. En contraste, en una apuesta se hace un convenio de despojo mutuo: yo te quito tu dinero o tú me quitas el mío; al finalizar la transacción hay un perdedor y un ganador. El organizador de la apuesta tiene ventajas sobre sus clientes que están destinados, por fuerza de cómo se estructura el juego, a ser los eternos perdedores.

Históricamente, los males sociales asociados al juego con su secuela de fortunas perdidas, familias destruidas, crímenes y robos para seguir apostando o pagar deudas de juego y suicidios de jugadores han impulsado a los gobiernos a tratar de evitarlos. Al reconocer que el atractivo del juego existe, se busca un balance que permita la actividad del juego y reducir sus aspectos negativos. Para lograrlo han legalizado loterías que generalmente monopoliza el mismo gobierno como una fuente adicional de recursos públicos, y de acuerdo con la cultura se reglamentan otros juegos con antecedentes históricos o de costumbres.

Actualmente, la máquina tragamonedas es la base de un casino, representa 70% de sus ingresos. Si al hablar de un casino de los que se busca legalizar en México pensáramos en un galerón alfombrado con cientos y quizá miles de máquinas tragamonedas en espera de un número similar de jugadores, estaríamos más cerca de la realidad que al recordar imágenes de películas. No en vano la iniciativa de ley para aprobar los casinos -elaborada con aportaciones de los promotores del juego- tiene multitud de disposiciones sobre las máquinas tragamonedas en comparación con otras formas de juego que sólo son mencionadas.

Otra característica del casino es que maneja dinero en efectivo en rápidas transacciones convirtiéndose en un lugar natural para lavar dinero y evadir al fisco. Para evitar estos efectos hay que tomar medidas sofisticadas que requieren de supervisión directa y continua.

Una operación exitosa de máquinas tragamonedas es lo más parecido a una licencia para enriquecerse de manera rápida y segura. La inversión inicial no es muy alta: un local amplio con estacionamiento y cientos de máquinas. Los costos de operación no son altos, poca mano de obra, el cliente pone lo principal: las monedas y el esfuerzo de jalar la palanca u oprimir el botón. No hay riesgos de un golpe de suerte o un jugador hábil. Todo está programado.

Ver esta realidad en los casinos estadounidenses y constatar las muy atractivas cifras de ganancias es suficiente motivador para multitud de promotores. Lo que les basta saber es que a los jugadores nadie los forzó a entrar al casino ni a apostar; si se arruinó o robó para jugar es asunto del jugador, que para eso se restringe la entrada a menores de edad. Los domina la motivación del lucro fácil.

Las autoridades saben de los perjuicios sociales del juego, de la oposición de amplios sectores de la actividad productiva y de organismos que promueven la mejoría de la sociedad, saben también del riesgo de lavado de dinero, evasión de impuestos y de la carga regulatoria y de esfuerzo de vigilancia que implica evitar que esto suceda. ¿Cómo vencer esta percepción negativa? Con un amplio programa de cabildeo que haga énfasis en los pretendidos beneficios de impuestos, empleo, generación de turismo y divisas y destinando cuantiosos recursos económicos para utilizarlos en cabilderos profesionales y en conseguir aliados que incidan en las personas clave y las sometan a una presión continua para lograr las leyes que requieren para sus propósitos.

Para contrarrestar a los opositores se les ubica como personas de mente estrecha que se oponen al juego por convicciones personales que quieren imponer. A partir de este momento el debate toma características peculiares: los promotores hablan de generación de impuestos, empleos y divisas, y callan que todo se origina en quedarse con el dinero ajeno dando a cambio una ilusión inalcanzable o fomentando la adicción a una actividad peligrosa que implica una pérdida continua de dinero