1. Una de las dimensiones menos estudiadas de nuestro proceso de transición política es el de la cultura. En el trajín de los cambios múltiples que ha experimentado la sociedad mexicana en la última década -no obstante las asimetrías y arritmias que suelen ocurrir con todo proceso transicional- esa dimensión profunda y opaca, la del mundo de las representaciones simbólicas de la sociedad, que incluyen a los valores y las normas, las creencias y los prejuicios sobre la esfera política, ha estado normalmente ausente de las preocupaciones de los transitólogos y los consolidólogos de la democracia. Ese sedimento complejo, el de la subjetividad socialmente estructurada de los individuos y de los grupos, está habitado por tensiones, certezas y ambigüedades, que alimentan los imaginarios individuales y colectivo de nuestras representaciones sociopolíticas, y que ayudan a comprender el funcionamiento del "orden invisible de las cosas".

El estudio de la cultura como factor residual en las transiciones políticas, aclara en parte el hecho de que no contamos aún con explicaciones consistentes sobre las conductas anómicas, los erráticos comportamientos políticos de nuestros principales actores y élites, o la debilidad de nuestras instituciones políticas. Si la cultura política es entendida, generalmente, como la dimensión de las representaciones sobre el poder político en la sociedad, los valores políticos en juego -los manifiestos y los latentes, los dominantes y emergentes- constituyen una subdimensión central para analizar las orientaciones de la acción social, en especial, la acción política.

Suponemos, casi de manera heroica, que las nuevas generaciones de ciudadanos, las que crecieron con las crisis económicas y la democratización política, son radicalmente distintas a las generaciones que vivieron los años del milagro económico y el autoritarismo político. Creemos que la democracia se ha vuelto un valor en sí mismo, extendido y perdurable en la sociedad mexicana, y que ello ha generado comportamientos propios de toda vida democrática: participación, debate, elecciones competidas, alternativas partidistas, respeto a la ley y a las instituciones, incremento de la responsabilidad de los ciudadanos. Sin embargo, una mirada a la subjetividad política de los ciudadanos muestra cosas distintas.

2. Sociológicamente, como se señala en la introducción de este libro, "los valores son concebidos como criterios de la acción social". Ello los hace distintos de las creencias y las normas, pues mientras las primeras habitualmente se expresan en impresiones y actos de fe, las segundas dictan el "deber ser" en los comportamientos sociales. Los valores, por el contrario, son justamente "criterios" abstractos para definir lo preferible y correcto en cada caso, para tomar decisiones y formar actitudes. De ahí que todo estudio de cultura política y societal requiere colocar el tema de los valores como uno de los puntos centrales de un análisis comprensivo de una sociedad en transición.

Desde esta perspectiva, el libro recoge los resultados de la "Encuesta estatal de valores" aplicada en Jalisco entre agosto y septiembre de 1997, a una muestra de mil 399 individuos mayores de 16 años, estratificados por edad y sexo, y por conglomerados de acuerdo con la división en siete regiones del estado. Es la expresión de un esfuerzo verdaderamente ambicioso y pertinente por conocer las dimensiones profundas de la subjetividad social de los ciudadanos en un periodo de transición que comenzó, por lo menos, una década antes. Los resultados que se presentan admiten varias lecturas e interpretaciones posibles, y pueden ser vistos como un conjunto de ventanas desde las cuales es posible observar comportamientos, creencias y expectativas específicas, que varían de manera muy importante en cada región, según la escolaridad, el sexo o la edad. Aquí solamente voy a comentar algunas de ellas.

3. Una lectura atenta de algunos de los datos presentados en el libro muestran los perfiles encontrados y diversos de una sociedad crecientemente compleja, conflictiva y cambiante. Como se sabe, las encuestas tienen el mérito y la limitante de mostrar una suerte de "fotografía" del momento que ilustra, como en este caso, los valores que dicen tener los encuestados en relación con diversos asuntos y ámbitos de su vida privada y pública, de sus creencias religiosas, de sus impresiones sobre la política y la economía, la sexualidad y la familia. Sus adscripciones o creencias ideológicas, morales y políticas, son la expresión de las "afinidades electivas" que gobiernan los comportamientos de los individuos en la vida social, pública y privada. Pero el estudio muestra también cómo esas afinidades electivas -vistas en términos de la convivencia y la cohesión social- se pueden traducir en no pocas ambigüedades conflictivas, propias de la tensión entre tradiciones y cambios del orden político y social.

Uno de los ejes de observación de la coexistencia de las autoposiciones y apreciaciones se relaciona con la política. Que cuatro de cada diez jaliscienses encuestados se declaren de "derecha" y tres de cada diez digan que son de "izquierda" es una forma de agregar los datos para facilitar el análisis. Pero si se agregan la suma de los "centros", tenemos que casi tres de cada diez pertenecen a esta adscripción, mientras que, en los extremos, 2.3 de cada diez encuestados pertenecen a cualquiera de los polos de izquierda o derecha, mientras que los "moderados" de una u otra tendencia suman casi la misma cantidad. Si se supone que el diálogo y la construcción de consensos es más probable entre los ciudadanos de "centro" y "moderados", tenemos que seis de cada diez ciudadanos jaliscienses conforman este segmento potencialmente negociador y tolerante de las posiciones políticas. Ello explicaría en parte las "bases sociales" de la alternancia política en Jalisco, que se concentra en dos partidos (PRI y PAN), y el bajo perfil electoral del PRD y otros partidos, aparentemente considerados o percibidos como "extremistas".

"El conservadurismo que se atribuye a la sociedad jalisciense se confirma sólo en ciertos aspectos"

La creencia en la democracia como mejor forma de gobierno se impone abrumadoramente entre los encuestados (7.5 de cada diez), y el reformismo en la solución de los problemas sociales muestran una tendencia básicamente congruente con el perfil moderado y centrista de los ciudadanos jaliscienses. Sin embargo, una democracia funciona con instituciones y leyes, y con valores como la igualdad o la libertad. Ante ello, los datos del estudio muestran una ambigüedad característica de la "cultura política" de los mexicanos: proclividad a negociar las leyes sólo si son justas, antes que acatarlas en sentido estricto, y "justo" es siempre un término elástico, mientras que la mayoría piensa que es más importante la "igualdad" (valor asociado a una posición de "izquierda") que a la libertad (valor clásico de "derecha").

¿Cómo valoran los jaliscienses las relaciones entre la democracia, la ley y la justicia?: 75 de cada 100 afirmaron preferir a la democracia frente a otras formas de gobierno, lo que resulta un porcentaje bastante más amplio que la media nacional (52%). La valoración más alta de la democracia está estrechamente ligada al grado de escolaridad, pues mientras que los ciudadanos sin ninguna escolaridad manifestaron preferirla en 59%, en ciudadanos con postgrado el porcentaje se eleva a 96%. Sin embargo, uno de los rasgos centrales de la democracia liberal-representativa se relaciona con el respeto a la ley, la construcción del Estado de derecho, la vieja aspiración liberal de vivir bajo el imperio de la ley. Y aquí las respuestas no dejan de ser paradójicas: mientras que cuatro de cada diez manifiestan que las leyes deben respetarse siempre, casi seis de cada diez manifiestan que "las leyes deben respetarse sólo si son justas".

Hay aquí una evidencia empírica de la fragilidad de nuestra incipiente democracia: la mayor parte de los ciudadanos encuestados afirma que prefiere la democracia (y toda democracia se basa en leyes e instituciones), pero condiciona el respeto a la ley sólo si éstas son "justas", lo que ello signifique. Si partimos de la hipótesis de que un zeitgeist democrático se ha extendido en el mundo y en nuestra sociedad en las últimas dos décadas, uno puede mirar que ese espíritu de la época tiene dificultades para expresarse institucionalmente en nuestra sociedad. Tenemos así la vigencia de una extendida cultura de la ilegalidad, o de la sublegalidad, que se asienta en la creencia de que justicia y ley son conceptos opuestos, contradictorios, o por lo menos confusos. La ley es buena si me beneficia, si no, es injusta; más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y una larga tradición de simulación, de informalidad y corrupción, de aplicación discrecional de la ley por parte de las autoridades, están por supuesto detrás de las creencias ciudadanas en torno a sus dudas de si lo legal es lo justo, o es su antítesis. Y aunque las relaciones entre la ley y la justicia son complejas y a menudos confusas, como dice Rawls, la ley se basa en la obediencia y la justicia en la legitimidad. Si en una democracia, un sistema jurídico es la expresión normativa de ciertos principios de justicia, en México sus ciudadanos parecen creer firmemente que lo legal es un artificio que esconde, o solapa, prácticas que se consideran injustas. Tal vez ello explique por qué, en nuestro medio, lo legal no es legítimo y viceversa, una peculiar forma de entender a la ley y la justicia.

Los ejemplos de esto los tenemos todos los días en la sociedad, productora masiva de contradicciones y paradojas. Los taxistas se enojan cuando uno les pide que se aplique la ley haciendo funcionar el taxímetro. Los poseedores de autos chuecos, ilegales, protestan porque las autoridades federales quieren aplicar la ley, que exije decomisarlos. Los huelguistas de la UNAM (que incluyen a sus padres) se declaran presos políticos cuando se les encarcela por el delito de despojo de instalaciones públicas. Los barzonistas protestan porque son reprimidos por la policía cuando están obstruyendo vías públicas. Muchos contribuyentes grandes y pequeños, personas físicas y morales en la jerga fiscal, practican un divertido deporte popular: realizan sofisticadas o burdas maniobras para pagar a Hacienda lo que consideran justo y no lo que es legal, obligatorio. El México bifronte, el legal y el real, el cuidadoso de las formas legales y el que se las ingenia para adaptarlas a su conveniencia, que vemos todos los días desde hace mucho, y se configuró lentamente a lo largo del siglo XX.

4. Si trasladamos la mirada hacia lo que ocurre en las actitudes privadas ante fenómenos sociales, cuestiones como el divorcio, la homosexualidad, la prostitución o el aborto son poco tolerados (en el sentido de "justificados") por los ciudadanos encuestados en 1997 (menos de dos de cada diez ciudadanos lo justifican en todos los casos). Ello parece estar relacionado con la pertenencia a una religión (nueve de cada diez), lo que implica una moralidad al respecto nutrida de la vertiente religiosa católica, mayoritariamente. Ello también explicaría la amplia legitimidad del matrimonio entre las parejas como forma de expresar el vínculo afectivo (sólo poco más de uno de cada diez cree que es "obsoleto"), lo que es congruente con la creencia de que el "aprecio y respeto mutuo" y la fidelidad son los factores más apreciados para asegurar el "éxito" matrimonial (nueve de cada diez lo dicen), aunque quién sabe qué signifique eso para los encuestados (¿duración de la relación?, "¿ni todo el amor ni todo el dinero?", "¿felicidad?").

Por lo que se desprende de una lectura rápida de los resultados de la encuesta, el conservadurismo que se atribuye a la sociedad jalisciense se confirma sólo en ciertos aspectos (sexualidad, relación de parejas, religiosidad), mientras que en otros (marcadamente, en la esfera política) se puede observar un cambio de actitud que explica el bipartidismo imperante. Pero esta imagen general sobre los valores dominantes en la sociedad local es insuficiente para explicar los comportamientos de grupos específicos y sus ambigüedades que son, en realidad, los que definen el perfil de una sociedad. Ya se sabe que las élites y grupos dirigentes no son una suerte de "aliens" de la sociedad en la cual ejercen su poder e influencia, sino que son el resultado de la conformación misma de la sociedad, de sus tensiones y contradicciones. En este sentido, tal vez sería útil identificar el perfil de nuestras élites empresariales, religiosas y políticas, rurales y urbanas, comprensible de las concepciones, fobias y afinidades de los grupos dirigentes en nuestra sociedad, y su correspondencia, o no, con los valores dominantes en la sociedad. Después de todo, ambas dimensiones -la sociedad y sus élites- forman parte del mismo "animal" comunitario, de la dinámica de sus complicidades, sus tensiones y contradicciones. El libro que comentamos contribuye de manera importante y pionera a hacer visibles los múltiples perfiles de esa "comunidad imaginada" que es la sociedad jalisciense de fin de siglo, de sus ciudadanos y sus élites