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Hace unos días el Defensor del Pueblo en funciones(1) apuntó una idea que era ya inevitable expresar: cree necesario la creación de un ente independiente que tenga como función principal la de controlar a las televisiones, en principio públicas, garantizando la objetividad de sus informativos.

Este órgano autónomo no es una novedad en Europa, pues ya ha sido creado en numerosos países. La novedad es la siguiente: hasta el momento, las televisiones privadas en general y los ciudadanos en particular, se habían hecho eco de la manipulación dada a finales de siglo en la televisión pública a manos de los gobiernos; pero hasta el momento nadie ha tomado cartas en el asunto de ningún modo.

Unicamente Convergencia i Uniò(2) presentó en septiembre del 97 una propuesta de ley referente a la creación de un Consejo Superior de Medios Audiovisuales, rechazada por el pleno del Senado. El gobierno del Partido Popular, en aquel momento alegó que ya existía un Comité Audiovisual de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones y posteriormente, el mismo PP concretaría la creación del Comité de Medios Audiovisuales integrado por cargos designados por el gobierno.

Que la calidad de la televisión pública sea mejor o peor no es cuestión de debate en este momento, pues parece bastante obvia a mi entender la respuesta. Tal vez se pueda pasar por alto lo denigrante que ha llegado a ser nuestra televisión, la de los ciudadanos, a pesar de ser financiada por nuestros impuestos, el ingreso público. Lo que considero intolerable desde todo punto de vista es que la información nos llegue politizada, dependiendo del gobierno que se encuentre en el poder. Poder y medios integran un binomio inseparable.

El tema conlleva una barrera clara que, en mi opinión, es prácticamente infranqueable, y es la demostración de este supuesto axioma. Creo que nadie puede negar que lograr una objetividad absoluta de la información es imposible. Pero como toda utopía hay que tender hacia ella. Si bien es verdad que nadie negará la politización de los noticieros, nadie puede a su vez apuntar exactamente al punto en el que esto sucede en tanto grandes directivos como Pío Cabanillas (RTVE)(3) siguen negando lo innegable.

Parto de una idea y es que, obviamente, no estoy tildando en ningún caso de falsas las "manifestaciones" del ente público. Pero hay una línea que separa la objetividad de la verdad. Parece lógico que toda noticia puede constar de dos posibles caras (simplificando en demasía la cuestión); mientras la verdad plantea únicamente una cara de la moneda, la absoluta objetividad logra hacer llegar al espectador ambas. Y esto precisamente es lo que no está sucediendo con el ente público: narran la verdad, pero la del gobierno (sea del signo que sea) sin abrir el plano a los laterales de la situación política. Es por ello que el artículo cuarto del Estatuto de RTVE precisa que la actividad de los medios de comunicación se inspira en los siguientes principios: objetividad, veracidad e imparcialidad.

En su momento (1996), la alternancia política lo único que conllevó fue un nuevo reequilibrio en el control de los medios y, lo que es más grave, en torno a empresas afines al gobierno.

El conflicto surge cuando ni siquiera existe un control interno de los medios. El periodista concreto que se halle a sí mismo trabajando para una televisión, ya sea pública o privada, en muchas ocasiones deberá seguir la línea política que se le impone si pretende mantener el puesto.

Todo lo dicho acarrea en principio una situación de desigualdad entre el emisor y el espectador. La libertad de expresión del medio no debe desdeñar a su vez el derecho de información veraz y objetiva del receptor. Esta desigualdad podría ser claramente salvada por un ente como el que propone el Defensor del Pueblo; un órgano autónomo y obviamente no designado por el gobierno. Este sistema de control democrático de los medios podría responder a lo que Habermas denominó la comunicación de libre dominio.

¿Cómo entender que realmente no existe un órgano tal, en tanto los medios de comunicación juegan un claro papel a la hora de proteger y amparar el pluralismo político garantizado por la Constitución, siendo un servicio público esencial? ¿Alguien puede negar que los medios ostentan una posición clave en la formación de la opinión pública? El Estado tiene la obligación de informar con veracidad haciendo cumplir las garantías establecidas legalmente (y asegurar libertades como la de expresión, pues, como apuntó John Stuart Mill, la libertad de expresión es una necesidad objetiva del buen funcionamiento del sistema democrático). Es por ello que el Estado no debe imponer su cosmovisión.

Se me plantea a su vez que el pluralismo político, en la medida que no se crea un consejo independiente de control, puede verse salvaguardado en la actualidad por la "contraideología" ofrecida por canales de televisión privada, y me estoy refiriendo concretamente a Canal+, perteneciente al grupo PRISA.(4) Ello demuestra, sin embargo, que existen medios en manos de grandes empresarios con intereses mercantiles y políticos, lo cual conlleva que los medios no sólo se vean claramente desprestigiados sino que a su vez, y creo que esta es una idea clave, pierden su legitimidad social.

Lo que en principio no es el modelo ideal, la politización de los medios privados, hoy sería la única salida que nos queda y por lógica democrática esta idea no es defendible, pues llegaría un punto en el cual el pluralismo absoluto vendría de la mano de la existencia o creación de tantos canales como formaciones políticas trascendentes, evidentemente absurdo. Sumado a ello me gustaría recordar que la ley 10/98 de la televisión privada regula como finalidad de la misma la contribución al pluralismo informativo y formación de una opinión pública libre.

Distinto sería el acceso de toda formación política relevante a los medios ya existentes, que es lo defendible. La calidad de los medios expresa de un modo u otro la calidad de la democracia y viceversa, en tanto que los medios representan un pilar de la sociedad democrática, un vehículo de formación de la opinión pública, lo que el escritor José Antonio Rodríguez llegó a tildar de "cuarto poder".(5)

Soy de la siguiente opinión: estamos ante una clara confrontación de principios constitucionales que deben llegar a un equilibrio complejo; se nos presenta la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de propaganda, la libertad ideológica... reconocido todo ello en nuestra norma fundamental. Pero, ¿qué ocurre en caso de conflicto? ¿Qué principio tendrá preferencia? Dejando de lado la posible jurisprudencia que se haya podido dar sobre el tema, creo que habría que analizar la cuestión casuísticamente. Y extraigo una idea clara, y es que si bien los medios de comunicación deben abrirse a una pluralidad política existente, sin duda, en la escena española no deberán sentirse satisfechos en tanto que no logren a su vez fomentar este pluralismo. Es decir, que el respeto debe ir seguido inevitablemente por su fomento.

El pluralismo político viene unido de forma más que supuesta a los medios. Mientras que la actividad política, la del gobierno y oposición, debe venir reflejada en hechos, la pluralidad política es un concepto mediático, sólo apreciable abstractamente, a través de televisión, radio, prensa; es decir, el pluralismo se nos debe presentar a los ciudadanos abiertamente, y teniendo en cuenta en todo momento que la ciudadanía, a pesar de ser una, representa desde el obrero analfabeto, hasta al más prestigioso ingeniero aeronáutico, pasando por la maestra o el funcionario. Debemos tener en cuenta que se está apelando a una sociedad muy variada culturalmente y el empobrecimiento del pluralismo político mediático puede conllevar al empobrecimiento a su vez de la realidad política y social concreta.

Y en esto vengo a coincidir plenamente con el señor Arzalluz (Partido Nacionalista Vasco): los partidos políticos no tienen las mismas posibilidades de vencer en las elecciones porque la realidad es ésta, la televisión pública, en el año 2000, ya no es nuestra televisión sino la del Partido Popular. Y a no ser que estudiemos ciencia política o que acudamos a Internet para conocer el programa electoral de, pongamos por ejemplo, el PNV, ¿quién conoce qué nos propone esta formación?

La creación de un ente independiente que garantice esa igualdad y el pluralismo político ya no se plantea como una posibilidad sino como una obligación. Esperemos que tras las promesas electorales del 12 de marzo, esta idea se vaya desarrollando con el actual gobierno, y que los ciudadanos, la ciudadanía toda, se alce ante tanta hipocresía y diga, al igual que ha dicho en tantas ocasiones, ¡ya basta!

1 Defensor del Pueblo: institución nombrada por las Cortes para la defensa de los derechos fundamentales. A él pueden acudir particulares haciéndole llegar sus quejas. Este da cuenta de su actividad a las Cortes, pudiendo a su vez supervisar la actividad de la administración.

2 Convergencia i Uniò: partido nacionalista catalán, de talante conservador que en las últimas legislaturas ha jugado un papel claro de apoyo tanto a socialistas como a populares para lograr una mayoría "firme" de escaños. Actualmente su labor a escala nacional se ha visto reducida por la mayoría absoluta lograda por el PP el 12 de marzo.

3 RTVE es uno de los mayores grupos audiovisuales de España, gestionada con un sistema de financiación mixta: publicidad y fondos públicos. El Grupo Radio Televisión Española rinde cuentas ante el Parlamento español a través de una comisión de control, representada por todos los grupos políticos.

Pío Cabanillas fue nombrado en 1998 director general de RTVE por el consejo de ministros del PP. Experto jurídico en medios de comunicación, tras trabajar en el Consejo de Europa, en la Comisión de Comunidades Europeas en Bruselas y en la Sky TV (EU), paradójicamente en 1991 fue nombrado director de Desarrollo de la División Audiovisual del grupo PRISA y en 1993 director general de Sogecable. Ha sido también director de Relaciones Internacionales de PRISA.

4 El grupo PRISA desarrolla sus actividades en el área audiovisual, siendo un complejo formado por las empresas de medios y telecomunicaciones (prensa diaria, radio comercial y televisión de pago como Canal+), música y servicios en red, a través de Internet. La Unión Europea y el mercado hispanoparlante de América constituyen sus principales áreas de desarrollo.

5 En este caso, José Antonio Rodríguez se refiere no tanto a la prensa en concreto, sino al conjunto de medios de comunicación de masas (más específicamente a radio, televisión y prensa).