homenaje
ANTONIETA
Alejandra Salazar Salazar

La competencia electoral para renovar los poderes federales este año no sólo se ha caracterizado por un despoblamiento de ideas y una batalla que, de tan personalizada, ha hecho del debate público un torneo de vacuidades; también ha tenido como rasgo distintivo la introducción de prácticas que han acompañado el desarrollo de la competencia democrática en otros países, pero que en nuestro caso aparecen en una versión desnaturalizada. Esto hace necesario decir algo acerca de los ingentes recursos económicos que ahora aceitan la maquinaria mediática de las campañas electorales, pero quisiera hacer un comentario más luengo acerca del papel que empiezan a jugar las encuestas y los sondeos de opinión en nuestra incipiente experiencia democrática.

La circulación de grandes cantidades de recursos económicos en las campañas electorales no es algo nuevo en México. El PRI se dedicó durante mucho tiempo a verter enormes sumas monetarias en aquellos paseos de triunfalismo adelantado que solían ser sus campañas presidenciales. Lo que es nuevo es la integración a este esquema de los partidos mayores de oposición. México estrena elecciones realmente competitivas -en las cuales está en juego el poder presidencial- bajo el signo ominoso de una inequidad económica que parece conducir sin remedio a la oligarquización del sistema de partidos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la clave explicativa del bipartidismo estadounidense no reside en la capacidad de sus dos grandes partidos para expresar el arco completo de la pluralidad política de esa nación, sino en su capacidad para reclamar recursos económicos en campañas cuyo costo hace imposible la presencia competitiva de nuevas alternativas. Algo muy similar puede suceder con el actual tripartidismo mexicano si es que la propia autoridad electoral no es capaz de ir más allá de las reprobaciones morales que hasta ahora ha hecho acerca de los excesos en los gastos de campaña.

La fructífera vía de abrir el espacio de la representación política a nuevos partidos nacionales se pone en riesgo tanto por la decisión de varios de ellos (y no precisamente los más prestigiados) de diluirse tras alianzas meramente pragmáticas sin ponerse a prueba antes en las urnas, como por la asimetría económica con que los partidos pequeños que sí compiten se enfrentan a campañas sujetas al ritmo y prioridades de los medios de comunicación y, además y acaso por ello, enormemente caras.

Pero este en apariencia interminable fluir del dinero en las elecciones no es el único rasgo inédito en la política mexicana; también es nueva la forma como algunos recursos técnicos se están convirtiendo en argumentos y armas arrojadizas de contenido electoral.

Uno de los rasgos de identidad de las actuales campañas electorales consiste en el cambio cualitativo que han sufrido las encuestas de intención de voto. Por definición, una encuesta de este tipo tiene que reflejar un estado de cosas, un momento específico de la opinión pública, una foto fija de la intención comicial a partir de la cual los actores políticos y los ciudadanos pueden proyectar estrategias y cursos de acción. Sin embargo, la proliferación de encuestas y sondeos de opinión -y su puesta al servicio de las estrategias de propaganda política de los partidos contendientes- empiezan a transformar la semántica política de estos estudios y a presentarlos como aviso adelantado de los resultados reales y, llevados al extremo, en sustitutos de esos resultados reales.

Las encuestas y sondeos son un elemento informativo que debe, con plena legitimidad democrática, acompañar a toda competencia electoral. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer los distintos momentos de la opinión pública y las variaciones de las intenciones de voto. Por ello, tiene sentido que sólo se prohíba la difusión de estas encuestas en momentos específicos muy cercanos a la jornada comicial. Lo que resulta peculiar en el caso mexicano es que la "encuestitis" que ahora se vive haya servido sólo para generar una situación de confusión informativa y de radicalización de la inequidad competitiva.

En vez de trazar la sucesión de equilibrios de poder y éxito relativo de las campañas electorales, las encuestas se presentan como argumentos políticos en sí mismos y como justificación de victorias a las cuales sólo falta el formalismo práctico de la jornada electoral. De este modo, los acentos del proceso democrático quedan invertidos: las encuestas dejan de ser elementos de información y se transforman en dictámenes de mayoría, mientras que la emisión efectiva del voto deja de ser el momento privilegiado de formación de la voluntad política del país y se convierte en validación de una verdad previamente dada. La consecuencia lógica de esta inversión es que si, por alguna razón, los resultados de la elección no coinciden con las encuestas previas, la que quedará falseada y deslegitimada será la elección. Así, ¿qué fuerza podría tener la certeza de los resultados de las urnas frente a la "certeza matemática" de la profecía que busca autocumplirse?

Todavía es necesario averiguar, por ejemplo, si y hasta qué punto la debilidad electoral de Cuauhtémoc Cárdenas no está determinada sólo por el agotamiento de su discurso populista y su fracaso como gobernante del Distrito Federal, sino también por las encuestas que transmiten el mensaje de la inutilidad de esa opción. Si se tratara sólo de debilidad discursiva y discutible eficacia gubernamental, ni Francisco Labastida ni Vicente Fox se hallarían en mejor situación que la del candidato perredista, pero ambos candidatos han sabido hacer de las encuestas elementos de identidad política.

De hecho, el PRD está perdiendo la "guerra de las encuestas" desde el año pasado cuando se discutía la finalmente fallida alianza nacional opositora. La declaración que selló su negativa a decidir la candidatura única mediante una batería de encuestas resultó premonitoria. Una encuesta es una imagen fija, una fotografía, dijeron, de la intención de voto. Sólo un proceso electoral efectivo puede ser considerado un mecanismo democrático, agregaban. Tenían razón respecto del orden conceptual de la política, pero no respecto de los efectos prácticos que las encuestas tendrían en el derrotero del proceso electoral.

Las encuestas se ofrecen ahora bajo el modelo de la profecía autocumplida. Los estrategas partidistas se han creído a pie juntillas la idea de que, en efecto, la repetición constante de una mentira o, en este caso, de una pretensión, termina por convertirla en una realidad aplastante. Estas proyecciones dejan de ser una herramienta del conocimiento y la información y se convierten en recursos partidistas en la arena mediática.

Aunque no se puede confirmar de manera plena, ya son muchos los comentaristas que señalan que toda la estrategia de campaña de Francisco Labastida está determinada por una encuesta de la firma Pearson que le garantiza una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Vicente Fox. Ello explica que el candidato del PRI eluda todo encuentro con sus adversarios que le pueda significar una disminución de esa ventaja. El resultado inmediato de ese giro estratégico (que a veces parece aconsejado por su peor enemigo) es que en los actos que convocan a todos los candidatos a la Presidencia empiezan a ser comunes los abucheos al priista ausente. Esta visión equivale a la conducta del que quiere hacerse rico guardando el dinero bajo el colchón. A estas alturas, tal vez alguien en el equipo labastidista se esté preguntando si la decisión de tomar este modelo de acción de la última campaña de Clinton no pasó por alto la larga duración de las campañas presidenciales en México.

En cualquier caso, no se trata de poner en duda el rigor con que los gabinetes especializados hacen sus trabajos. Sin duda, hay muchos charlatanes en el terreno, pero lo cierto es que una encuesta científicamente diseñada puede ser relativamente confiable. El problema aparece en el momento en el cual los partidos empiezan a pagar encuestas con el propósito de exhibir sus resultados como indicador del buen éxito de sus campañas. Las encuestas empiezan a expresar lo que sus contratantes o promotores desean y a generar conclusiones que pueden ser consideradas científicamente discutibles.

Parece inevitable que la existencia de dos fases en la divulgación de los resultados de las encuestas genere sobrepolitización en la interpretación de esos datos. No parece existir problema en la entrega de los resultados encuestales a la entidad contratante. El sesgo informativo puede generarse en la manera como el contratante difunde esos resultados según sus propios intereses.

Un juicio en el cual coinciden los especialistas consultados por etcétera, en su excelente número 375 del 6 de abril de 2000, es el de la imposibilidad de controlar a plenitud el uso partidista de los resultados. Es una obviedad señalar que ningún partido hará públicas las encuestas que arrojen resultados negativos para él, pero cabe preguntarse si no hay, en la edición de los resultados que pasan a la prensa, la posibilidad de hacer valer los criterios éticos asumidos para la divulgación de resultados demoscópicos.

Ya fuera que, previa especificación contractual, las propias agencias que hacen las encuestas realizaran la selección de los datos vertidos a los medios de comunicación, o ya fuera que aprobaran la edición de ellos bajo pena de no validarlos si desnaturalizan o desequilibran el sentido global de la encuesta, existe en efecto una ruta posible y transitable para que no se pierda el control científico sobre la divulgación de resultados.

El problema es que tal control sería visto como una intromisión inaceptable por el comprador y como un riesgo innecesario por el vendedor. Es en ese punto donde la ética muestra sus debilidades.

Si uno revisa los principios normativos de la AMAI, tomados de los de la European Society for Marketing and Opinion Research e International Chamber of Commerce y reproducidos en el número mencionado de etcétera, no se puede evitar la sensación de que, como en todo código de ética, los principios prudenciales son muy débiles para refrenar los apetitos del poder.

Si Ana Cristina Covarrubias, Rafael Giménez y Ricardo de la Peña coinciden en señalar que la difusión de los resultados de las encuestas depende de los intereses de los partidos que las contratan, no deberían olvidar que técnicamente se trata de sus resultados y no de los de los partidos.

Lo que estos especialistas no deberían creer es que estas encuestas son un ejemplo inédito de los riesgos provenientes de la combinación entre trabajo científico y político y que, por ello, no existen recursos para minimizarlos. En todos los campos científicos está presente el problema del equilibrio entre lo que Habermas llama el "conocimiento" y el "interés", por lo que el uso político de los resultados científicos debe contemplarse como un problema "interno" del propio trabajo científico y en modo alguno como una externalidad fuera de la responsabilidad del científico o de la comunidad científica.

Francisco Labastida Foto: Contraluz

Pensemos en el caso hipotético de una encuesta científica sobre la efectividad del uso del condón en la prevención del Sida encargada por la Iglesia católica. Sería lógico que, una vez recibidos los resultados, esta institución se dedicara a difundir sólo los altos márgenes de falla de este mecanismo de protección y validar con ello su postura de que los únicos métodos "realmente" seguros son la abstinencia sexual y la monogamía. En ese caso, ¿no existiría una obligación ética del encuestador para desconocer esta edición sesgada de sus resultados?

La pieza que falta en este caso es la del derecho a la información y no la de los códigos de ética. Si existiera una ley que, en el caso de las encuestas, permitiera que la ciudadanía recibiera, junto con los resultados de las encuestas, un índice de sus alcances y limitaciones, seguramente la guerra de las encuestas sería de baja intensidad.

Por ello, no se necesita un profundo conocimiento científico para saber que alguien está mintiendo cuando, sobre la base de supuestas muestras representativas del electorado nacional, se ofrecen resultados profundamente divergentes. Porque no se trata sólo de la diferencia inherente al error técnico muestral o a las interferencias subjetivas en la recuperación y manejo muestrales, cuya aceptación es razonable, sino de la franca utilización política de los resultados editados de las encuestas.

La ciencia puesta al servicio de la propaganda política termina convertida en charlatanería o demagogia. Recuérdese solamente la historia oficial de la ciencia en clave del materialismo dialéctico que dominó durante el estalinismo en la Unión Soviética y tendremos una imagen de los extremos a los cuales puede llegar el maridaje de intereses políticos y explicaciones científicas.

La verdad es que, a despecho de lo que creen legos y especialistas mexicanos, no existe fatalidad en cuanto a la manera como se divulgan los resultados de estos estudios. En países de democracia funcional como España o Francia, podemos registrar experiencias sociales que eliminan el uso tendencioso de las encuestas mediante la creación de un entramado institucional de certidumbre para este tipo de prácticas. La premisa epistemológica de éstas es que el conocimiento veraz es un valor colectivo y que el Estado tiene la obligación de facilitar su difusión. Esta premisa es, sin más, una de las herencias de la Ilustración para la vida social del presente.

¿Por qué, entonces, habría de ser imposible construir en México algo parecido al Centro de Estudios Sociológicos de España que, siendo un organismo estatal, ofrece con regularidad, entre otras informaciones, resultados confiables acerca de las preferencias electorales de la ciudadanía? ¿Acaso el INEGI, con la capacidad instalada y los especialistas con que cuenta no podría en el futuro, sobre la base de un acuerdo político nacional, informarnos a todos con veracidad acerca del mapa de preferencias políticas de los mexicanos? ¿No sería atribución del Estado, según un necesario derecho a la información, recibir, como una prestación social universal, información política no sesgada tanto en su elaboración como en su distribución?

Una de las consecuencias de mayor gravedad política del peso mediático que están teniendo las encuestas de intención de voto reside en sus propias limitaciones predictivas. Esta limitación la sufren particularmente los partidos pequeños. Inclusive una encuesta significativa construida sobre la base de una muestra representativa conlleva un margen de error de hasta tres y medio puntos porcentuales (que puede ampliarse, según Ricardo de la Peña, hasta 6%). Si consideramos que, según la legislación electoral vigente, un partido nacional conserva su registro al alcanzar un mínimo de 2% en la votación presidencial o del Congreso, las expectativas de sobrevivencia legal y posterior crecimiento de aquél pueden quedar sepultadas en la franja de indeterminación de estos estudios.

La no aparición de las intenciones de voto por los partidos pequeños en las encuestas no sería tan grave si no fuera porque su manejo mediático genera un efecto generalizado de desaliento. Cuando los medios masivos de comunicación registran la inexistencia estadística de este voto o un rango inferior al mínimo legal para sobrevivir, generan en los hechos el argumento político de que no vale la pena desperdiciar el voto por una opción políticamente inexistente. En este sentido, el abuso de las encuestas afecta las posibilidades de consolidación del pluralismo político en México.

En todo caso, lo más grave de la guerra de las encuestas es el empobrecimiento democrático que genera. Cuando los candidatos tienen los ojos puestos en el repunte de las encuestas, dejan a un lado, como sucede ahora en México, la formulación de programas y la construcción de una idea compartible de nación.

Vicente Fox Foto: Gregorio Arteaga

En una democracia representativa sana, los partidos políticos no son meras correas de transmisión de las demandas ciudadanas. En realidad cumplen la delicada tarea de procesar esas demandas, de orientarlas ideológicamente e incluso de limitar su belicosidad y pulir su rudeza natural. En cuanto sujetos de la democracia, los partidos políticos están comprometidos a formular programas y propuestas que, aunque vinculados a demandas ciudadanas reales, pueden ser vistos como expresión de su identidad política y de su idea de nación o sociedad. Los partidos construyen realidades políticas por sí mismos y eso los convierte en sujetos del juego democrático y no en meros intermediarios o voceros al servicio de una imprecisa ciudadanía.

Gran parte del empobrecimiento del debate público en México se relaciona con la renuncia explícita de los partidos mayores a su función de portadores de programas e identidades definidas. En esta renuncia reside la clave del ascenso del populismo de derecha e izquierda que ahora mismo limita el desarrollo de las políticas responsables de ambos signos.

Esta tendencia hacia el populismo es evidente en el uso político de las supuestas demandas de la ciudadanía. No es ninguna forma de democracia participativa sino mero oportunismo, no pronunciarse, como hace el ingeniero Cárdenas, acerca de nada hasta "no tener más información al respecto". La confusión piadosa entre la escasez de opiniones y cierta forma idiosincrática de discreción en la conducta del ingeniero es una opción que hace mucho se diluyó en la opinión pública.

En la misma línea populista se inscribe la pretensión de someter a votación, finalmente parcial y unilateral dada la actitud interesada de sus organizadores, incluso el cambio de horario en la ciudad de México. Populista también es la costumbre del candidato panista de decir a cada grupo lo que quiere oír, al costo de estar construyendo en conjunto una especie de Frankenstein discursivo que en modo alguno servirá para gobernar a un país completo. Pero populista también es la oferta de Francisco Labastida de gratuidad total en la educación universitaria frente al SNTE, antes de dejar plantados a los rectores de la ANUIES que debatían, precisamente, cómo enfrentar los ataques contra las universidades públicas que se esconden tras el uso demagógico de la gratuidad.

La responsabilidad partidista de hacer propuestas específicas y coherentes no es ninguna forma de vanguardismo trasnochado; se trata, más bien, de una de sus tareas fundamentales en el contexto democrático. El pueblo es una entidad demasiado abstracta como para funcionar como criterio de opinión legítima. Por ello, las apelaciones que a éste se hacen acaban revelándose únicamente como mecanismos de proyección de la concepción e intereses políticos de sus comedidos convocantes. Lamentablemente para éstos, junto con sus intereses, se proyectan también sus limitaciones políticas, programáticas e intelectuales.

Guiar la política democrática por encuestas ad hoc y discutibles "consultas a la ciudadanía" empobrece el debate democrático y encubre la falta de programas y propuestas partidistas. En nuestra competencia electoral, ninguno de los partidos mayores parece sentirse obligado a otra cosa que a reflejar en una supuesta opinión ciudadana (que en realidad es en lo fundamental una construcción ideológica) sus intereses de poder y sus aspiraciones pragmáticas.

Una campaña electoral debe ser, entre otras cosas, un espacio para el contraste razonado de ideas y una fuente para la educación política de los ciudadanos. Si, como lo ha señalado con agudeza Rincón Gallardo, lo que prevalece es la tendencia a convertir las elecciones en un plebiscito de popularidad, estaremos perdiendo la oportunidad de construir la democracia de instituciones que tanto le hace falta a este país.

No hay puritanismo ni falta de realismo en el reclamo de que las elecciones sirvan para elevar el nivel de información política de la ciudadanía y para desplegar programas viables de gobierno. Cuando contemplamos una universidad sometida al chantaje constante de un grupúsculo de radicales antidemocráticos, o cuando el gobierno de una ciudad pretende someter a referéndum hasta las horas del día con tal de alimentar su propia posición electoral, para no volver a mencionar la patética situación de quien cuida una diferencia estadística como si ésta abrigara los altos intereses del país; cuando todo eso sucede, en fin, lo más realista debe ser la exigencia de que la competencia democrática sirva para algo más que para echar leña al fuego de la intransigencia y la polarización