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La permanente construcción de una mejor vida social, que ha de ser un motivo básico de la política, en nuestro caso parece en ocasiones una labor de destrucción o de erosión ya sea por cálculos miopes, por ignorancia o mera mala fe.

En los días que corren presenciamos sucesos y conductas que están apuntando a desandar el camino recorrido en lo que a fortalecimiento institucional se refiere, y de seguir por esa ruta sólo estaremos en la antesala de ninguna parte.

Explico algunos de esos eventos que, a mi modo de ver, no hacen sino desvirtuar instituciones que son básicas para el desarrollo nacional, si es que el concepto aún tiene validez y cabida en los objetivos y motivaciones del grueso de la clase política.

En el caso de la UNAM, hemos cruzado el tristemente célebre aniversario de la no menos penosa huelga que tanto dañó al más importante centro de educación superior público que durante décadas construyó generaciones de docentes, investigadores, alumnos, así como las arcas públicas de un país que siempre ha tenido más prioridades y urgencias que recursos humanos y financieros para cubrirlas. Ese cúmulo de esfuerzos se pone a la orilla de la cubierta, para ser lanzado al mar, sin mayor preocupación, por la famosa ultra, evidentemente, pero también por quienes no aciertan a afirmar que la UNAM es un patrimonio común, que no puede cerrarse sin ton ni son ni ser rehén de cálculos indescifrables por el mero prurito de no ser acusados de timidez frente al neoliberalismo.

La actuación del STUNAM, que responde con la amenaza de huelga al resguardo policial de las instalaciones durante la Semana Santa, evidencia la pérdida de brújula de una organización que bien pudo haber desempeñado un mejor rol a lo largo del conflicto. Puede argumentarse, efectivamente, que la presencia de la policía en la UNAM sólo logrará mantener a salvo las instalaciones durante los días de asueto y que ni debajo de una piedra se encuentran las directrices, las propuestas de reforma universitaria de la actual administración, mas esa ausencia de liderazgo y rumbo difícilmente se llenará con la escalada de un nuevo flanco de confrontación.

El sindicato administrativo se queja de desplazamiento en materia laboral, pero durante diez meses aportó las cuotas de sus afiliados a un movimiento que ni siquiera se comprobó fuera respaldado por el grueso de los agremiados. El STUNAM acudió al plebiscito y votó por el fin de la huelga, luego de cobrar intacta quincena tras quincena durante curso escolar y medio, y nunca hizo lo suficiente para lograr el regreso del centro de trabajo de sus sindicalizados. Más aún, ahí donde se observa violencia, como en la Facultad de Economía, en vez de que el STUNAM reivindique el derecho al trabajo, a la cátedra y a la libertad de cátedra, que son puestos en riesgo o enajenados por el CGH, opta por financiar publicaciones que con el logo sindical acusan, calumnian y persiguen profesores (algunos de ellos afiliados al sindicato) por el simple hecho de pretender dar clase, hacer que se respeten los estatutos del personal académico y no entregar su Universidad a una asamblea. Así, el sindicato, nacido hace poco más de dos décadas con fines por demás nobles y legítimos, acaba siendo cómplice de la erosión de la institución a la que se debe, con el puro afán de no quedar mal con la "izquierda" (¿cuál y qué entienden por eso?) y de mantener el status quo de una Universidad venida a menos. El STUNAM no es lo que se proyectaba cuando nació y la institución donde está enquistado mal agüero tiene con un sindicalismo de ese tipo.

La materia electoral también arroja sus botones de muestra al desgaste de instituciones a las que con no pocos obstáculos ha podido abrirse paso en estos años de transición política. El litigio en torno al cumplimiento de las disposiciones legales en la candidatura de López Obrador ha servido para que la autoridad electoral de la capital sea gratuitamente vapuleada, ahora que por vez primera organiza una elección importante. La presentación de los documentos que acreditan la validez de una candidatura se da por buena sistemáticamente a menos de que exista una impugnación, y ahí lo que corresponde, entonces, a la autoridad, es ir al fondo del asunto, hacerse de más elementos de prueba para emitir un dictamen. Eso es lo que hizo el Consejo General del IEDF y aprobó el registro de la candidatura de López Obrador. Ahora, al mantenerse la inconformidad de otros partidos, los cauces a seguir son recurrir ante el Tribunal Electoral del DF y, eventualmente, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El trayecto legal es claro, aún no se sabe cuál será el fin del episodio, pero ir a priori minando al IEDF, incluso cuando su resolución es favorable a quien emite las descalificaciones, nos habla de una evidente reticencia a velar por la legitimidad de una institución que es garantía común de una competencia productiva y transparente.

El episodio se suma a la descalificación de que fue objeto el Tribunal Electoral a propósito del anodino tema de la fotografía de un candidato en las boletas. Esos reclamos airados, de un plumazo dan por descontados años de acuerdos en pos de una institucionalidad que los propios partidos han construido.

Otro ejemplo, en un terreno adicional, es poner en tela de juicio a la CDHDF por emitir una recomendación en un momento político complicado. Ello a sabiendas de que el trabajo de los defensores de los derechos humanos es velar por ellos, sea cual sea el titular o el partido que gobierna y con independencia del calendario político.

La UNAM, los órganos electorales autónomos y la defensa de los derechos humanos no están siendo lo suficientemente cuidados por los actores políticos. Pura y dura cultura del desperdicio