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El juicio contra Oscar Espinosa avanza, pero lo hace de modo lento, aunque le llamen vía corta. La sección instructora quedó integrada y con mayoría opositora y tendrá 30 días (que pueden ampliarse) para recabar las pruebas que sustenten o no, una declaración de procedencia.

Estamos hablando de que el asunto se ventilará en el pleno en cosa de tres meses, si la Comisión Permanente así lo dispone, asunto harto dudoso, porque la mayoría que ahí impera es priista.

En el gobierno federal parece existir la convicción de que es mejor mantener las cosas así, en una especie de limbo, esperando el resultado electoral y no enfrentarse a un juicio, acaso amañado por los nobles fiscales perredistas. Lo que en todo caso no está previsto es la actuación que pueden tener los diputados de la sección instructora en la prensa y no porque sea de mala fe, sino porque tendrán la función de fiscales ante un caso de obvio interés público. También puede ser que la sección instructora haga públicas sus conclusiones y deje la bomba activada a la próxima Legislatura.

Llevar el asunto hasta fin de año es arriesgado, al margen de que también se pueda cuestionar su moralidad. Jugar a las matemáticas, en un litigio como éste, además de improcedente puede ser desastroso. Por lo demás, las cosas son penosas. Tenemos a un secretario de Turismo acusado de peculado, explicando en cada reunión que no pueden detenerlo y apelando a la sabiduría de legisladores que todavía no son electos.

En algo tiene razón el secretario, y es en que las acusaciones no llegarán a buen puerto, como sucedió con tantos casos que iniciaron como grandes revelaciones y terminaron en una vil pifia.

Pero no me imagino, por lo demás, al secretario de Turismo explicando en Estados Unidos o en Francia el avance en nuestro Estado de derecho, las seguridades jurídicas para la inversión.

Enfrentar el juicio, por arriesgado que parezca, puede ser un antídoto contra el costo político que tendrá todo este problema. De que el PRI pagará caro, nadie lo duda; el quid de la cuestión es saber si la factura se cobra en plena jornada electoral. Los acuerdos en la Cámara, por lo pronto, indican que el juicio de procedencia terminará con la remoción de la inmunidad y con un espectáculo digno de fin de régimen.

Es importante señalar que esta acuciosa búsqueda de la verdad contrasta con lo ocurrido en el Instituto Electoral del DF, donde las pruebas importaron poco a la hora de aprobar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Tres consejeros votaron en contra, pues consideraron que las constancias de residencia del perredista eran dudosas. El PRD ya anunció que se fincarán responsabilidades penales contra el PRI y el señor López señaló que los consejeros incómodos "responden a intereses de la Secretaría de Gobernación".

En la Cámara quieren representantes de una república, en la capital dignos integrantes de los nuevos sóviets.

Los defensores de la legalidad no lo son tanto, si la voluntad de su líder está en juego