primera plana
El fin de los medios
Marco Levario Turcott

Foto: Salvador Castellanos/Silva

Un round más de la batalla que en el terreno legal y por la simpatía del auditorio sostienen Televisión Azteca y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se suscitó el 10 de abril cuando el titular de esa dependencia, Samuel del Villar, al igual que lo hiciera Gloria Trevi el 20 de marzo, desempolvó el tema de la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Raúl Salinas de Gortari, una estaca que sigue lastimando el corazón de la televisora privatizada en 1993. Entrevistado por Reforma, Del Villar reveló que la procuraduría capitalina investiga si en la compra de TV Azteca existió alguna operación de lavado de dinero y si ésta podría estar vinculada al asesinato de Paco Stanley. "Hay una investigación y están los elementos de que cerca de 30 millones de dólares pertenecieron a Raúl Salinas de Gortari, y respondían a un procedimiento especial de lavado de dinero", declaró Del Villar y añadió que se indaga si la que ha denominado "campaña de desinformación" emprendida por TV Azteca tiene el objetivo de encubrir un presunto ilícito.

Rápidamente, la empresa dirigida por Salinas Pliego se defendió a través de un comunicado distribuido a los medios ese mismo día: "TV Azteca -dice el comunicado- ha proporcionado a la PGJDF la fuente de los recursos con que se adquirió el paquete de medios `peso sobre peso y centavo sobre centavo`, esto sucedió en los pasados meses de diciembre, enero y febrero...". Sugiere, además, que la PGJDF actúa de mala fe porque cita a los ejecutivos de TV Azteca aparentemente para declarar sobre el caso Stanley, pero en realidad está investigando el origen de los fondos con que se adquirió la televisora, cosa que a la procuraduría capitalina no le corresponde. "Hasta ahora y con motivo de publicaciones en los medios -afirma TV Azteca- es que tenemos conocimiento de la naturaleza de la investigación".

El procurador Samuel del Villar continúa acudiendo al peligroso recurso de ventilar pesquisas e investigaciones en los medios de comunicación sin tener aún pruebas que respalden lo que dice en conferencias de prensa o entrevistas periodísticas. Si en efecto existen elementos para suponer que el asesinato de Stanley está relacionado a una presunta compra de la televisora con "dinero lavado" debe probarlo y no propagandizar suposiciones o hipótesis contra quien se ha convertido en su adversario político en una lucha a veces soterrada, otras espectacular, que ya va para un año.

CIRT obstaculiza al IFE

Reunión de la CIRT Foto: Alberto Cuenca Macías

Grave, sin duda, es el contenido del informe efectuado por el secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche -y hecho público por La Jornada el 12 de abril- en el sentido de que diversas empresas de radio y tv, entre ellas Televisa, incumplen el compromiso de difundir los promocionales del Instituto Federal Electoral que las emisoras del país tienen obligación de transmitir dentro del tiempo conocido popularmente como "12.5% de tiempo fiscal". El origen de la anomalía está, según el funcionario del IFE, en una circular -la número 3226- emitida por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) donde presuntamente se instruye a los concesionarios a "ya no transmitir los mensajes del IFE". Así, Televisa ha dejado de cumplir la pauta solicitada por el IFE, según reveló un monitoreo realizado entre enero y marzo, mientras que ocho radiodifusoras de Campeche y cinco de Guanajuato se han negado tajantemente a transmitir cualquier mensaje del organismo electoral.

Nada más eso faltaba. La CIRT se ha convertido en encuestadora casi oficial en la jornadas electorales -en 1994 y 1997 fue la entidad que dio a conocer los virtuales ganadores mediante encuestas de salida y "conteos rápidos"-, es la organizadora de los debates entre candidatos a puestos de elección popular, con lo cual se ha legitimado como una institución "democrática", y desde 1997 sus agremiados, los empresarios de radio y tv comerciales, han hecho buenos negocios difundiendo la propaganda electoral de los partidos en cuya difusión fluyen enormes cantidades de dinero que salen, en su mayoría, del erario público, pasan por las manos de las organizaciones políticas y terminan en las cuentas bancarias de los concesionarios. Ahora, la CIRT no quiere transmitir los mensajes de la autoridad electoral porque, como están incluidos en el "tiempo oficial", el IFE no paga por su difusión. Y los concesionarios, según explicó el director de RTC, Alejandro Montaño, a los funcionarios del IFE cuando acudieron ante la Secretaría de Gobernación para elevar una protesta, desean recibir un pago "aunque sea simbólico" por la difusión de esos mensajes. Se dejó crecer demasiado la injerencia de la CIRT en los procesos electorales, ahora a ver quién la para.

Monster Bird

Por falta de espacio no habíamos podido registrar en esta columna el inicio de operaciones del satélite Galaxy XI, propiedad de la firma PanAmSat y considerado el más grande del mundo en el ámbito de las comunicaciones comerciales, razón por la que se conoce como Monster Bird. Enviado al espacio el 21 de diciembre del año pasado, comenzó a operar el 4 de abril. Transmite señales de televisión, audio, Internet y todo tipo de telecomunicaciones. Cubre el continente americano y entre las empresas y entidades que ya apartaron traspondedores en el satélite están: National Public Radio, Encore, NHK y, por supuesto, Televisa