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La que parece ser la mayor certeza de las elecciones presidenciales en Perú del domingo 9 de abril es que fueron desaseadas. A la información equivocada de las empresas que realizaron encuestas a pie de urna, le siguió un largo silencio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que hasta siete horas después de cerradas las casillas emitió resultados de 3% de la votación, y en los días siguientes los datos fueron proporcionados lentamente en una tendencia que acercaba a Alberto Fujimori a 50% de las adhesiones, lo que le daría un nuevo mandato. Al momento de redactar estas líneas había sido escrutado 90% de la votación y Fujimori contaba con 49.77% frente a 40.39% del opositor Alejandro Toledo, lo que puede cancelar una segunda vuelta electoral.

A la jornada de hace dos domingos acudieron observadores internacionales y la impresión que se llevaron es más que elocuente: "Algo siniestro está pasando", declaró Eduardo Stein, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y la asociación civil Transparencia sostiene de igual forma que de respetarse los sufragios sería necesaria una segunda vuelta, que un triunfo con mayoría absoluta en la primera sólo se puede conseguir recurriendo a procedimientos ilegales.

Por su parte, Toledo denuncia también el fraude y aun así afirma que consiguió la victoria, según sus fuentes no reveladas, con 46%, pero insiste en la necesidad de volverse a medir con Fujimori para superar esta nueva polarización que se vive en la sociedad peruana.

Las irregularidades en la elección pueden rastrearse desde el momento mismo del inicio del proceso electoral en el que participaron 14 millones y medio de peruanos. Por ejemplo, el registro mismo de la candidatura de Fujimori ha sido tachado de inconstitucional, pues el actual Presidente se propone acceder a un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, el poder que ha acumulado Fujimori tras una década de ser el hombre fuerte de Perú le permitió hacer los ajustes necesarios a su antojo para remover los obstáculos legales a su pretensión de prolongar su estancia en la casa presidencial de Lima.

Otro síntoma de anomalía en el proceso electoral, lo arroja el veto a que Alejandro Toledo estuvo sometido en la televisión abierta hasta una semana antes de la elección. Como sucede en el autoritarismo, los medios actúan por consigna del poder y son más un espejo de lo que se quiere ver y transmitir desde las cúpulas que un espacio para la recreación e información de la sociedad.

Asimismo, el sistema de cómputo de la ONPE no pasó la prueba de funcionamiento practicada el día anterior a la jornada y el día de la elección no hubo un procedimiento que permitiera conocer rápida y fehacientemente los resultados, así fuera de forma preliminar. Más aún, la lenta transmisión de datos se fue haciendo sin que esa información viajara "encriptada", esto es, con la codificación de claves que no permiten ser alteradas y, por tanto, quedó en riesgo de ser manipulada por terceros.

Ante tal panorama, la OEA, Estados Unidos y algunos gobiernos europeos, como el español, han hecho saber a Fujimori su convicción de que las elecciones no fueron transparentes y le invitan a aceptar la segunda ronda, mas la respuesta del Presidente peruano ha sido negativa y ello puede ser indicio de que el empecinamiento autoritario puede acabar generando un escenario todavía más lamentable para Perú: a la convulsión política puede sumarse la retirada de la confianza en materia económica de un país de por sí endeble y, con ello, los avances en materia de atracción de inversión extranjera directa que han permitido cierta estabilidad, antesala de una etapa de crecimiento, pueden esfumarse. La globalidad, con sus males y sus ventajas, ahí está, y esta vez parece ir en la dirección de sancionar a Fujimori, quien será el responsable de que esas sanciones afecten a la población peruana.

Fujimori ha podido llegar tan lejos precisamente por la inexistencia de un sistema de contrapesos, por la ausencia de partidos. En Perú van diez años en los cuales las distintas fuerzas electorales no han estado inmersas en el ejercicio del sufragio, ganar unas y perder otras, asentando un mapa que refleje la pluralidad política. Por eso, la posibilidad del fraude se veía venir desde antes de las elecciones y no hubo antídotos ni remedios al alcance de la oposición y de la ciudadanía.

Con los partidos vigilando una elección, lo que ocurrió en Perú sería inviable. Si las distintas opciones hubiesen supervisado la confección del padrón electoral; si hubiera habido representantes de los partidos en todas las casillas; si se tuvieran las garantías para un voto secreto; si la campaña y los recursos dedicados a ella resultaran medianamente equilibrados, y si hubiera estado en operación un eficiente programa de resultados electorales preliminares, no habría sino un ganador legítimo y perdedores resignados. Pero como nos demuestra la historia mexicana, la construcción de un edificio electoral confiable es una obra que lleva años y no es una concesión graciosa sino una obra gradual de pactos y acuerdos entre las fuerzas políticas.

Ahí en Perú tienen su tarea -adicional a las muchas acumuladas- de levantar una institucionalidad que resuelva y asegure la confianza en el procedimiento electoral, ese pequeño detalle del que, como decía Ortega, depende la legitimidad de las instituciones públicas. Esperemos que Perú, en un contexto de exigencia, con una oposición despierta, pueda salir de su mal 2000, que se llega a parecer a nuestro 1988 que, afortunadamente, para nosotros es irrepetible