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Paola Durante

Tanto la primera declaración como la rectificación de Luis Gabriel Valencia, el testigo "clave" del caso Stanley, deben ser investigadas con toda acuciosidad y honradez. No se trata de un asunto como los demás, sino de uno donde parece haber personas inocentes en prisión y donde alguien con poder suficiente -personal de la Procuraduría capitalina o de la Secretaría de Gobernación- obligó a Valencia a falsear los hechos, en un sentido o en otro. Cabe la posibilidad, incluso, de que nadie haya presionado a ese sujeto y que sus dos declaraciones sean producto de la fantasía.

La investigación es relevante, porque el caso Stanley, como la acusación contra Oscar Espinosa, se ha convertido en una cuestión de honor para el procurador capitalino Samuel del Villar y en un asunto político -entendida la política en su acepción más pedestre- cuyo desenlace puede tener un costo en votos muy alto para el PRD o para el PRI, especialmente en la ciudad de México, que además de su peso demográfico es el corazón político de México.

Si en este país y, como parte de él, en el Distrito Federal, las leyes sirvieran para hacer justicia, Paola Durante y los demás acusados con base en la primera declaración de Valencia, deberían ser puestos en libertad de inmediato, con las reservas de ley. Tendría que ser así porque, al margen de cuál de las versiones del testigo es falsa, su contradicción pública y notoria, sumada a sus antecedentes delictivos y las características de su personalidad, ponen en entredicho la calidad de una acusación que se funda en el supuesto testimonio de ese sujeto. Y como en México todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, lo más justo sería que los acusados fueran puestos en libertad hasta que el Ministerio Público no aportara pruebas adicionales y válidas de su presumible responsabilidad.

Todas las personas que han sido detenidas con base en un testimonio tan cuestionable están sufriendo una privación probablemente injusta de su libertad. Pero Paola Durante, que ahora más que nunca parece ser inocente, ha perdido su libertad, su empleo, su autoestima, su derecho a vivir al lado de su pequeño hijo, su prestigio en el medio donde trabaja.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyo presidente ha demostrado desde hace tiempo su probidad, su rectitud y su alto sentido de la justicia, estudió este caso con toda responsabilidad y llegó a la conclusión de que no hay pruebas legalmente válidas y suficientes para inculpar a la señorita Durante. La CDHDF cumple así escrupulosamente su función de velar por los derechos humanos en la capital; es decir, proteger a toda persona que sea víctima de las arbitrariedades de la autoridad.

En respuesta, la Procuraduría y el gobierno capitalino han descalificado a la CDHDF y a su titular; y como esa entidad no tiene facultades legales sino para emitir recomendaciones, la descalificación es, en realidad, una condena a la señorita Durante, al menos por el tiempo que dure el juicio en su contra. Así, de un plumazo la autoridad ignora a la CDHDF y los ciudadanos quedamos prácticamente desprotegidos por esa instancia hacia la que el gobierno capitalino no tiene respeto alguno.

¿Qué hacer entonces? Quedan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego los organismos de la OEA y la ONU, así como organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, porque las que operan en México, por lo visto, no están dispuestas a defender derecho humano alguno cuando quien lo viola es un gobierno perredista. Pero para cuando los familiares y abogados de Paola Durante hayan agotado esas instancias, Samuel del Villar y Rosario Robles ya estarán en otra parte, la joven mujer habrá pasado todo ese tiempo en prisión y su familia habrá gastado una fortuna en abogados, viajes, viáticos.

Sin embargo, creo que queda un recurso para que Paola Durante recobre su libertad aunque deba seguir a disposición del juez mientras dure la investigación: un gran movimiento de opinión pública. Ese movimiento prácticamente ha iniciado en algunos medios, como es el caso destacado del diario Crónica, que han dado a conocer los hechos en torno a este deplorable asunto.

Con lo único que tengo, que es mi palabra, me sumo desde aquí a la defensa que han hecho de esa joven, convoco a mis colegas periodistas a que se pronuncien al respecto e invito a los lectores a que con cartas al gobierno y la Procuraduría del Distrito Federal y a las redacciones de diarios y revistas sumen sus voces en defensa de una mujer que probablemente sea víctima inocente de la arbitrariedad gubernamental