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Formalmente, el liberalismo y la democracia moderna postulan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el goce de determinados derechos políticos y civiles. Es decir, a ningún ciudadano se le puede negar el acceso a la ley y a estos derechos bajo ningún argumento racial, sexual, étnico o de cualquier otro tipo. Estos derechos políticos y civiles son básicamente la libertad de pensamiento, de expresión y religiosa; derecho de asociación, voto libre y secreto, derecho a desempeñar cargos públicos, y libertad frente al arresto arbitrario. Sin embargo, este principio liberal no siempre encuentra su realización plena, especialmente en sociedades subdesarrolladas y con pobreza significativa de sus miembros o distribución muy desigual de la riqueza, pues la satisfacción de ciertas necesidades materiales, como ingreso suficiente y regular, condiciones dignas de trabajo y el acceso a la educación y a la salud, entre otras, son una precondición para que la población conozca estos derechos y libertades, los entienda y los pueda ejercer cabalmente. Veamos cómo esta idea ha ido evolucionando y se ha ido afinando a lo largo de los últimos tiempos a través de los autores que juzgamos parte fundamental del ideario de la actualidad.

En su famoso libro La democracia en América,(1) Alexis de Tocqueville dedica un apartado a la igualdad de condiciones que observa en Estados Unidos y que lo deja maravillado. Al respecto, menciona que esta igualdad "crea opiniones". Esto es importante, pues se requiere tener una opinión o por lo menos tener el potencial de hacerse de una o varias opiniones para ejercer derechos como la libertad de expresión y de pensamiento, así como para votar libremente. He aquí un primer acercamiento, en el siglo XIX, acerca de la necesidad de un "piso material" como precondición del ejercicio de los derechos.

En la década de los 70, ya en el siglo XX, John Rawls dedica todo un libro, Teoría de la justicia(2) a tratar esta relación entre derechos políticos, libertades y condiciones económicas. Según él, la estructura social consta de dos partes más o menos distintas: "Los aspectos que definen y aseguran las libertades básicas e iguales, y los aspectos que especifican y establecen desigualdades económicas y sociales".

La teoría contractualista de Rawls inicia suponiendo un conjunto de individuos que deben elegir los principios que regirán la sociedad a la que pertenecerán sin conocer la posición que tendrán en ella. Son dos los principios que proveerán a todos ellos de un piso mínimo de oportunidades y derechos: el primero se refiere a los bienes políticos: la distribución de derechos y libertades básicas enunciadas anteriormente. Este principio se define como sigue: "Cada persona ha de tener un derecho igual a la libertad más extensa que sea compatible con la libertad equivalente de los otros". O sea, la concepción liberal clásica de la igualdad civil basada sobre el derecho; un segundo principio se refiere a los bienes sociales y económicos: "Las condiciones sociales y económicas habrán de ser conformadas de tal modo que sean ventajosas para todos y, sobre todo, para los más desfavorecidos, y deben estar vinculadas a posiciones y cargos igualmente asequibles para todos". Es decir, las diferencias existen y son admisibles, pero debe existir una igualdad de oportunidades.

De manera resumida, con esos dos principios, Rawls se refiere a que en una democracia, los individuos deberían ser libres e iguales, lo cual define su grado de autonomía. Sin embargo, ciertos bienes materiales, tanto como la igualdad de condiciones, son precondición de la libertad, la igualdad y la autonomía.

Amartya Sen(3) aborda este debate de manera distinta. Diferencia entre las libertades negativas (lo que un individuo no debe hacer) y las libertades positivas (lo que un individuo puede hacer). Para él, la capacidad de funcionar de una persona es lo más cercano a las libertades positivas, pues las capacidades definen lo que un individuo puede hacer o no y lo que puede ser o no ser. De este razonamiento se deriva que "si valoramos las capacidades, entonces la posesión de bienes con sus características correspondientes es valorada instrumental y contingentemente en función de si ayuda a alcanzar algo que valoramos" (1998, p. 317), en este caso, las capacidades. Formar y fortalecer estas capacidades a través, por ejemplo, de la alimentación (que permite al individuo funcionar porque no sufre de malnutrición) y de la educación (que permite el funcionamiento de un individuo en el medio laboral o en el ejercicio pleno de sus derechos por el conocimiento y los instrumentos de reflexión que le brindó la enseñanza) lleva directamente al engrandecimiento de las libertades positivas y a su ejercicio.

Dahrendorf, por su lado, sintetiza muy bien la idea: "No hay libertad sin derecho a la ciudadanía, y la ciudadanía es más que un pasaporte. Es el derecho de desempeñar una parte activa en el mercado y en el proceso político y requiere algo más que las promesas constitucionales".(4) Como vemos, para existir, la ciudadanía exige una cierta posición económica y social.

Cumplir con esta posición económica y social, y con la posibilidad de ejercer los derechos y libertades al mismo tiempo, ha sido algo más bien excepcional. Los países socialistas, en general, cumplieron con esta cierta posición económica y social, pero no garantizaban a sus ciudadanos los derechos y libertades del liberalismo. Desde hace unas décadas, las democracias avanzadas han enfrentado problemas para cumplir con las condiciones económicas necesarias, mientras que en los países subdesarrollados no es raro encontrar que no han cumplido ni con las condiciones económicas, ni con los derechos del ciudadano. ¿Cómo conjugar el cumplimiento de estos derechos y de cierta posición económica y social a principios del siglo XXI, caracterizado por el abierto neoliberalismo?

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Bovero, en su artículo "Liberalismo, socialismo, democracia",(5) aborda de manera filosófica este dilema y se pregunta cómo hacer confluir el liberalismo, el socialismo y la democracia. Dice que es posible conjugar a los dos primeros: tomar la teoría liberal de los derechos civiles junto con una teoría socialista de la justicia distributiva y de los derechos sociales. Asimismo, asegura que "la justicia social es condición de la libertad individual" y que hay "una relación compleja en la que la realización de ciertos principios socialistas es el presupuesto indispensable para la realización de ciertos principios liberales, que a su vez son el presupuesto indispensable de la democracia". Es decir, hay que conjugar un Estado de derecho liberal y un Estado social mínimo.

Tony Blair adopta estos mismos principios de Estado de derecho y Estado social mínimo y la confluencia de principios liberales con principios socialistas para conformar la "tercera vía", corriente en boga de centro-izquierda que, sin renunciar a sus proclamas de igualdad y justicia social, de luchas laborales y ayuda a los desfavorecidos, adopta ciertos principios de la derecha, como una economía en equilibrio y un Estado promotor y no productor ni omnipotente, reconociendo al sector privado como la principal fuente de riqueza y empleo y que cada derecho vaya respaldado por un deber y por la responsabilidad.

Para Blair,(6) son cuatro los valores para una sociedad justa capaz de maximizar la libertad y el potencial del pueblo: 1. el reparto equitativo de la riqueza; 2. la igualdad de oportunidades; 3. la responsabilidad; 4. La solidaridad.

Así, vemos de nuevo, en los primeros dos valores, la necesidad de cierta posición económica y social como precondición al ejercicio de la libertad y de los derechos y en los otros dos la necesidad de enfrentar el problema socialmente.

Blair no duda en ayudarse de un Estado benefactor reformado para que sea más eficaz y eficiente. Sus tareas serán la educación y capacitación de los individuos, desde niños hasta la tercera edad, la salud, un conjunto de impuestos que privilegien los más desprotegidos, ayudas a las familias monoparentales en forma de guarderías y de ayudas económicas, un salario mínimo, apoyo a los desempleados, entre otras. Estas medidas permitirían la igualación de oportunidades.

En conclusión, los filósofos liberales y de izquierda coinciden en la necesidad de un piso material común como precondición del ejercicio de derechos y libertades. Esta idea que viene desde Tocqueville, de manera implícita, y ha sido motivo de grandes reflexiones abstractas en el siglo XX, como en el caso de Rawls, y otras más concretas como Tony Blair con la "tercera vía" que de alguna manera aterriza en el siglo XXI. Un concepto inmerso, implícita o explícitamente, en los autores que han abordado este tema, es el de la igualdad de condiciones y que su realización requiere forzosamente de las acciones del Estado.

Sin embargo, también podemos plantear el problema en una relación digamos inversa, es decir, que el desarrollo económico requiere de la libertad de los ciudadanos o, en otros términos, que se requiere un piso mínimo de libertades generalizadas para alcanzar el desarrollo económico. Este debate ha renacido después de la crisis de los Tigres del sureste asiático. Para los politólogos y economistas más liberales, este suceso es una excelente oportunidad para mostrar que son la democracia y la libertad los que ayudan al desarrollo económico y no los regímenes autoritarios, como parecía (o parece) ilustrar este grupo de países.

Amartya Sen, en su más reciente y sugerente libro, Development as freedom,(7) expone su visión acerca de la relación entre desarrollo y libertad, y definitivamente se inclina por una correlación positiva entre ellos. Sin embargo, reformula el debate. Para él, las libertades son un medio a la vez que un fin del desarrollo económico. Analicemos esta aseveración en varias partes, que replantean el debate de esta relación y el concepto mismo de desarrollo.

Tony Blair Foto: Time

Sen comienza desligándose definitivamente de las definiciones más tradicionales del desarrollo, que se enfocan en el crecimiento del PIB y otros indicadores unidimensionales. Para él, el desarrollo puede ser visto como un proceso de expansión de las libertades reales de las que la gente disfruta y debe ser evaluado en términos de si las libertades de los individuos han mejorado. Asimismo, hay que observar si sus capacidades y oportunidades se han incrementado.

Esto lo lleva a separarse de la típica visión instrumental de la democracia y los derechos políticos y civiles considerados como medios para alcanzar el desarrollo. Sen no rechaza esta visión, simplemente no se conforma con ella. Para él, las libertades son un medio y también un fin primordial de desarrollo. Así, el desarrollo y el crecimiento económico no son un fin en sí mismos, sino medios para expandir las libertades de las que disfrutan los ciudadanos. Pero, ¿libertad para qué? Según Sen, primero para contribuir con el desarrollo participando en los arreglos económicos, políticos y sociales que definen las oportunidades que tendrán los individuos (libertad como un medio para el desarrollo) y segundo, para que, una vez que estas oportunidades existan, los individuos tengan la libertad de escoger y realizar el modo de vida que más valoran (libertad como un fin).

Así, el fin último del desarrollo no es, o no debería ser, otro que la expansión de la libertad (vía oportunidades y capacidades), y el fin último de la libertad, la posibilidad de que los individuos realicen la vida que desean.

En pocas palabras, la libertad, como medio y como fin, es constituyente central del desarrollo, ya que el desarrollo consiste precisamente en expandir la libertad para que la gente realice el modo de vida que más valore.

Analicemos ahora más profundamente los mecanismos a través de los cuales la libertad contribuye al desarrollo económico.

En primer lugar, el crecimiento del PIB y la distribución de la riqueza son muy importantes. Sin embargo, también son esenciales los acuerdos y arreglos políticos, económicos y sociales a través de los cuales se canaliza esta riqueza y que definen las oportunidades económicas. Las libertades y los derechos políticos, como el voto, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, son medios de los ciudadanos para influir en estos arreglos y acuerdos que afectarán sus oportunidades económicas en el futuro. Por otro lado, al ejercer estos derechos y libertades, los grupos vulnerables y la población en general hacen que los Estados eviten desastres económicos.

Asimismo, la iniciativa y la libertad de agencia (agency) individuales, son indispensables para la creación y la explotación de oportunidades económicas. No se requiere un Estado "nana" que "mime las decisiones de los individuos, sino que genere oportunidades de elección y más posibilidades de decisiones para los individuos". Sen resalta la importancia de reformar al Estado social en el sentido final de que el individuo, en lugar de recibir pasivamente beneficios y de que el Estado cargue con su vida, más bien reciba oportunidades de él y que el individuo decida, a través del ejercicio de sus derechos y libertades y de manera responsable, qué oportunidades toma y cuáles no y, así, que se encargue de sí mismo y de su bienestar.

La conclusión, aunque simple, es aleccionadora, sobre todo en estos tiempos de transición y debate político, la relación entre ciertas condiciones económicas satisfechas y el ejercicio de las libertades y derechos es biunívoca: así como se requiere un piso económico básico para ejercer las libertades y derechos, también este ejercicio contribuye al desarrollo económico.

Es curioso notar, por último, dos ideas recurrentes en los diversos autores analizados acerca de esta relación bidireccional: la importancia de las "oportunidades" o de la "igualdad de oportunidades", como se puede constatar en los textos de Tocqueville, Rawls y Blair, por un lado, y los de Sen, por el otro, y la necesidad de una reforma del Estado social, con énfasis en la educación y la salud como elementos que desarrollan las capacidades y aumentan las oportunidades de los individuos

Notas

1 México, Fondo de Cultura Económica, 1978.

2 México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

3 "Rights and Capabilities" (1982-83), en la compilación Resources, values and development, Cambridge, Harvard University Press, 1998.

4 Entrevista de 1988 citada por Michelangelo Bovero en "Liberalismo, socialismo, democracia" (1991), en AAVV, Desigualdad y democracia, El Nacional, 1992.

5 Op cit.

6 Véase Anthony Giddens, La tercera vía, Madrid, Aguilar, 1998.

7 New York City, Knopf, 1999.

Roberto Fernández Sepúlveda es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. El autor agradece la participación de Carla Salmán, egresada de Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales del CIDE.