En tiempos como los actuales, donde la alternancia en el poder y la pluralidad legislativa son un hecho, contar con mecanismos para conocer el parecer de la sociedad representa la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre distintos temas más allá del ejercicio electoral de cada tres años. Es más, dentro del ejercicio democrático del poder, el hecho de que una administración promueva consultas públicas puede considerarse como una práctica sana y de acercamiento con su población para conseguir así indicadores sobre la percepción que existe respecto de un asunto de interés público, con el fin de contar con mayores elementos de juicio en sus definiciones de gobierno. En sí mismas, las consultas aportan elementos positivos a la convivencia, por ejemplo, la promoción de la participación y la movilización ciudadana.

Sin embargo, al parejo de las consultas existe un elemento fundamental para que éstas cumplan con dichos objetivos: la información. Los promotores de una consulta -sean gobiernos, partidos u organizaciones civiles- tienen la obligación de difundir con la mayor amplitud posible toda la información disponible sobre el tema de una consulta, especialmente si es éste el centro de una controversia pública. De no hacerlo, se corre el riesgo de recoger resultados producto de una opinión mal formada por falta de elementos o simplemente reproducir prejuicios arraigados en la población.

Así, son los medios de comunicación las ventanas por las cuales se difunden los temas de coyuntura y de donde los ciudadanos toman información y opiniones para normar su propio criterio sobre un asunto. Por desgracia, en los medios electrónicos y también en buena parte de los escritos, los temas controversiales no son atendidos con la suficiente profundidad y equilibrio. Es por ello que la información amplia, clara, puntual y equilibrada sobre el tema de una consulta es un requisito previo para su realización.

En el caso de las consultas promovidas por autoridades, dichos resultados podrán formar parte delos elementos tomados en cuenta parala definición y la puesta en marcha de acciones de gobierno. De esta manera, con este tipo de herramientas que promueven la movilización y la participación ciudadana puede ser posible evitar una de las principales causas de rechazo a algunas medidas gubernamentales: la imposición.

Entender que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y que por ello son su principal interlocutor, hace necesario que las autoridades cumplan con su obligación de informar a la sociedad. Un ejemplo de cómo la falta de información y el sentimiento de imposición hacen impopular una medida, es el debate sobre el horario de verano que, años después de su aplicación, es todavía objeto de controversia, malestar y rechazo por parte de un gran sector de la población. Ese es el riesgo de no informar ampliamente sobre una acción que afecta directamente a los ciudadanos y de no contar con indicadores sobre la percepción que tienen sobre el asunto.

Puede argumentarse que las encuestas cumplen el objetivo de conocer las opiniones de los grupos ciudadanos, lo cual es cierto, pero no tienen el beneficio agregado de la participación. Vale la pena dejar claro que las consultas son herramientas para normar juicios y conocer la opinión que sobre un asunto existe en amplios grupos de población, pero no sustituyen al ejercicio de gobierno, ni la labor legislativa; su promoción simplemente forma parte de un ejercicio democrático del poder público, en el cual la opinión de los ciudadanos obligadamente tiene que ser tomada en cuenta