En México la acción social organizada no ha conducido a la creación de nuevas normas o reglas que sustituyan a las que creaban consensos particulares basados en interpretaciones parciales, por ejemplo, de lo que debería ser no solamente los derechos sociales y políticos sino la misma autoridad. Es decir, los ordenamientos generales son manipulados de acuerdo con un universo de intereses particulares o de grupo. Por tal motivo, la autoridad mexicana -definida como la concreción del dominio ejercido por un cuadro administrativo- más que ejecutar las ordenaciones generales a través de acciones concretas, desde una perspectiva general, se limita a reproducir el consenso emanado de acuerdos pasados o presentes -resultado de negociaciones de intereses particulares- o, en el último de los casos, se ajustan a la voluntad personal de los altos funcionarios de la administración pública.

Por otro lado, el predominio de la buena o mala voluntad de gobernantes y gobernados es un indicio de la debilidad de las normas u orientaciones generales de los comportamientos públicos, en mayor medida y, en menor medida, de los que pertenecen al ámbito de lo privado. Es por eso que ante la aparición de conflictos sociales de la más diversa naturaleza se aplica la misma receta: negociación de soluciones expresadas, en más de una ocasión, mediante la firma de acuerdos, la llamada "buena voluntad", sin respaldo en las normas escritas e incluso contradiciéndolas. En consecuencia, la acción gubernamental se dispersa en programas que tienen una temporalidad de corto plazo, en el mejor de los casos y, en el peor, se dejan de cumplir por alguna de las partes. Así, aparece otro aspecto negativo de la vida pública mexicana: la desconfianza en la acción gubernamental, o la baja credibilidad, sobre lo que se pregona y lo que, finalmente, se termina por realizar.

La negociación de consenso entre gobernantes y gobernados crea inestabilidad porque lo que hoy se permite mañana se prohíbe. Y la acción social, entonces, oscila entre lo legal y lo ilegal, lo mismo para los comportamientos particulares que derivan su impunidad del alto puesto que desempeñan en la administración pública o en el mundo de los negocios lícitos o ilícitos. En otras palabras, a mayor poder político o económico, la probabilidad de no ser sancionado penalmente -parafraseando al sociólogo alemán Max Weber- en caso de contravenir el orden legal es más común que, por ejemplo, para el caso de los estratos sociales que sufren desventajas socioeconómicas.

Las reglas universales que definen los mecanismos institucionales para resolver conflictos sociales que, también, definen las fronteras entre lo legal y lo ilegal, su real significado se localiza en el terreno de los usos y costumbres, las tradiciones, en el caso de ciertas comunidades o vecindarios, así como en lo personal y particular. El terreno, en consecuencia, se encuentra preparado para que surjan líderes o intermediarios, frente a las deficiencias del aparato administrativo, inclinados por la negociación al margen de la normatividad institucional. Por eso, no debe extrañar que la movilización social sea un medio general de presión, al margen de consideraciones legales, para que la autoridad acepte como legítimas las peticiones demandadas y, al mismo tiempo, reconozca como interlocutor a la dirigencia, para que la negociación se inicie, lo cual depende también de la coyuntura.

Sin embargo, lo descrito de manera resumida ha manifestado las contradicciones que en el pasado se ocultaban gracias a la existencia de un sistema político autoritario, con gran capacidad para mantener controlada la movilización social por medio de la llamada cooptación de líderes o la integración de las organizaciones sociales, en la red de representación corporativa, que funcionaba como un estabilizador económico y político. Sobre todo porque establecía una relación de intercambio que permutaba prestaciones materiales a cambio de un reconocimiento sumiso, o dependencia, de los beneficiados de las acciones del Estado mexicano. De esta manera, la subordinación corporativa implicaba que las demandas sociales solamente tuvieran su importancia mientras permitieran la reproducción de la legitimidad por desempeño o gestión de la autoridad en sus diversos niveles.

Foto: Jorge Claro/Contraluz

Pero en caso de que la subordinación corporativa, o la legitimidad por gestión, no cumpliera su función, entonces se recurría a la fuerza pública que terminaba por disolver la protesta social o, por lo común, como una forma de castigo, se aplicaba el derecho penal a los líderes. La discrecionalidad en la aplicación de la ley se concretaba. Por tanto, se ocultaba el significado que ha tenido en México el uso de la fuerza pública, es decir, la policía o el ejército, considerado como un medio "extremo" para restaurar el orden social alterado, identificado, al mismo tiempo, con la estabilidad sociopolítica. Dicha medida resultaba ser autoritaria ante la debilidad institucional porque abría paso, otra vez, a la discrecionalidad, dejando de lado acuerdos, negociaciones, intermediarios personalizados.

Ahora, las virtudes del sistema político mexicano se transforman en vicios y hasta en obstáculos para crear instituciones que generalicen los avances alcanzados en el espacio de la competencia electoral partidista. Recordando que en los años 80 gran parte de la movilización social tomó el cauce de los partidos políticos de oposición, lo que, entre otras razones, fortaleció la competencia electoral y permitió, más tarde, la alternancia partidista en el plano local y estatal. Mientras, entraba en crisis la legitimidad por desempeño y la representación social corporativa.

No obstante, la movilización por protesta social sufrió un proceso de pulverización o fragmentación frente a la incapacidad de sus líderes para crear una instancia organizativa amplia y permanente. Sobre todo que las demandas de aquí no eran las mismas de allá, aunque la situación de pobreza fuera la misma. En este sentido, la polarización económica, fruto de la incapacidad del Estado mexicano para crear nuevas regulaciones e instituciones en una nueva fase de competencia mercantil mundial generaliza las deficiencias materiales, pero, en los años 90, se han expresado como una serie de reivindicaciones sociales que privilegian los actos de violencia. Y la autoridad tiende a responder con el instrumento o medio que, en una posición de emergencia, se usaba para restaurar la "paz social": la fuerza pública. Esto no es más que la expresión del autoritarismo justificado, aunque no se manifieste, por la debilidad de la intermediación institucional que el sentido común le confiere diversos calificativos: ineficiencia, incapacidad, discrecionalidad, corrupción, etcétera. Entonces se busca restaurar un orden, continuando dentro de la confusión que se ha identificado de manera errónea con el orden legal o Estado de derecho.

Foto: Raúl Ramírez Martínez

Por su parte, la desconfianza de las bases de un movimiento social respecto de los tradicionales liderazgos -en otras palabras, una representación delegada en la cúpula- ha provocado que el ideal de la organización armada del estado sureño de Chiapas, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de "mandar obedeciendo", ensaye un liderazgo colectivo que sirvió, en el caso del Consejo General de Huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, para legitimar, con base en el derecho constitucional relativo a la gratuidad de la educación, acciones que supuestamente apoyaba toda la comunidad universitaria y terminaron por adquirir un perfil antiinstitucional. El posterior descenlace del movimiento estudiantil y, también, la actuación de las autoridades universitarias solamente evidenciaron, por un lado, el peligro de alterar consensos, como modificar las cuotas de los servicios universitarios sin tener sustitutos -más incluyentes que excluyentes- y, por el otro, la confusión propia de una sociedad inclinada por la acción ilegal, que a falta de imaginación para consolidar la vida institucional se inclina en favor del uso de la fuerza pública que, en el caso de México, se ha convertido en la principal vía para realizar, hasta cierto punto, una acción penal.

La modificación unilateral de los consensos, como la autoridad lo cree, no desaparece al sujeto o a los sujetos que, directa o indirectamente, han resultado beneficiados. Sin embargo, el peligro de esa acción radica en que produce conflicto social imposible de procesar o solucionar con la fachada institucional porque como el dicho popular señala: "Resulta peor el remedio que la enfermedad". Y, a fin de cuentas, la fuerza pública sirve para sacar de la escena -lo que por cierto los medios de comunicación electrónicos privilegian- a los principales protagonistas, para mostrar, otra vez, que la acción legal o penal sirve para castigarlos al considerarlos como enemigos o, en caso de su omisión, para premiar o evitar que el conflicto adquiera otras dimensiones o, finalmente, encubrir intereses particulares.

La proliferación de acciones violentas o contrarias al orden legal ha llevado a una reactivación del autoritarismo -se está haciendo más frecuente el uso de la fuerza pública en sus diversas modalidades- en un país donde no existe todavía lo que los gobernantes y algunos estratos de los gobernados veneran o llaman Estado de derecho. Ni la actuación de los dos principales candidatos presidenciales, Francisco Labastida Ochoa por el PRI y Vicente Fox Quezada por el PAN, modifica la costumbre de la descalificación o de la acusación sobre quien se encuentra, en realidad, fuera del orden legal. De este modo se evade la responsabilidad que tienen sus respectivos partidos y legisladores para cumplir con una tarea que no puede esperar para después: construir la nueva vida institucional, sustentada en el orden legal, bajo un sistema político democrático