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textos ¿Justicia sin política?
Lorenzo Córdova Vianello
Justicia y política son dos aspectos de la vida en sociedad que, al menos desde la antigüedad clásica, han estado íntimamente relacionados. Hoy las acusaciones del procurador capitalino, Samuel del Villar, y la petición de juicio de procedencia interpuesta ante la Cámara de Diputados en contra del último regente Oscar Espinosa Villarreal, así como las turbias derivaciones del caso Stanley, han puesto en el centro de la atención (y de las críticas) el vínculo existente entre la justicia y la política o, más bien, del uso de la justicia con fines políticos. Desde un punto de vista estrictamente normativo, es decir, en teoría, el papel que juegan los instrumentos de justicia en la "arquitectura" institucional de un Estado y los fines sociales para los cuales fueron instituidos tienden a colocar a la propia administración de justicia por fuera, o por encima, de la contienda política. El objetivo último de un sistema de justicia es el de resolver pacíficamente los conflictos que pueden presentarse dentro de la sociedad; para ello el juzgador debe colocarse por encima de los contendientes y no bajar a compromisos con alguno de ellos. Esa estructura triádica en la cual el administrador de justicia está por encima de los intereses en conflicto es precisamente la que inspira al Poder Judicial. Desde un punto de vista objetivo, la realidad dista mucho de lo que normativamente sería deseable. En los hechos, la política influye a veces de manera determinante en las decisiones judiciales y, viceversa, la administración de justicia ha sido continuamente utilizada para influir en los destinos políticos de una nación. Eso ha ocurrido desde siempre. Basta ver la historia de cualquier país para tener una infinidad de ejemplos. El caso Pinochet, el caso Lewinsky, o los varios juicios entablados por corrupción al líder de centro-derecha Silvio Berlusconi, en Italia, son sólo algunos de los muchos posibles. Todos ellos denotan circunstancias en las que, de una manera u otra, fuertes presiones políticas influyen o pretenden influir en las decisiones judiciales y, por otro lado, estructuras encomendadas de administrar justicia influyen, consciente o inconscientemente, en la política. ¿Ello es reprobable? Sin duda lo es desde una perspectiva axiológica o partiendo desde el punto de vista del sano funcionamiento institucional de un Estado, pero no podemos dejar de considerar que la tendencia a usar, y a veces a abusar, del poder político para influir en la justicia y de hacer justicia para influir en la política es tan vieja como las sociedades mismas. En El espíritu de las leyes, Montesquieu consideraba que de los tres poderes del Estado el de juzgar era casi nulo; ¡qué equivocado estaba! El sistema judicial, en efecto, puede llegar a revestir tal poder como para convertirse, efectivamente, en el fiel de la balanza de los equilibrios institucionales del Estado. Véase el caso de Estados Unidos. Allí una decisión judicial puede echar por tierra cualquier decreto presidencial o poner en estado de interdicción cualquier ley estatal o federal. Si eso no es poder político, no sé realmente cómo llamarlo. Ello, no obstante, tiene un profundo sentido, y es que el moderno Estado de derecho quiere ser esencialmente un "gobierno de las leyes" y no un "gobierno de los hombres" y el mejor garante de que en un Estado gobiernen efectivamente las leyes es, sin duda, un juez. El problema no es pues, desde mi punto de vista, si quien ejerce la función de administrar justicia aprovecha su poder para influir en la política; ello, aunque deplorable desde una perspectiva normativa, ocurre, insisto, en todos lados y desde tiempos inmemoriales (que una decisión jurisdiccional no tenga implicaciones políticas es algo inevitable); lo importante es que el derecho prevalezca y que en ningún caso, por una decisión política, se apliquen indebidamente o dejen de aplicarse las leyes. Esta es la sencilla premisa en la que se funda el Estado de derecho y, consecuentemente, la democracia Lorenzo Córdova Vianello es doctor en Teoría Política por la Universidad de Torino. |
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