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Los resultados del segundo monitoreo a los noticieros de medios electrónicos difundidos por el Instituto Federal Electoral en abril vienen a confirmar que en materia de difusión de las campañas presidenciales hay un evidente equilibrio entre los principales contendientes que, por sí mismo, constituye una de las novedades que aporta este proceso electoral.

Los datos del monitoreo han sido proporcionados por la empresa Berumen, y en ellos se constata que por primera vez en nuestra historia de proselitismo electoral hay un candidato opositor que recibe más espacio en los noticieros televisivos que el abanderado priista. Así, entre el 13 de febrero y el 11 de marzo, Vicente Fox tuvo 34.1% del tiempo; Francisco Labastida, 28.7%; Cuauhtémoc Cárdenas, 24.8%; Manuel Camacho, 1.9%; Porfirio Muñoz Ledo, 6.5%, y Gilberto Rincón Gallardo, 3.9%.

En radio el panorama no es muy diferente, pues la distribución del tiempo de noticias sobre campañas a nivel nacional es como sigue: 31.1% para la Alianza por el Cambio; 32.5% para el PRI; 26.5% para la Alianza por México; 3.4% para el PCD; 3.9% para el PARM y 2.5% para Democracia Social. Un hecho que se repite en los dos periodos de monitoreo que hasta ahora se han cubierto, es la amplia diferencia que existe entre las tres principales alternativas electorales y los tres partidos que obtuvieron su registro de forma reciente y que concurren a la elección con candidatos propios. No obstante, esa distancia es incluso menos drástica que la que se establece, por ejemplo, en materia de financiamiento público que se fija por ley, siguiendo la fórmula establecida por el Legislativo en 1996 (a los partidos que no han participado en elecciones previas y no cuentan con representantes en el Congreso les corresponde, a cada uno, 1.8% del financiamiento público total).

Además de la distribución bien proporcionada entre los tres principales candidatos, el monitoreo informa que 91.1% de las notas en radio y 96.8% de las de televisión fueron emitidas sin valoración alguna por parte del medio electrónico, de tal forma que la presencia en los medios no implica que sea para recibir ataques, sino fundamentalmente para que se conozcan las actividades y los dichos cotidianos de las campañas.

Ahora bien, más allá del tono de los discursos proselitistas, que con demasiada frecuencia está inundado de ataques de mal gusto que no dejan de ser responsabilidad de los propios candidatos que incurren en ellos y de las fuerzas que los postulan, lo cierto es que los medios de comunicación masiva están generando información sin sesgos hacia una opción en particular, mostrando así una conducta más en sintonía con una cultura que refleje la pluralidad existente en el país. Este cambio de los medios, que se asienta y constata elección tras elección, brinda una oportunidad para hacer de las campañas ese momento donde se presenten los diagnósticos y las propuestas del país que han desarrollado las fuerzas políticas electorales a un amplio número de ciudadanos atentos, aunque no es posible asegurar que todos los abanderados estén por la labor de aprovechar tal oportunidad.

Por otro lado, insistiendo en otra novedad de esta elección presidencial frente a las anteriores es el equilibrio que se da, nuevamente entre las alternativas con más arraigo, en lo que hace a sus recursos financieros. En este terreno no es el PRI quien recibe más apoyo público, cosa que tampoco tiene precedentes. La Alianza por México cuenta con un monto de 501 millones 658 mil 911.02 pesos para sus campañas, que supera al PRI que tiene 445 millones 719 mil 873.05 pesos y la coalición Alianza por el Cambio con una suma de 443 millones 363 mil 747.7 pesos. El diseño electoral mexicano esta vez le da al PRD y sus aliados 34.1%, al PRI 30.3% y al PAN-PVEM 30.2%.

Estos dos elementos -la pareja distribución de la presencia en los medios y en el acceso al financiamiento público- le dan al actual proceso un componente de equidad que no habíamos tenido. Indican, además, que la reforma electoral de 1996, fruto del acuerdo entre los partidos representados en el Congreso, atendió una de las principales asignaturas pendientes de 1994 en lo que hace a las condiciones de la competencia.

En suma, nuestras reglas electorales parecen estar lo suficientemente maduras y desarrolladas, precisamente por cómo se construyeron en los últimos años: a partir de diagnósticos precisos los partidos avanzaron en los temas que consideraban fundamentales para asegurar la credibilidad de los procesos electorales, y tras acuerdos y pronunciamientos que trataban de atajar tanto la desconfianza como los síntomas de polarización de la vida política que pudiesen incluso desbordar el piso común de disputa y convivencia, plasmaron en leyes sus principales consensos. Ahora que las normas están claras, corresponde a los actores nutrir al juego democrático de sustancia y de propuestas para que, entre otras cosas, el esfuerzo hecho en materia electoral haya valido la pena