¿Por qué creerles
a las encuestas?
Ana Cristina Covarrubias/
Rafael Giménez

¿Para qué deberían
servir?
Ricardo de la Peña

Cuatro causas
Francisco Báez Rodríguez

Cuando un chiste
pierde gracia
Adrián Acosta Silva

Para tratar de comprender por qué en México apenas comienza a arraigar la costumbre de medir estadísticamente el comportamiento de los ciudadanos cuando es llegado el caso en que deben elegir una opción, comercial o electoral, y por qué pueden ser aún tan manipulables muchos de estos estudios demoscópicos, es necesario remontarnos un poco en nuestro pasado reciente.

Con el objetivo de promover y consolidar el desarrollo económico de nuestro país, el gobierno mexicano puso en marcha, a partir de los años 30, una política proteccionista en favor de los industriales nacionales que mantuvo cerradas nuestras fronteras comerciales, de tal suerte que durante varios lustros la inmensa mayoría de los mexicanos no tuvimos más opción que consumir lo que se producía en el país. El hecho de contar con un mercado cautivo provocó entre los industriales y entre los comerciantes mexicanos un ambiente de escasa competencia y un interés casi nulo por alcanzar estándares de excelencia en la fabricación de mercancías o en la prestación de diferentes servicios. De otra parte, la existencia durante varias décadas de un partido político hegemónico que enfrentaba una escasa competencia electoral de los partidos opositores al régimen generó a su vez un casi inexistente ambiente de competencia política y electoral y un reducido interés de los ciudadanos por informarse y participar en los procesos electorales; derivado de este fenómeno, también en los medios de comunicación -cuya operación financiera dependía básicamente de la publicidad oficial- se reprodujo el mismo esquema.

Así como los comerciantes no tenían que esmerarse en el control de la calidad de sus productos ni en conquistar mercados, el partido hegemónico tampoco tenía que esforzarse gran cosa por conquistar los votos de los ciudadanos -su interés radicaba no tanto en captar su simpatía, sino en llevar al mayor número posible de sufragios a las urnas- ni los medios informativos debían procurar allegarse lectores, radioescuchas o televidentes, pues su actividad se circunscribía básicamente en reproducir los boletines que le eran transmitidos desde las instancias oficiales.

Sin embargo, a raíz tanto de la apertura comercial como política que tuvieron lugar en nuestro país hace poco más de una década, el ánimo de competencia -entre los industriales y comerciantes por atraer consumidores, por una parte, y por la otra, entre los partidos políticos por ganar votos, y los medios por conseguir mayor audiencia- dio lugar a que la práctica de realizar estudios de mercado y sondeos de opinión apareciera y se multiplicara rápidamente. Los mexicanos llegábamos tarde a una práctica que es común en casi todas las democracias modernas: aquélla que, en el objetivo de conquistar mercados de todo tipo -comercial, informativo, político, electoral-, busca allegarse de todos los elementos que puedan resultar útiles en el diseño de la estrategia más adecuada para lograr determinados fines y que, además de generar un saludable espíritu de competencia, prohija en los competidores el interés por diseñar y ofrecer la mejor propuesta, aquélla que sea capaz de ganar un mayor número de consumidores. La apertura política y comercial nos introdujo, entonces, de golpe y porrazo en el contexto de una actividad que nos era desconocida: los estudios de mercado.

Es a partir de 1988 cuando comienzan a realizarse en México los primeros sondeos electorales, producto de un escenario de real competencia política. A partir de entonces, la elaboración de estudios de opinión fue incrementándose y no ha dejado de estar presente en los procesos comiciales -federales y locales- que han tenido lugar en nuestro país en los últimos 12 años.

Teóricamente, las encuestas preelectorales deberían estar orientadas exclusivamente a tomar el pulso político de los ciudadanos; sin embargo, lo cierto es que un gran número de ellas son manipuladas para tratar de inducir determinados comportamientos, y aunque, si bien hasta hoy no es posible afirmar que la manipulación de los sondeos de opinión ha servido para modificar el sentido del voto de un número tal de ciudadanos que haya hecho variar el resultado final de una elección, no podemos dejar de comprobar que ésta constituye una práctica deplorable que invariablemente ha estado presente en algunos partidos y actores políticos en nuestro país.

Manuel Camacho Foto: Santiago Salmerón/Contraluz

Dado que en México estamos prácticamente estrenándonos en la cultura de los estudios demoscópicos de corte político y electoral, la gran mayoría de quienes forman parte del conglomerado que se conoce como "opinión pública", no está aún imbuida acerca de la función que deberían cumplir estos instrumentos de medición ni del papel que toca acatar a las empresas encuestadoras en el diseño, realización e interpretación de sus sondeos; tampoco lo está del papel y la responsabilidad que corresponde a los medios de comunicación en la difusión de los resultados. Los consumidores deberían saber que, cuando los sondeos son utilizados para servir al interés de sus patrocinadores, éstos pierden su valía científica y no son merecedores de la estima social, pues en ellos se ha menospreciado la importancia de sus propios resultados y la hipótesis que se deseaba demostrar, pues lo único que anima su existencia es que los resultados complazcan a quien la ha patrocinado o a quien pretende utilizarlos en su beneficio.

La manipulación de variables en el diseño de las encuestas -definición de la muestra, proyecto del cuestionario, etcétera-, así como la interpretación y difusión de sus resultados, se ha constituido en práctica recurrente en nuestro país, situación que, si bien era conocida y comentada, nunca había sido puesta de manifiesto con tanta puntualidad, como hace apenas unas semanas por el Consejo General del IFE. Derivado del acuerdo CG178/99 del 17 de diciembre de 1999, que estableció los criterios de carácter científico a que deberían someterse los sondeos electorales durante el proceso comicial del año 2000, el IFE determinó que, de 107 encuestas que se habían difundido a partir de noviembre de 1999 -según cifras proporcionadas por esta instancia electoral a finales de febrero último- solamente cinco cumplían con los criterios establecidos en el acuerdo citado. Las protestas en contra del IFE, tanto de partidos políticos como de diferentes empresas encuestadoras, no se hicieron esperar, lo que dio lugar a un intenso debate sobre la utilidad de los estudios de opinión.

Independientemente de quién tenga razón -el IFE, las empresas encuestadoras, o los partidos y actores políticos- en cuanto a la metodología, la interpretación y la difusión de los estudios demoscópicos, lo cierto es que éste era un debate pendiente que, por no haberse realizado antes, estaba soslayando una realidad palmaria: que -quizá producto de nuestra "novatez" en esta materia- no pocos patrocinadores y operadores de encuestas han acudido recurrentemente a la práctica de definir a su conveniencia la metodología de sus sondeos, de realizar una interpretación acomodaticia de sus resultados y de manipular su difusión, condiciones que sin duda afectan al proceso de consolidación de las democracias modernas.

Si bien hemos transitado en un tiempo relativamente corto de un escenario de falta casi total de competencia -política, electoral, informativa y comercial- a otro donde la competencia es ya práctica inveterada, los mexicanos nos encontramos todavía dentro de un inacabado proceso de perfeccionamiento de nuestra joven democracia.

Los sondeos de opinión no son, no deben ser, un instrumento que sirva al interés de quienes los patrocinan, por encima del interés de los ciudadanos. Los estudios demoscópicos deben constituirse en herramientas orientadas exclusivamente a escrutar la percepción de los ciudadanos respecto de un asunto determinado en un momento histórico estipulado, para apuntalar la elaboración de diagnósticos certeros y la proyección de escenarios lo más apegados posibles a la realidad, y deben constituir una fuente de información confiable que sirva a los ciudadanos -a los consumidores en general- en la definición última de la opción que consideran más apropiada a sus intereses