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nostalgia Caso Stanley
Julián Andrade Jardí
Se cayó el caso Stanley. El testigo estrella, el mitómano, Luis Gabriel Valencia dijo, ante notario, que fue amenazado y que el procurador del DF estaba al tanto de sus mentiras y pide, de paso, que se libere al "Cholo" y a Paola Durante por ser inocentes. ¿Podemos creerle? Quién sabe y ahí radica el problema, la PGJDF no quiso admitir que un testigo de semejante calaña no puede ser utilizado. El señor Valencia, según él mismo, tiene la facultad de "ver lo vivido y lo no vivido", come navajas de rasurar y declara al mejor postor. La crisis es mayúscula y la permanencia del procurador debería ser evaluada. Se apelará al momento político y al electoral, pero la ley debe imperar en la ciudad. La procuraduría capitalina se convirtió en una maquinaria de fabricar culpables, de destruir gente inocente en nombre de un partido que extravió, hace mucho, la moral y la ética. La infamia de tener presa a Paola Durante también tiene que ser reparada. No es posible que no recobre su libertad cuando quien la acusa señala que mintió porque su familia fue amenazada. Espinosa, el molino de carne El caso de Oscar Espinosa muestra dos de nuestras más graves desgracias: la justicia como venganza y la corrupción política a gran escala. Las cosas se mezclan porque, en efecto, el procurador capitalino soltó la bomba cuando más convenía a los intereses electorales de su partido y porque Oscar Espinosa es uno de los funcionarios menos presentables de la administración zedillista. Jubilado con sólo tres años en Nacional Financiera, Espinosa engloba buena parte de los errores de un gobierno que no ha sabido explicar sus decisiones ni aclarar múltiples asignaturas, entre ellas, el financiamiento de la campaña en 1994. Esta ausencia de rendición de cuentas provoca, entre otras cosas, que casos juzgados continúen en la arena pública y sean parte de polémicas interminables. Lo anterior no quita, tampoco, que las acusaciones se engloben en lo que ya es el anuncio de una guerra sucia que puede alcanzar niveles insospechados. La discusión, los próximos días, será alrededor de la inmunidad jurídica con que cuenta Oscar Espinosa y el costo político que pagará el priismo por este enredo. ¿Renunciar o no renunciar? Ese es el dilema. La ley le concede inmunidad judicial, lo que quiere decir que no se podrá ejercer acción penal en su contra en tanto sea funcionario, mientras la Cámara de Diputados no emita una declaración de procedencia. Pero en el caso poco probable de que la oposición no se ponga de acuerdo, cuando Espinosa deje de ser funcionario, la Procuraduría puede proceder en su contra. Se trata de proteger al puesto y al funcionario y no a quien lo ocupa. Saber hacer cuentas será vital para el futuro del candidato en la capital y para las aspiraciones de Francisco Labastida. Todavía no tenemos datos respecto al impacto en intenciones de voto, pero es evidente que no beneficiarán al PRI. Se tendrá que conocer, también, cuál fue el destino de los 420 millones de pesos y si éstos fueron utilizados en pagos a medios de comunicación. Revelar lo anterior podría tener un alto costo para todo el sistema de complicidades, pero acaso serviría para oxigenar la relación de la prensa con el poder. Es difícil, si no imposible, que esto ocurra, pero es evidente que no estaría mal. El sótano donde se reparten embutes y en el que se hacen negociaciones poco decorosas es poco conocido por los ciudadanos, aunque las sospechas que genera la relación de la prensa con el poder son evidentes. Todo parece indicar que de ahí es el dinero que tanto preocupa al señor Del Villar. Lo que no deja de ser lamentable es la actitud de la PGJDF, con funcionarios envalentonados y con una ausencia total de ética. Las amenazas de procurador contra diputados dejan en claro la soberbia de un funcionario que se siente intocable, ungido por su calidad de iluminado y sometido a todas las perversidades de los cazadores de brujas. De esto hay mucho en el asunto que hoy ocupa los desvelos del secretario de Turismo. En fin, la suerte del secretario de Turismo puede ser la del partido en el poder. Por eso es imperativo que la ley sea acatada, sobre todo por la Procuraduría, ajena a cualquier tipo de autocrítica. El momento de presentar la denuncia es oportunista, pero el secretario debería enfrentar de modo legal a quienes lo acusan. No es fácil, sobre todo porque no existe equidad alguna, pero en eso el PRI tiene también buena parte de culpa. Están pagando toda una historia de posposiciones donde las procuradurías estuvieron al servicio del poder, como ahora, pero como siempre Julián Andrade Jardí es subdirector de Información del periódico Crónica. |
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