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Los sondeos de opinión, las encuestas con una metodología seria que se han publicado desde el inicio de las campañas, los resultados electorales previos a estos comicios, el tipo de acceso al financiamiento público que tienen los partidos políticos y coaliciones contendientes, así como el espacio que éstos han merecido en los medios de comunicación, nos hablan de una contienda sumamente disputada, de la que es natural esperar un resultado que confirme dos rasgos claves de nuestro joven sistema de partidos: la desaparición de las mayorías absolutas y la presencia determinante de tres grandes fuerzas políticas.

De ahí que también sea factible augurar que el candidato que obtenga la Presidencia difícilmente contará con un grupo parlamentario propio que le garantice ya no sólo la posibilidad de realizar enmiendas constitucionales, como ocurrió durante varias décadas de nuestra historia postrevolucionaria, sino que incluso habrá que sumar a diputados de la oposición para lograr acuerdos como los referidos a la aprobación del presupuesto anual, como ocurre desde 1997.

Así, la evolución de la competencia democrática, que por necesidad estuvo centrada en los años previos en el tema de la legitimidad de la representación política, esto es, en la credibilidad del procedimiento electoral, ahora abre un nuevo campo para confrontar y también para los acuerdos en temas que se relacionan con la gobernabilidad en un sistema que confirma su pluralidad.

A la fecha, tras dos meses y medio de campañas, los abanderados presidenciales han puesto, como es obvio, énfasis en las diferencias con los adversarios y han relegado sus posibles coincidencias. Sin embargo, en las cápsulas donde los candidatos opinan sobre asuntos específicos de interés público, afloran ciertas propuestas comunes, y ese hecho también es constatable en no pocos puntos de las plataformas que los partidos y coaliciones registraron ante el IFE.

Aun así, a partir del 3 de julio, una nueva agenda estará abierta y por obligación los partidos habrán de atenderla. La gobernabilidad no será votada, en el sentido de que nadie contará con los votos suficientes en el Congreso para gobernar sin considerar al resto, por lo que esa gobernabilidad, para ser tal, habrá de ser pactada entre los partidos con representación en el Congreso. En concreto, ¿cómo se dará la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo? ¿Qué reformas habrá que pactar para evitar que la pluralidad del voto se convierta en dique para las tareas de ambos poderes?

Las plataformas arrojan ciertas luces, que quizá sirvan como guía para ordenar los trabajos y las disputas a la hora de que se instale la nueva Legislatura y tome posesión la siguiente administración federal. Van, de forma telegráfica, en las líneas que siguen, algunas de esas coincidencias:

° Todas las plataformas contemplan, con el fin de fortalecer al Legislativo, la reelección de legisladores y su profesionalización.

° Impulsar una reforma constitucional para que los secretarios del Ejecutivo sean avalados y sancionados por el Legislativo aparece en las propuestas de la Alianza por México y Democracia Social.

° En lo que hace a las dificultades para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, tanto el PRI como Democracia Social plantean crear un dispositivo constitucional para que, en caso de no aprobarse el presupuesto, entre en vigor el del año anterior. El PRI, además, contempla estudiar la capacidad de veto del Ejecutivo, así como establecer tiempos límite para la aprobación de iniciativas para prevenir la parálisis legislativa, y ambos consideran la participación del Senado en la aprobación del presupuesto.

° Democracia Social y el PRI coinciden, por otra parte, en la pertinencia de que el Congreso dé seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, aunque DS propone también la aprobación del Plan en el Congreso.

° En otro capítulo, las alianzas proponen crear las figuras de plebiscito y referéndum, aunque no especifican en qué casos. La Alianza por el Cambio propone una segunda vuelta en la elección presidencial.

° El PARM es el que va más allá al proponer una república parlamentaria, dividiendo al Ejecutivo en dos órbitas: la del jefe de Estado y la del gobierno con su propia jefatura, emanando ambas del Congreso.

° Con el fin de despartidizar las instituciones públicas, en todas las plataformas se hace hincapié en la necesidad de crear el servicio civil de carrera.

Estas son coincidencias mínimas, similares a las que pueden rastrearse en otros temas (economía, justicia, seguridad social, etcétera), que pueden representar la materia de discusión en las nuevas estaciones del tránsito democrático de México. Sin embargo, si los principales contendientes no se comprometen con el respeto a los resultados del 2 de julio es difícil que se comprometan a algo más. Y saber acatar el veredicto electoral, haciendo uso de todos los recursos que la ley ha puesto en manos de los actores centrales pero también reconociendo la derrota cuando ésta es fruto de las preferencias soberanas del electorado, es la principal prueba de madurez que deberán acreditar los partidos dentro de 88 días