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PGR, muerte y corrupción

Julián Andrade Jardí

Foto: René Mayoral

La estela de muerte continúa en la PGR (Procuraduría General de la República). Todavía no se reponía esa maltratada institución del suicidio del oficial mayor, cuando en pleno Paseo de la Reforma un grupo de sicarios intentó asesinar a Cuauhtémoc Herrera Suástegui, ex coordinador de la unidad de combate a la delincuencia organizada.

Se le creyó muerto por la incompetencia de las autoridades, que no pudieron identificar el cadáver, hasta mucho después, pero que permitieron cinco largas horas de especulaciones.

Herrera Suástegui entró en el jet-set policiaco en los tiempos de Antonio Lozano Gracia. Brazo derecho de Samuel González Ruiz, encabezó las investigaciones más delicadas de la PGR y continuó en su cargo con Jorge Madrazo. Antes pasó por Jalisco y Baja California. En Tijuana sustituyó al doctor Ibarra Santés, acribillado en Villa Coapa.

El senador Francisco Molina Ruiz señaló, hace unos días, que Herrera Suástegui era un abogado competente y honesto y por eso había encabezado la depuración de la policía judicial que culminó con el despido de 700 elementos. Molina sabe de lo que habla, porque fue el encargado de combatir al narcotráfico a principios de sexenio, hasta que fue sustituido por el general Gutiérrez Rebollo.

A Cuauhtémoc Herrera lo implican en el cártel de Juárez informes y documentos de la DEA. En México, a decir de Mariano Herrán, no se cuenta con las pruebas suficientes para detenerlo. Al menos hasta antes del atentado.

El ex judicial estaba acompañado de una abogada de Monterrey experta en defensa de narcotraficantes y estafadores. Herrera la había elegido como representante legal en sus litigios con la Procuraduría, donde tenía que aclarar, ese mismo día, los dichos de la DEA y las denuncias en su contra presentadas por hoteleros de Cancún.

Desde hacía meses no veía la hora de terminar con los señalamientos en su contra. Del poder absoluto, con el que involucró a diversas personalidades y no siempre con pruebas, pasó al terreno fangoso de los indiciados a los que no se les sigue proceso alguno pero que saben que en cualquier momento pueden ser detenidos.

Decir que algo muy grave acontece en la PGR es un lugar común, pero hacernos cargo de la gravedad del asunto es prioritario para la salud y el funcionamiento más o menos decoroso de nuestras instituciones.

Quizá lo que resta del sexenio la PGR sea una especie de enfermo en coma, sin mayores esperanzas de vida, pero sin una determinación para cortar por lo sano.

Más que complicada será la agenda de procuración de justicia para el próximo Presidente, quien tendrá que enfrentar una institución infiltrada por el narco y con una imagen pública deteriorada.

Era la gran promesa del sexenio actual. Terminar con la incertidumbre, combatir al crimen organizado y aclarar los crímenes políticos, hoy sólo son problemas pospuestos, engendrando su propio veneno y creando peligros, todavía no valorados, para la vida pública.

Se terminará el actual gobierno y tendremos que escuchar la cantaleta de lo que falta, de lo que quedó pendiente en ese molino de corrupción que es la PGR

Julián Andrade Jardí es subdirector de Información del periódico Crónica.

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