Sin nada que deber ni nada que temer, un invitado ajeno a los intereses, pasiones y fricciones que caracterizan a toda competencia es el mejor cronista de lo que acontece. Nadie será más justo para evaluar la actuación de un árbitro, de los equipos contendientes e, incluso, de los aficionados y apostadores, que un espectador experto en el deporte en cuestión pero totalmente despreocupado por los resultados de la contienda. Además, si dicho personaje es el representante de una liga deportiva a la que desean incorporarse todos los involucrados en la competencia (jugadores, equipos, dueños, árbitros y algunos aficionados) y se encuentra en el estadio por una invitación de los propios interesados, es muy probable que el partido, por más intenso e importante que sea, se realice respetando las reglas del juego. Ante los ojos de tan distinguido invitado nadie se atreverá a echar mano de ventajas ilegítimas, a sobornar al árbitro, a alterar las medidas de la cancha o a computar "goles" que no hayan sido anotados. La decisión de jugar limpio y de aceptar los resultados del partido tuvo que adoptarse antes de invitar al testigo de la limpieza.

Los observadores electorales a nivel internacional desempeñan ese papel de testigos preventivos y disuasivos, como expresamente lo señala Nguyen Huu Dong en la conferencia que expuso en el III Congreso Internacional de Derecho Electoral, la cual se reproduce en esta edición de etcétera. Asisten a constatar la calidad democrática de una elección determinada (coadyuvando en algunos casos a su implementación) para dar testimonio ante la comunidad internacional del nivel de democratización de la nación que los invita. Como las reglas básicas de la democracia son siempre las mismas y su vigencia es relativamente fácil de constatar, los observadores internacionales pueden detectar rezagos y ponderar avances. Después de todo, para determinar si una elección fue o no democrática, no hace falta inventar el hilo negro: si los partidos políticos compiten en igualdad de condiciones, los ciudadanos ejercen libremente su derecho al voto y la autoridad electoral actúa de manera imparcial, se cumplen las condiciones mínimas del proceso político característico de las democracias. Tal como Dong lo resalta, "los valores democráticos... son los valores más globalizados": el ABC de la democracia electoral es idéntico en México, en Yemen, en Eritrea o en Estados Unidos.

De ahí la trascendencia de la labor que realizan Dong y sus colegas y la viabilidad del programa de observación y asistencia electoral que tienen a su cargo. En la medida que crece el ámbito territorial de vigencia de la democracia electoral, la misión de Naciones Unidas adquiere mayor relevancia. Se trata de transmitir a los países en vías de democratización los secretos de un procedimiento simple pero fundamental para la coexistencia pacífica: la organización de comicios incuestionables. La sola presencia de estos observadores internacionales supone la existencia de una condición necesaria para la democracia: se les invita a participar cuando los actores políticos del país en cuestión han decidido contender con limpieza y atenerse a los resultados de la contienda. De otra manera su permanencia y asesoría encontraría un terreno árido y seguramente hostil: son invitados, no interventores.

Bajo esta óptica, los trabajos que realizan estos expertos en materia electoral deben observar un rasgo fundamental: el respeto a la cultura y a las tradiciones de los países anfitriones. Si el ABC de la democracia es idéntico en todo el mundo, el colorido y el sabor de cada elección están dados por la historia de cada pueblo. El ingenio que permitió contar con una credencial con fotografía a las mujeres en Eritrea y en Yemen o la osadía que facilitó el voto en Sudáfrica son los equivalentes a la tortuosidad jurídica que da vida a la democracia mexicana. El ideal democrático es igual a lo largo y ancho del "globo" y esto supone el respeto y acatamiento de determinadas reglas mínimas y fundamentales. Pero la democracia está condimentada con elementos irrepetibles y particulares que permiten el arraigo de ese fenómeno político en cada país de acuerdo con su cultura e historia propias. Dong expresa esta idea con meridiana claridad: "Nuestras preguntas se hacen con un gran respeto a la cultura (en el sentido amplio de confesiones y costumbres) y de las tradiciones nacionales, podemos ayudar a solucionar parcialmente el problema, la solución práctica no puede venir sino de la comunidad nacional o local".

La propuesta de Dong para centrar el debate entre universalismo y culturalismo en un contexto menos tenso y más tolerante se funda en argumentos extraídos de vivencias y experiencias concretas, y es totalmente pertinente. No se trata de simplificar ni menospreciar las buenas razones que sustentan a ambas posturas, sino de ubicar la discusión en un contexto mundial cambiante y en proceso de definición. El surgimiento de nuevas democracias supone que, más allá de los contenidos culturales de cada nación, hay una serie de valores y principios fundamentales compartidos por todos los países que aspiran a la democracia. Este modelo de organización política exige la vigencia de determinadas condiciones que, al margen de las características de cada país, deben hacerse presentes. Este hecho hermana a todos los países democráticos y abre la puerta para la existencia de misiones internacionales como la que encabeza Dong. La democracia es un fenómeno único y en proceso de universalización: los países que aspiren a formar parte de "la liga de las naciones democráticas" deben observar puntualmente una serie de procedimientos que son idénticos en todos los casos y, a partir de ese hecho, pueden condimentar con prácticas y costumbres propias a su sistema democrático. Un fenómeno universal con ingredientes particulares.

Elecciones en México Foto: Juan Pablo Cruz/Visor

Otro dato crucial que se desprende de la exposición de Dong es el que se refiere a la relación entre el observador internacional y la legislación electoral del país que se visita. La democracia se traduce, necesaria e invariablemente, en reglas jurídicas. Desde esta óptica, el evento electoral no es otra cosa que la aplicación práctica de un conjunto de normas que determinan: a) quién organiza las elecciones; b) bajo qué procedimiento lo hace; c) quiénes y en qué condiciones compiten por el poder, y d) cuáles son los requisitos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir a los gobernantes. Por ello, el respeto al derecho electoral es la precondición básica de toda democracia: la aceptación y cumplimiento de las reglas es el fundamento de la aceptación de los resultados. En esta tesitura, todos los actores involucrados en un proceso electoral deben ser consumidores de derecho. Es fácil suponer la delicada situación del experto internacional en relación con este tema: con absoluto respeto a la legislación de cada país, deben constatar que su contenido garantice la viabilidad de la democracia y, lo más importante, que las reglas se observen en la práctica.

Es cierto que los observadores internacionales son consumidores de derecho pero, aunque Dong no lo diga, también son sensores y evaluadores del derecho electoral de la nación a la que asisten. De otra forma su papel de "testigos preventivos y disuasivos" estaría limitado desde un principio: para cumplir con su misión, primero deben testificar que la legislación vigente del país permita la organización de elecciones democráticas para, posteriormente, dar fe de que dicha legislación fue respetada. Para aparecer en el catálogo de países democráticos es indispensable contar con normas jurídicas que consagren y garanticen a la democracia. Desde esta perspectiva, el primer dato a observar es la "calidad" de la legislación electoral de las naciones en vías de democratización. Se trata de que las reglas del juego permitan una competencia libre y equitativa, sancionada por una autoridad imparcial y en la que los ciudadanos tengan la última palabra. Son, precisamente, estas reglas legales las que consagran a las condiciones indispensables de toda democracia: en eso la universalidad de la democracia es incuestionable.

El dato es revelador de un hecho que cobra cada vez más fuerza en la discusión jurídica moderna: para que los países puedan entrar en sintonía en diversas materias propias del "concierto internacional" es necesario homologar el contenido mínimo de sus legislaciones en ciertos campos. Esto no implica desconocer las particularidades culturales a las que ya hemos hecho referencia, pero sí supone acotar los márgenes de "soberanía jurídica" en algunos temas de importancia emblemática. Para entrar en la lista de países "modernos", como ya lo señalábamos, hay que contar con una legislación que contemple ciertas notas esenciales en materia electoral, pero también en otros ámbitos de gran importancia tales como la economía o el respeto a los derechos humanos. El binomio democracia-liberalismo que se reproduce con gran velocidad a lo largo y ancho del planeta está sostenido por cuerpos normativos con características claramente definidas. Efectivamente, el constitucionalismo moderno que tiene por objeto salvaguardar la vigencia de lo que se conoce como "imperio de la ley" (Rule of law) supone el reconocimiento y vigencia de principios traducidos en normas jurídicas que dan vida a la democracia y salvaguardan un amplio catálogo de derechos fundamentales. Si las normas legales no contemplan mecanismos para dar vigencia a esos principios, están fuera de la concepción moderna de Estado de derecho.

Los observadores internacionales no pueden ser consumidores de cualquier derecho, sino de un derecho específico que permita la organización de elecciones democráticas. Sin un cuerpo normativo de tales características es imposible la vigencia de la democracia y, por lo tanto, sería ociosa la observación y asistencia electoral que realiza la misión de expertos de la ONU. Por ello sorprende la ausencia de juristas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Elecciones en México Foto: Salvador Castellanos/Silva

En la elección presidencial de 1994 y en los comicios intermedios de 1997, México contó con el apoyo y testimonio de los miembros del programa que coordina Nguyen Huu Dong. Su participación como asistentes y observadores en las elecciones mexicanas aportó una gran dosis de credibilidad y legitimidad a ambos procesos electorales. El apoyo de la ONU, a través de su misión de expertos, contribuyó a profesionalizar y a financiar a los grupos de observación nacionales que, sobre todo en 1994, dieron un testimonio de compromiso cívico y vigilancia ciudadana. Además, la presencia de los observadores internacionales permitió que la comunidad internacional conociera de manera directa y oficial los avances que se han dado en materia electoral en nuestro país. Fueron éstos los primeros en reconocer que México es una democracia cada vez más consolidada lo que, indiscutiblemente, ha sido de gran importancia para nuestra nación. De hecho, Dong y sus colegas son grandes promotores del sistema electoral mexicano en otras latitudes. Para ellos, nuestro país es un ejemplo en muchas áreas de la organización electoral, lo cual es digno de orgullo y agradecimiento.

En un momento en el cual se debaten los límites que deben respetar los extranjeros que se interesan por los asuntos de nuestro país, es fundamental tener presente lo valioso que resultó para México el testimonio de Dong y de su equipo. Convencidos de que no teníamos nada qué esconder, abrimos las puertas para que observaran nuestras elecciones y obtuvimos a cambio reconocimiento y aliento. Sin chovinismo ni retórica patriotera invitamos a un equipo de extranjeros a observar y dar seguimiento a nuestros procesos electorales, en respuesta encontramos profesionalismo y respeto. La lección es importante: en un mundo donde los asuntos locales cobran importancia global es de gran relevancia permitir la presencia de observadores internacionales cuando la situación lo amerite. Por supuesto no se trata de poner en riesgo la soberanía nacional, pero sí de reconocer que ése también es un concepto inmerso en un proceso de cambio que no podemos detener. La soberanía no se funda en la expulsión y restricción de los no mexicanos, sino en el fortalecimiento de nuestras instituciones para nuestro propio beneficio y de cara al mundo.

La excelente experiencia que hemos tenido con los observadores internacionales en materia electoral es un dato que nuestros gobernantes deben tener en mente a la hora de diseñar los instrumentos que regirán nuestras relaciones con los organismos y agrupaciones internacionales o extranjeras que muestran interés por lo que sucede en México. Debemos aprender a hacer de la necesidad, virtud