primera plana
La nota explosiva
Marco Levario Turcott

Aveces sorprende la facilidad con la que se le dobla la mano al gobierno mexicano. Uno de los episodios más recientes (el último, mientras escribo, pero capaz que sucede otro entre este momento y la publicación de difusiones) es la marcha atrás que se vio obligado a dar en la utilización de la agencia gubernamental Notimex como vehículo para la distribución de publicidad oficial en prensa.

En su reunión de medio año, realizada entre el 10 y el 14 de marzo en Cancún, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a mil 400 publicaciones del continente, lanzó un ataque contra el decreto que otorgaba esa posibilidad a Notimex. Las circunstancias se conjugaron para que el ataque fuera mortal.

La reunión fue inaugurada, en representación del presidente Zedillo, por el subsecretario de Comunicación Social, Javier Lozano. El funcionario aprovechó el momento para abordar el problema de Notimex, que estaba en la agenda de la SIP.

La mayoría de los miembros de la SIP tenía la idea de que el decreto convertía a Notimex en un monopolio virtual, que condicionaría la entrega de publicidad a un comportamiento editorial afín al gobierno. Esta idea fue inyectada por la campaña que armaron los periódicos Reforma y El Norte, que consideraron editorialmente que la intervención de Notimex en la distribución de publicidad atentaba contra la libertad de expresión.

Durante su intervención en Cancún, el subsecretario de Gobernación intentó explicar que de ninguna manera se trataba de un monopolio, sino de permitir a Notimex participar en la competencia por un servicio en el que, de todas maneras, la mayoría de las transacciones se dan sin intermediarios.

El planteamiento fue de tal manera insuficiente y retórico, que provocó una lluvia de intervenciones. Con el Reforma en la mano, se levantaban periodistas de Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Puerto Rico, a exigir que se les tratara como adultos y se les diera una explicación a detalle.

Sólo después de varios reproches, el funcionario acertó a comentar (con párrafos más largos y enrevesados que éste) que no se trataba de un decreto nacido por voluntad del Ejecutivo, sino de la instrumentación de una instrucción de la Cámara de Diputados promovida por los partidos de oposición. Asimismo, señaló que si se trataba de impugnar la presencia de un mero vehículo, como Notimex, lo que estaba a discusión es la existencia misma de publicidad gubernamental. Los conosureños le tomaron la palabra... y se fueron hasta la cocina.

No sólo impugnaron la distribución de la publicidad oficial -que consideran selectiva por definición- o la "competencia desleal" de una agencia gubernamental subsidiada con empresas privadas, sino la presencia misma del gobierno en los medios. Se preguntaron si era parte del papel del Estado ser periodista o agente de publicidad.

Así, cuando Lozano les dijo que enviaría toda la documentación al presidente de la SIP y que si había alguna duda "seremos los primeros en corregir el rumbo", preanunció que doblaría las manos. No tardó 36 horas.

El subsecretario no tuvo la presencia para señalar que al menos parte de la molestia es porque Notimex competiría con empresas asociadas al grupo editorial que publica Reforma y El Norte; tampoco para decir que la publicidad institucional es una fuente muy relevante de ingresos para la gran mayoría de los diarios o que el periódico tradicionalmente más crítico del gobierno federal, La Jornada, es uno de los que recibe, por el tamaño y composición de su público, más publicidad gubernamental.

Cuando los editores del sur del continente tomaron la iniciativa, fueron más allá que sus colegas mexicanos: no sólo pidieron la cancelación del proyecto de utilización de Notimex como agencia de distribución publicitaria, sino su desaparición o venta. De nada valieron los argumentos de los periodistas nacionales y la SIP aprobó por mayoría el resolutivo. Con rápidos reflejos defensivos, Gobernación se echó para atrás, con el propósito de salvaguardar la integridad de la agencia de noticias. La SIP podía cantar victoria y enseñar sus músculos.

El episodio nos deja varias lecciones: 1) las campañas de algunos diarios mexicanos pueden soltar fuerzas que luego ellos mismos son incapaces de controlar; 2) que cada vez será más difícil para el gobierno mexicano presentar iniciativas sobre medios si no consensa, desde antes, sus propósitos y si no delimita con cuidado sus alcances; 3) que, ciertamente, este gobierno ha tenido problemas serios para explicarse (desde el texto del acuerdo cancelado, que utiliza la palabra "debe" para algo que no era obligatorio, hasta las dificultades para pisar el más mínimo callo ante cualquier público escéptico u hostil); 4) que la capacidad de respuesta de la SIP es rápida y contundente, aunque no siempre entienda a fondo de qué se trata el asunto