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La página 4 de la sección principal del periódico Reforma en su edición del lunes 13 de marzo informa con detalle de las actividades de cuatro de los candidatos a la Presidencia de México que asistieron a la toma de posesión del chileno Ricardo Lagos. En la media plana que ocupa esta nota se informa con puntualidad y economía de las actividades de los candidatos del PRI, PAN, PARM y PDS, mismas que incluyeron encuentros con presidentes latinoamericanos y funcionarios de diversos organismos regionales, así como declaraciones abiertas para la prensa que se ocupó de seguir sus movimientos.

En el cuerpo de la nota no hay espacio para ninguna clase de comentarios ni preferencias implícitas o explícitas para alguno de los candidatos mencionados, como no sea el informe pormenorizado de sus acciones. Es decir, se trata de una nota eminentemente informativa que cumple con el esquema más simple y al mismo tiempo más eficiente en lo que se refiere al deber primigenio del periodismo: informar. Una información que se sustenta en un sentido del equilibrio y con apego a la pluralidad del hecho noticioso mismo. Hay que añadir que la información que destacó Reforma la recogió de los cables de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) como lo indica el crédito que se puso al calce de la nota.

Notimex, en efecto, ofreció una amplia cobertura de la toma de posesión del nuevo Presidente de Chile y de la actividad de los políticos mexicanos que acudieron a la ceremonia gracias, entre otras cosas, al equipo de corresponsales permanentes que operan cotidianamente en aquel país sudamericano. ¿Qué ocurrió entonces?, que Reforma no contaba con esta infraestructura para mantener informados a sus lectores del suceso de marras y, por lo tanto, acudió a los servicios informativos de una agencia que trabaja precisamente para cubrir este tipo de carencias, confiando de antemano en la veracidad de dicha información.

Al acudir al hilo de Notimex, el periódico capitalino encontró la información que necesitaba para sus lectores y la reprodujo en su parte sustantiva. No se trataba de información sesgada, editorializada de manera perniciosa o con acentos y matices que indicasen algún tipo de parcialidad, era información a secas que el diario retomó en su integridad y que no tendría nada de extraordinario, al tratarse de un proceso cotidiano en la relación de una agencia noticiosa con un suscriptor de sus servicios, a no ser porque el diario en cuestión ha encabezado con diligencia extrema una campaña contra Notimex que empezó por un cuestionamiento sobre los alcances y la naturaleza de las tareas comerciales para las que está legalmente facultada Notimex, y que de la confusión y el cuestionamiento por este hecho se pasó a la abierta descalificación de la existencia misma de la agencia, dando amplia cobertura a la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que en un golpe de astucia "demandó" al gobierno mexicano el cierre de Notimex.

Del primer hecho, que tuvo un desenlace rápido y un tanto desangelado tras el anuncio que hiciera la Secretaría de Gobernación en atención a los cuestionamientos recibidos, ya se ha hablado e informado con amplitud; pero ahora resulta que dejó como estela una beligerante campaña contra Notimex que no se detuvo con la solución que ofrecieron las autoridades de Gobernación para diluir las suspicacias, y que ahora pone de nuevo en el centro del debate la legitimidad o no de la permanencia de los medios de comunicación del Estado.

Es curioso, pero el 15 de marzo, día en que la prensa -destacadamente Reforma- dio cobertura a la declaración final de la reunión de la SIP en Cancún, por medio de la cual se exige al gobierno la desaparición o la venta de Notimex, 18 diarios capitalinos de circulación nacional reproducían en sus páginas nada menos que 121 materiales provenientes de los servicios periodísticos de Notimex; 63 correspondientes a información internacional, 58 al ámbito nacional y 31 tomados del hilo fotográfico de la agencia. En el caso de Reforma, el diario promotor de todo este alegato, aquel día tuvo siete impactos en sus páginas de la información generada por Notimex, menos de su promedio diario, más o menos entre los diez y los 12 impactos. Hay días de mayor presencia de Notimex en los diarios de circulación nacional, particularmente los lunes, cuando logra un promedio de 250 impactos. ¿Qué quieren decir estos últimos datos?, que al mismo tiempo que la SIP decidió lanzar una ofensiva frontal contra la agencia, ésta se mantenía con toda normalidad en el ejercicio cotidiano de sus funciones, mientras que la prensa nacional hacía lo propio al publicar la información que le proporcionan habitualmente los servicios por los cuales contrataron a la agencia.

En los hechos diarios y cotidianos nada nuevo bajo el sol como no fuera el cumplimiento habitual de las tareas tanto de parte de la agencia como de los diarios; mientras que del otro lado la actitud candorosa de algunos de los asistentes a la reunión de la SIP en Cancún -acicateados con malicia y una buena dosis de confusión por la línea editorial sostenida por el diario Reforma-, mostraban su adicción por la picota y por las declaraciones atronadoras, agregando el toque militante a una reunión que de ser un foro de análisis mutó en tribunal inquisitorial -que no "inquisidor", pues ciertamente no se preguntó a fondo por el hecho sino que de un plumazo se dictaminó con severidad no menos miope que extralimitada-.

Es lo de menos, lo cierto es que siguen prevaleciendo en nuestro país confusiones y prejuicios sobre los medios que son propiedad del Estado y que a pesar del tiempo transcurrido prevalece como un debate incumplido. Habrá entonces que regresar a los argumentos ya tantas veces vertidos.

Primero, no es una contradicción insalvable la condición democrática de un país y la existencia de medios de comunicación de propiedad estatal. Contrario a eso, su existencia -siempre y cuando cumpla a cabalidad con la función social a la que se deben- puede contribuir a ampliar el espectro de la oferta y a restituir los equilibrios informativos que tienden a la sobreconcentración de la propiedad o a la uniformidad de los contenidos si se dejan en manos de las pulsiones y las leyes del mercado. Ejemplos de este tipo de medios prevalecen con éxito y normalidad en otras latitudes: la agencia EFE, de España; France Presse, de Francia, y Lusa, de Portugal, entre las agencias de noticias y la BBC, de Inglaterra; la RAI, de Italia; la Deutsche Welle, de Alemania; la RTV, de España o la CBC, de Canadá, en el caso de radiodifusoras y televisoras. ¿No tenemos derecho en México a aspirar a medios de propiedad pública de calidad y excelencia que, además, puedan ser no sólo periodística sino económicamente rentables, como ocurre con la agencia EFE de España, y cumplan a cabalidad con sus funciones como medios de Estado, que no de gobierno?

Segundo, no es cierto que el único "sobreviviente" de los medios de propiedad pública sean Notimex y las estaciones del IMER; hay en el país más de una veintena de televisoras y radiodifusoras que son propiedad del gobierno de los estados, de las universidades estatales y aun de los municipios, que cumplen en su ámbito local y regional funciones de relevancia social, incluida la radio indígena y campesina.

Tercero, hay por supuesto experiencias de medios de Estado que lejos de cumplir con su función informativa se asumen como propagandistas y son expresión de un régimen negado a la libertad de prensa. Las agencias oficiales de países como China, Cuba o Iraq, estarían en este rubro, pero habría que ser muy necio o muy ciego para considerar que México tiene un panorama político similar. Aquí una agencia de noticias del Estado no niega ni cancela la existencia de otras, como ocurriría en la experiencia de los países que hemos citado. No es la expresión de la ausencia total de libertades sino precisamente la confirmación de una pluralidad de ofertas que enriquece el derecho a la información que se reconoce en la Constitución. La transición en México nos ha puesto en una realidad en la que cuatro de cada diez mexicanos son gobernados por un partido distinto al PRI. La oposición del PRD y del PAN gobierna en 11 estados de la República, incluyendo la capital y la segunda y tercera ciudades en tamaño y generación de riqueza del país; gobierna también en más de una docena de las capitales de los estados de la República; tiene la mayoría relativa en la Cámara de Diputados, y la mayoría absoluta en por lo menos diez legislaturas locales. Ante un panorama así, la pluralidad se impone y el deber del equilibrio informativo aparece no ya sólo como un propósito de profesionalismo sino como un hecho ineludible.

Habría entonces que preguntar a los nuevos detractores de Notimex si conocen la información que genera la agencia en los múltiples sitios donde gobierna la oposición -prácticamente la mitad del país-, y si acaso encuentran algún sesgo de imparcialidad o malicia en esos casos. Anticipo la respuesta: me temo que no la conocen. ¿Por qué no se tomaron la molestia de averiguar en las oficinas de prensa de gobiernos estatales como el de Jalisco o el de Zacatecas -ambos en manos de la oposición- y ponderar si hay o no equilibrio y sobriedad periodística en la información que en dichos lugares se genera y que transmite Notimex en sus servicios habituales? Más aún, hubiese bastado con preguntar a los gobernadores y otros políticos de oposición, si sus actividades públicas durante giras de trabajo fuera del país cuentan o no con la cobertura informativa de las corresponsalías de Notimex en el extranjero. La respuesta positiva hubiera al menos matizado el contenido supino y arrogante de la declaración de la SIP promovida por Reforma. Es posible medir cuantitativa y cualitativamente el equilibrio en los contenidos informativos de Notimex, y seguramente también es posible mejorarlo, pero para hacerlo, es decir, para examinar a fondo su desempeño, se requiere de una voluntad y una paciencia que no mostraron quienes sin elementos sustentables ni datos a la mano sugirieron la desaparición.

Aun suponiendo que el desarrollo político del país hubiese retrasado o limitado la existencia de medios de comunicación de propiedad pública que cumplan a plenitud con su condición de medios de Estado y que no se desvirtúen en el mero afán "gobiernista", ¿habría entonces que buscar caminos para su reforma o atajos para su extinción? Pensemos en el caso de nuestras instituciones electorales: de seguir con la lógica de la SIP y sus instigadores, en México no se debió reformar a las instituciones electorales en vista de su pertenencia al gobierno, sino desaparecerlas. Es una tontería, la elección del camino fácil que conduce a soluciones difíciles, equivalente en tono y desaliño a las declaraciones de algún empresario que sugirió cerrar a la UNAM, en vista de que la huelga había demostrado que "no servía", y lo mismo se podría sugerir en el caso de las instancias que vigilan el desempeño de los funcionarios públicos, ¿habría que desaparecer a la Contraloría de la Federación porque siguen surgiendo casos de funcionarios corruptos?, ¿o es más prudente y lógico reformarla para hacerla más eficiente?

En el océano proceloso de opiniones a las que convocó este litigio de pronto vemos reunirse posiciones tradicionalmente confrontadas. Parte de la exigencia viene de quienes sistemáticamente se han opuesto a reglamentar en materia de información, pero ha encontrado eco entre especialistas que promueven la urgencia de poner reglas y normas al ejercicio periodístico; se impulsa por quienes defienden con estoicismo y se desgarran en nombre de la libertad de prensa, pero que sólo entienden la crítica a los medios y a los periodistas como censura o amenaza; en el mismo saco entraron esta vez quienes postulan al periodismo con los dogmas del mercado, y algunos de quienes defienden la importancia de la responsabilidad social de los medios. Esta singular alianza expresa en todo caso la enorme confusión que pesa alrededor de este desaguisado, y la necesidad apremiante de hacer de esto un debate menos ampuloso y más comprensivo.

Por fortuna, el asunto de la participación de Notimex en el negocio de la intermediación en materia de publicidad quedó atrás antes de que pudiese enturbiar el clima preelectoral de México, pero ahora debe aprovecharse la coyuntura que generó para discutir de una buena vez si hay o no lugar en México para la subsistencia de medios de carácter público que contribuyan a fortalecer la responsabilidad social del periodismo y a su vez que contribuyan a garantizar el derecho de los mexicanos a la información en el marco de un Estado democrático. Este tema demanda algo más que un comunicado apresurado de la SIP o un editorial disfrazado del Reforma