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textos Apabulla, el Partido Popular
Ludolfo Paramio
Las elecciones generales del 12 de marzo han arrojado un balance desastroso para la izquierda y han permitido al Partido Popular alcanzar una meta que probablemente había descartado: la mayoría absoluta. Con 183 escaños sobrepasa holgadamente la mitad más uno de los 350 del Congreso de los Diputados, y por tanto puede legislar en cuestiones ordinarias sin ningún tipo de negociación o concesión a otros grupos. Para rematar, una victoria aún más abrumadora en las elecciones a senadores, combinada con la ventaja que ya posee en los senadores de designación autonómica, le permitirán contar con casi las tres quintas partes de la Cámara alta, lo que quizá no es importante pero completa la desolación de los partidos de oposición. Sin duda, el primer perdedor es el PSOE, que ha obtenido casi un millón 600 mil votos menos respecto de las elecciones generales de 1996. Este retroceso, unido a un avance en medio millón de votos de la derecha, sitúa la distancia entre ambas fuerzas en más de diez puntos, frente al punto y pico que marcó la victoria de Aznar en aquel año, y a los 4-5 que ahora le atribuían las encuestas. La magnitud del desastre ha llevado al candidato y secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, a presentar una dimisión que se prevé irrevocable, la cual obligará al partido a adelantar su próximo congreso -que en principio debería haberse celebrado en octubre- para elegir una nueva dirección. Antes de analizar las causas del retroceso del PSOE y de la izquierda en general, conviene mencionar al segundo gran perdedor del día 12. Pese a haber obtenido resultados muy razonables, la coalición nacionalista catalana (CiU) ha dejado de ser para Aznar el socio de gobierno imprescindible que fue durante los pasados cuatro años. Este hecho tuvo su inmediato reflejo en la calle Genova, frente a la sede del PP, en la noche electoral: los cachorros de la derecha española pudieron volver a recitar su sonsonete preferido, súbitamente acallado en 1996 al descubrir la insuficiencia de sus resultados: "Pujol, enano, habla castellano". Ahora Pujol deberá postergar las reclamaciones que pensaba plantear a Aznar imaginando seguir siendo necesario: 400 mil millones anuales de pesetas. Un extendido disgusto por la dependencia del gobierno respecto del nacionalismo catalán podría explicar, paradójicamente, parte del voto ganado por la derecha. Pero sigue quedando por explicar el aparatoso retroceso del voto de izquierda. En el caso de Izquierda Unida, sin embargo, se trataba de la crónica de un desastre anunciado tras los malos resultados de la coalición en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de junio de 1999. La estrategia de pinza con el PP, desarrollada por Julio Anguita con el fin de desalojar a Felipe González de La Moncloa, había desalentado a muchos votantes. No era fácil aceptar la continuidad de una política que, en nombre de las ideas de izquierda, había permitido a la derecha hacerse no sólo con el gobierno de la nación sino también con el poder local en gran parte de España, más la simbólica región de Asturias, desde 1995. El desplome de las expectativas de Izquierda Unida fue una de las razones de que Joaquín Almunia sorprendiera a la opinión pública, y a amplios sectores del propio partido socialista, con la propuesta de un acuerdo PSOE-IU para fijar puntos comunes de programa, y tratar de aprovechar al máximo los votos de izquierda en el Senado -presentando sólo dos candidatos del PSOE y uno de IU en determinadas circunscripciones- y en el Congreso, con la retirada de las candidaturas de IU -en beneficio de las socialistas- en las circunscripciones donde aquellas no tenían posibilidades de triunfo. Excepto en el último punto, al cual IU se negó en redondo, el acuerdo se logró y tuvo un notable impacto en la opinión pública. La reacción inicial del PP fue denunciar los riesgos de un posible gobierno "socialcomunista", anunciando catástrofes que la cercana experiencia del gobierno de Jospin en Francia desmentía sobradamente. Pero pronto prefirió hacer hincapié en el carácter limitado del acuerdo, en rebajar su importancia con el fin de evitar su repercusión electoral. Esta fue probablemente una decisión inteligente, contra la opinión de quienes ahora, tras el desastre electoral, argumentan que el acuerdo PSOE-IU espantó a los electores centristas. Hay pocas razones para creerlo: el pacto recuperaba para la gobernabilidad a IU y reforzaba a su candidato, Francisco Frutos, frente a un Julio Anguita que renunció a su candidatura por razones de salud. Y el programa acordado era moderado y realista, incluyendo un compromiso explícito de no subir los impuestos. A la inversa, cabe imaginar que el retroceso de la izquierda no es consecuencia de su pacto sino de la insuficiente repercusión de éste. La imposibilidad de extender el acuerdo a las candidaturas al Congreso reflejaba la dificultad de IU para un entendimiento estratégico con el PSOE, por la fuerza orgánica del sector de Julio Anguita, pero a la vez limitaba el significado simbólico del acuerdo entre ambas fuerzas, cuyo principal objetivo era sacar a los electores de izquierda de una cierta combinación de apatía y resignación que les llevaba a aceptar como inevitable una nueva victoria del PP. Y que, en el caso de los electores de IU, probablemente sólo podía traducirse en un crecimiento de la abstención, sin beneficio electoral para el PSOE, y en la disminución de la fuerza de IU como posible aliado parlamentario de los socialistas. Al poner de relieve que, sumados, los electores del PSOE e IU eran mayoría frente a la derecha, el acuerdo pretendía convencerlos de la posibilidad de ganar y motivarlos para votar en consecuencia. Esto es precisamente lo que no se ha logrado: el crecimiento de la abstención en 7.3 puntos respecto de 1996 da cuenta de la mayor parte del retroceso de la izquierda: 2.5 millones de abstencionistas adicionales frente a los 1.4 y 1.6 millones de votos perdidos por IU y por los socialistas, respectivamente. Y es que el problema fundamental al que se enfrentaba la izquierda era la confortable sensación creada en sus propios electores por cuatro años de gobierno de la derecha acompañados de fuerte crecimiento económico y del empleo. Las críticas a este gobierno -identificado en las encuestas como claramente de derecha y ajeno a los intereses sociales- no bastaban para motivar una movilización decidida para desalojarlo. Por una parte, porque los candidatos de la izquierda no contaban con la credibilidad inicial de un Felipe González, quien podrá tener muchos detractores pero posee una indudable capacidad de arrastre y convicción. Por otra, por el sentimiento de que no había llegado aún el momento de poner fin a un tiempo de gobierno de la derecha que muchos electores ven como necesario para que la izquierda se depure de sus errores de los años 80 y de sus divisiones de los 90. No es seguro, sin embargo, que muchos de esos electores -abstencionistas- de izquierda se sientan totalmente felices con el resultado. Excepto por la conveniencia de que el gobierno de la nación no tuviera que depender del apoyo de los nacionalistas catalanes, la inmensa mayor parte de los electores coincidían en las encuestas que era mejor que el PP no tuviera la mayoría absoluta. Y ahora la tiene, con la posibilidad de que se realicen las peores pesadillas que los ciudadanos de centro-izquierda albergaban sobre un posible gobierno de derecha, hasta que sus insuficientes resultados de 1996 obligaron a Aznar a negociar su programa -y a moderarlo- para buscar el apoyo de Jordi Pujol. Los portavoces del PP anunciaron en la noche electoral su voluntad de gobernar desde el diálogo y el entendimiento, de no abusar de su nueva mayoría. Pero estas promesas no siempre acaban por cumplirse Ludolfo Paramio es analista político, autor, entre otros libros, de Tras el diluvio (Siglo XXI). |
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