Para muchos académicos -me atrevería a decir que sobre todo para quienes por una u otra razón vivimos muy de cerca el conflicto universitario desde su inicio- la expulsión de los huelguistas de la UNAM por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue un acto no solamente esperado sino también deseado.

Es necesario reconocer que desde hacía semanas, si no es que meses, el diálogo tan falsamente anhelado por el CGH no era sino la exhibición del más trasnochado, soberbio, populista, demagógico y fundamentalista discurso en contra de toda autoridad, en el cual lo que más faltaba eran las propuestas sobre cómo mejorar la Universidad.

Esto lo percibimos con toda claridad desde mayo y junio de 1999, pero especialmente durante las reuniones de julio en el Palacio de Minería, quienes pertenecimos a la Comisión de Encuentro nombrada por el rector Barnés. Esas reuniones no fueron transmitidas por Radio UNAM, precisamente para evitar que el supuesto diálogo se convirtiera en una continua emisión de diatribas y consignas orientadas, no a negociar y solucionar al conflicto, sino al público oyente.

Cuando en diciembre el rector De la Fuente aceptó que el "diálogo" se transmitiera en vivo, toda persona que tuvo la paciencia y el infortunio voluntario de escuchar la transmisión se pudo dar cuenta de por qué el diálogo había fracasado en julio. Lo más que se logró en diciembre, específicamente en ese fatídico día 10, fue la firma de cuatro acuerdos en los que la UNAM se ponía en buena medida en manos del CGH, al aceptar que éste sería el único interlocutor en la discusión; que la agenda de los encuentros sería sobre la satisfacción de los seis puntos de su pliego petitorio, y que el diálogo sería la única vía de solución (el cuarto acuerdo era la transmisión en vivo por Radio UNAM y la grabación en TV UNAM).

Esos acuerdos, en mi opinión, nunca debieron firmarse -tanta fue mi discrepancia que, al escuchar por Radio UNAM el encuentro que culminó con tal firma, caí en una especie de rebelde desesperación-, pues con ello la UNAM cayó en una trampa, precisamente en la que la Comisión de Encuentro, y después el llamado grupo UDUAL, trataron firmemente de evitar: se tendría que discutir sólo con el CGH cada uno de los seis puntos, incluyendo la organización del "congreso universitario democrático y resolutivo", ignorando al resto de la comunidad universitaria y sin ganar nada a cambio, pues la huelga no se levantaría hasta que esos seis puntos quedaran satisfechos.

Todo lo que he descrito quedó claramente de manifiesto en los días subsiguientes con estos hechos:

1) La comisión del rector De la Fuente no tuvo más remedio que levantarse varias veces de la mesa de discusión.

2) El rector desconoció de facto los acuerdos firmados, al elaborar su propuesta y ser aprobada por el Consejo Universitario el 6 de enero (paradójicamente, en esa propuesta nuevamente la UNAM capituló ante el CGH pues, como bien describió Raúl Trejo en La Crónica, se pagó el rescate de la UNAM y al mismo tiempo se regaló el rehén).

3) La realización del plebiscito del 20 de enero, que avaló mayoritariamente la propuesta.

4) Los intentos de recuperar las instalaciones universitarias por parte de los estudiantes antiparistas, como respuesta al llamado del rector, quien en su mensaje del 24 de enero en San Ildefonso dijo: "Convoco a toda la comunidad para que en cada una de las facultades, escuelas, institutos y centros se instrumenten en los próximos días las medidas que, atendiendo a la dinámica propia de cada dependencia, permitan el reinicio pleno de las actividades académicas e institucionales en todas ellas".

El último intento de diálogo fue el 4 de febrero, cuando después de los disturbios de tres días antes en la Preparatoria 3 el rector citó al CGH en la Antigua Escuela de Medicina, con la intención expresa de discutir el levantamiento de la huelga. Poco se ha sabido de lo que ahí sucedió durante cerca de 12 horas (en un cambio notable de actitud de ambas partes, no hubo ese día transmisión radiofónica en vivo, ni tampoco prensa ni televisión), pero todo indica que, en presencia del rector, se repitió la experiencia de las reuniones anteriores.

¿Qué quedaba por hacer? Pienso que solamente lo que algunos grupos de universitarios habíamos concluido desde meses atrás: la aplicación de la ley, instrumentando las denuncias hechas por la propia UNAM. No sé -la información disponible es confusa- si el rector De la Fuente solicitó, aprobó o al menos conoció la decisión de la entrada de la PFP, tomada obviamente desde la Presidencia de la República. Lo que sí sé es que, por lo expuesto arriba, ésta era la única salida a un conflicto que amenazaba con destruir la Universidad, la cual, tras casi diez meses de secuestro y allanamiento, había sido ya profundamente dañada por los paristas.

Foto: Fernando Santos Rosas

Se habla mucho del daño material, de las pérdidas económicas, y no falta quien, con un dejo de sorna, diga que, contra lo que se esperaba, esos daños fueron mínimos, y que los "muchachos" fueron muy respetuosos con el patrimonio universitario. Independientemente de que sin duda hubo robos, saqueos y daños de cuantía, para mí eso es lo menos importante. Lo grave es que se hirió profundamente la esencia misma de la UNAM, su anhelo de excelencia, su visión de la educación superior con criterios académicos, es decir, con criterios de una verdadera universidad; se dañó el progreso de los proyectos de investigación y la posibilidad de recuperar ya no se diga el tiempo perdido, sino la misma esencia de los proyectos en marcha; se eliminó -ésa es la palabra apropiada- de la Universidad a un gran número de estudiantes para quienes la UNAM era la única forma de progresar profesional y personalmente; se deterioró la capacidad de concentración y el entusiasmo por la enseñanza y por la experimentación, fragmentando así el corazón de las labores docentes y de investigación; se desgarró la difusión de la cultura, esa directa e inmediata contribución del trabajo de la UNAM a la sociedad.

La más aparente manifestación de todo esto eran las ignominiosas barricadas, hechas con alambres, piedras, montones de cascajo y bancas destrozadas; las amenazas y las agresiones físicas y verbales a los universitarios que discrepaban del CGH, en especial a las maestras y maestros que impartieron clases extramuros, quienes pueden relatar sus indignantes experiencias, como lo hicieron ante la Comisión de Encuentro en mayo y junio; la incertidumbre sobre las condiciones y circunstancias en las cuales los investigadores de los institutos podíamos realizar nuestro trabajo, y la humillante revisión a que nos sometían, con la soberbia y la arbitrariedad características de la fuerza bruta, los "defensores de la Universidad para el pueblo". Hablo, por supuesto, de los investigadores de los institutos del subsistema de la investigación científica que teníamos acceso -aun en estas difíciles condiciones- a nuestros sitios de trabajo, pues los investigadores y profesores del área de humanidades y los del bachillerato y de las escuelas y facultades simplemente no pudieron trabajar en sus instalaciones durante la mayor parte o durante la totalidad de estos desastrosos meses.

Esta es la obra de los huelguistas y sus apoyadores intra y extrauniversitarios. Obra que representa, sin duda, una brutal violación a la autonomía universitaria, pues el más preciado valor de la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, fue coartada por la violencia que los paristas ejercieron impunemente durante tanto tiempo, logrando con esto precisamente lo que dicen rechazar: la privatización de facto de la Universidad.

En efecto, ¿de qué otra manera se puede calificar el cierre de la institución, fundamentado en términos de sus designios y consignas, obligando con ello a miles de estudiantes a buscar otras alternativas o a abandonar sus estudios, y a miles de profesores e investigadores a suspender sus trabajos? Recordemos -como otro ejemplo contundente de esta violación a la libertad de investigación y, por lo tanto, a la autonomía universitaria- las amenazas del CGH de formar una comisión para revisar las investigaciones que se realizan en los institutos, con objeto de detener las que no son prioritarias para la población.

Foto: Jorge Claro León/Contraluz

Vienen aquí como anillo al dedo las frases de Theodor Adorno, que tomo del excelente artículo de Guillermo Sheridan aparecido en La Jornada el 23 de febrero pasado, refiriéndose a la participación de la policía durante un movimiento de la Unión de Estudiantes Socialistas Alemanes en Frankfurt en 1969: "El movimiento se expresa en tácticas como la de invocar el derecho a la discusión precisamente para hacerla imposible; la bárbara inhumanidad de los modos de comportamiento que, además de ser regresiva, confunde regresión con revolución; la ciega preponderancia de la acción; el formalismo indiferente al contenido y a la configuración de aquello contra lo que se rebela (...) el movimiento expone las características de esa tecnocratización que sin embargo dice querer combatir (...) me tomo mucho más en serio que tú (Adorno se refiere a Herbert Marcuse, pues estas frases las escribió en el curso de una correspondencia entre ellos) el riesgo de que el movimiento estudiantil se transforme en fascismo".

Por todo lo anterior, la entrada de la PFP era no sólo justificada sino también necesaria, para salvar a la UNAM, presa de la intransigencia e impotente para autorrescatarse. Por esto, carecen de todo sustento las lamentaciones y arrepentimientos de ciertos conocidos intelectuales, supuestamente de izquierda, quienes, haciéndose los ciegos y los sordos ante el gravísimo daño a la vida universitaria y a la vejación de su autonomía y de las personas de muchos universitarios por parte de los huelguistas, se han convertido en sus defensores y en cambio protestan contra la "violación a la autonomía por la PFP". Por cierto, algunos de estos intelectuales sólo pisan la UNAM de vez en cuando, pero hablan del conflicto como si estuvieran realmente involucrados en la vida universitaria.

Con nuestra casa recuperada, es responsabilidad de los verdaderos universitarios, de los académicos que vivimos solamente de y para la UNAM, y de las autoridades, cuidar que la tan aparentemente ansiada reforma de la Universidad se lleve a cabo mediante métodos académicos y no populistas, para que los resultados de esa reforma faciliten, estimulen y refuercen el desarrollo de las funciones y actividades sustantivas de la Universidad.

El riesgo es que, en aras de la reconciliación y la búsqueda de procedimientos más democráticos en la toma de decisiones, se acepten propuestas que impliquen deficiencias académicas que llevarían al desprestigio de la UNAM y al descrédito de sus egresados. No podemos permitir que la salida del deplorable y lastimoso pozo en el que la Universidad fue sumergida durante tanto tiempo deje tal huella que debilite la academia, pues ésta es la única fuerza que una verdadera universidad tiene. Si perdemos esta fuerza, las actividades universitarias se convertirán en pura demagogia, seguramente aplaudida, eso sí, por los grupos intra y extrauniversitarios que bajo supuestas ideas progresistas, que no son más que populismo antiacadémico, han logrado que en diez meses la Universidad pierda mucho de lo que había ganado en los últimos decenios. Este es el gran reto que surge de la infortunada decisión, tomada en un afán casi desesperado para destrabar el conflicto, de organizar el tan comentado "congreso universitario democrático y resolutivo".

Pienso que, más que una nueva Universidad, lo que requerimos es corregir sus numerosos defectos, fortalecer sus enormes virtudes y hacerla más funcional, rompiendo para ello, si es necesario, los tabúes y los mitos que a lo largo de los años se han establecido como intocables, como la pertenencia del bachillerato a la UNAM y el pase automático o regulado. Es necesario recordar y reconocer que, lejos de permanecer estática, la Universidad ha evolucionado constantemente en la búsqueda de la mejoría académica. De hecho, llama la atención que hoy, como ha sido costumbre en cada intento de la UNAM de cambiar para mejorar, la primera bandera de los inconformes es evitar dichos cambios o revertir los ya realizados.

Sin duda, lo más importante del próximo proceso de transformación de la UNAM será, salvaguardando ante todo su autonomía y su carácter público, mejorar la calidad de las funciones que dan razón a su existencia -la docencia, la investigación y la difusión de la cultura- y establecer mejores y más eficientes mecanismos operativos para llevar a cabo esas funciones. Si no es así, mejor quedémonos como estamos o, mejor dicho, como estábamos antes del 20 de abril de 1999

Ricardo Tapia, investigador titular en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e investigador emérito en esa institución, fue miembro de la Comisión de Encuentro que trató de dialogar con el CGH a comienzos de la huelga. Su más reciente colaboración en etcétera es "La universidad del CGH. Una agenda para levantar la huelga sin someterse al populismo", núm. 356, 25 de noviembre, 1999.