Hace dos semanas, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, emitió una recomendación a la Procuraduría de Justicia del DF, para que ésta pidiera el sobreseimiento de las acusaciones contra Paola Durante, la edecán presa por presuntamente haber participado en el complot que acabó con la vida de Paco Stanley.

La respuesta negativa de las autoridades judiciales del DF, encabezadas por Samuel del Villar, es conocida, así como los debates que a través de los medios electrónicos han sostenido los representantes del ombudsman con los del procurador.

El 8 de junio de 1999, un día después de la cobertura extensa, intensa, emotiva e intencionada que dieron las televisoras al asesinato de Stanley, la popularidad del gobierno de la ciudad de México se vino abajo de manera estrepitosa (aunque ya estaba en picada desde hacía tiempo).

En esa circunstancia, era fácil que el gobierno capitalino desarrollara cierta suspicacia y pensara que las televisoras -y en particular Azteca- están aprovechando la coyuntura del asesinato de un personaje popular para hacer política en su contra. El inusitado discurso de Ricardo Salinas Pliego esa noche contribuyó sin duda a la sospecha.

Tan así lo entendieron, que el PRD lanzó una campaña contra el "linchamiento" que la televisión hacía de Cuauhtémoc Cárdenas.

La reacción airada, leguleya y algo descompuesta de la Procuraduría capitalina a las recomendaciones del ombudsman, puntuales, precisas y contundentes, da a qué pensar. La CDHDF describe un montaje monstruoso, en el que las autoridades judiciales fabrican un culpable, pasando por encima de los procedimientos de la ética y -por supuesto- de los derechos humanos. La Procuraduría lo desecha sin ver y hace pasar el asunto como un conflicto político.

Si para la Procuraduría ésa es su impresión, la que deja, entonces, es que ella tiene interés político en mantener recluida a Paola Durante. La versión más fácil de suponer es la de utilizar a ella y a sus coacusados como ejemplo del poder de disuasión de la judicial capitalina.

Recordemos qué tan aguerridos con el gobierno del DF eran algunos de los comunicadores de Azteca antes e inmediatamente después del homicidio de Paco. Veámoslos ahora, notablemente más suavecitos.

Si ésa era la intención, lo lograron. Pero la cobertura de las televisoras a la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos, por el mero hecho de intentar ser equilibrada, ha puesto en entredicho las razones de la Procuraduría.

Finalmente, los medios han dejado al lector, al radioescucha, al televidente escoger entre la credibilidad del ombudsman Luis de la Barreda y la del procurador Samuel del Villar. Con eso ganan ellos en su propia credibilidad_ y en libertad.

En donde no hay por dónde hacerle un hueco a la seriedad periodística es en el tratamiento que la televisión ha dado al asunto de Gloria Trevi. Cada cadena ha jugado un juego muy trillado, basado exclusivamente en los aspectos más frívolos del caso. Ninguno ha intentado ahondar en el pantanoso terreno de la creación de niños-artistas, el papel de los agentes y la transmisión de valores morales cuando lo que importa es la fama y el billete.

Un caso extremo de esto fue la entrevista que Teresa Ruiz, madre de Gloria Trevi, concedió a Cristina Saralegui. Cualquier telespectador mínimamente avezado podía encontrar infinidad de contradicciones (especialmente en el lenguaje de cuerpo) de la señora Ruiz, un verdadero personaje para el análisis. Sin embargo, Cristina, tan inteligente y audaz en otras ocasiones, estuvo de plano rosa. ¿Por qué?

Al ritmo que van podríamos llegar al absurdo, y creerle a Sergio Andrade, quien se dice víctima inocente de la guerra de las televisoras.

Hasta el momento, la víctima principal ha sido el cándido televidente