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barandal Frontera abierta
Ciro Murayama
Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el economista que ocupa el puesto más relevante para el sistema económico internacional y tiene en sus manos las riendas de la política monetaria estadounidense (y en buena medida de la estabilidad financiera global) pidió hace unas semanas al Senado de su país una revisión de las leyes migratorias para una apertura que permita nuevos flujos, legales, de trabajadores extranjeros, con el fin de ampliar la oferta laboral. Según Greenspan, para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía de EU, que es jalonado por la ampliación de la demanda agregada, se necesita cada vez más mano de obra. Sin embargo, la oferta de trabajadores estadounidenses se ha reducido en los últimos meses y la incorporación de personas que no pertenecen a la población activa, como los jubilados o quienes simplemente no desean trabajar, implicaría brindar estímulos salariales y laborales superiores a los prevalecientes, lo cual daría lugar a un incremento de los costos unitarios de trabajo, un aumento del consumo y, finalmente, de las presiones sobre el nivel de precios. Además, el presidente de la FED asume que con la incorporación de los trabajadores extranjeros se evitaría el descontrol inflacionario al tiempo que se garantiza mantener el crecimiento, lo cual puede resultar válido si se considera que la productividad del trabajo de los inmigrantes puede resultar mayor, tomando en cuenta los salarios, que la de quienes ya se han retirado de la vida laboral o de los que no quieren ser parte de la población económicamente activa. Las consideraciones de Greenspan son fundamentalmente económicas y pragmáticas, pero tienen profundas implicaciones políticas, no sólo por el hecho de que se hacen en vísperas de las campañas electorales donde los contendientes suelen utilizar argumentos y promesas más bien chauvinistas que achacan a la presencia de extranjeros los males del país o del estado (como en Texas y California), sino porque por primera vez desde una autoridad de tan alto rango se abre puerta en nuestro continente al debate de una posible libre circulación de trabajadores, que sería el colofón de una apertura económica real que ya ha avanzado en los capítulos de la libre circulación de mercancías y capitales. A los argumentos de Greenspan se sumó, recientemente, la agrupación sindical AFL-CIO, en una línea que contrasta con las posiciones que mantuvo, por ejemplo, en las rondas de discusión previas a la firma del Tratado de Libre Comercio: ahora consideran que "una inmigración legal regulada es mejor que una ilegal irregulada"; califican como "legítima" la necesidad de los patrones de contratar trabajadores incluso si son extranjeros y ponen énfasis en evitar las condiciones de explotación que perviven, reconociendo así que han fracasado los intentos por parte del gobierno para controlar la llegada de fuerza de trabajo de allende sus fronteras. La propuesta del guardián de la estabilidad del dólar, hasta ahora, se refiere sólo a una apertura condicionada a trabajadores y no precisa trato distinto por naciones de procedencia. Es una recomendación que luego podría dar lugar a una iniciativa unilateral de apertura de las fronteras sin que necesariamente pueda traducirse en un nuevo estadio de, por ejemplo, la integración económica de los países de América del Norte. Con independencia del fin que tenga en esta ocasión la propuesta de Greenspan, lo cierto es que el acceso de trabajadores a Estados Unidos y la emigración de miles de mexicanos más allá del Río Bravo es un tema que está ahí, generando tensiones, conflictos a veces, y sobre el que deben darse, tarde o temprano, definiciones que alteren la situación de ilegalidad, abuso, precariedad e inestabilidad que confluyen en el tema de los migrantes. Además, más allá de estudiar los determinantes de los flujos de población que va al norte y tratar de remediar los menos justificables, habrá que preguntarse cuál debería ser la postura de México hoy y en el mediano plazo, si es suficiente lo que se ha hecho y qué cabildeos, qué acuerdos, hay que ir planteando a las autoridades de Estados Unidos, analizar cuál es el espacio para la cooperación y si tiene sentido alcanzar un nuevo marco jurídico común sobre el tema. Porque de momento, quedarnos con la mera crítica de las condiciones que orillan a muchos compatriotas a cruzar la frontera; quejarnos de que las remesas que envían a territorio nacional no puedan ser generadas aquí, puede ser correcto, pero insuficiente sobre todo para mejorar las condiciones de los que se han ido, de quienes se están yendo e incluso para pensar realmente qué implica colindar con Estados Unidos y cómo México y sus generaciones jóvenes han de aprovechar la integración económica de la zona para hacer habitable la globalidad que, con sus costos y algunos beneficios, se ha instalado también en estas tierras. Se trataría de plantearnos si la integración económica -que se dio primero de facto con los volúmenes de intercambio comercial con el vecino de arriba, y luego fue cristalizada institucionalmente con el TLC- puede dar más o avanzar por caminos hasta ahora vetados. Estos asuntos deberían ser parte de la agenda pública de discusión, porque hay procesos que siguen reproduciéndose, que forman parte de nuestro presente y estarán ahí en el futuro, aunque el nivel del debate actual hable de involución y no de adelanto y previsión del desarrollo Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. |
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