Foto: Raúl Ramírez Martínez

Es creciente la percepción de que el conflicto de la UNAM es una rebelión incruenta de parte de la sociedad que ha perdido las esperanzas, contra una de las instituciones más nobles de la sociedad entera.

El despojo de las bibliotecas, la destrucción de las computadoras y otros actos de barbarie de los paristas -no sólo los líderes- expresa el rencor de una generación que nació y creció en la crisis y carece de expectativas de futuro.

El conflicto de la UNAM tiene grandes similitudes con el de Chiapas. Como "Tacho", el CGH utilizó el llamado diálogo para burlarse de su contraparte, humillarla, llevar su irritación al límite. Pero lo de fondo es que, así como la dirigencia del EZLN se arraigó durante años en una región indígena de Chiapas e hizo de la pobreza el ámbito propicio para su lucha con el Estado, la dirigencia del CGH se arraigó por años en la UNAM y, en su momento, supo encabezar el explosivo rencor desesperanzado de miles de jóvenes.

En un sentido, el CGH es más radical que el EZLN, pues no sólo tiene por enemigo al Estado sino a la porción de la sociedad que desde la visión -y emoción- de los paristas es beneficiaria de un proyecto nacional que los ha marginado o, peor aún, los ha hecho prescindibles. Por eso tomaron y vejaron la institución educativa por excelencia.

¿Dónde están las culpas? ¿Quiénes son los responsables de la desigualdad social? Sería superficial y ocioso buscar culpables o incluso grupos de culpables con nombre y apellido, puesto que no los hay.

La desigualdad es un mal endémico que ha padecido el país en toda su historia, con efímeros instantes de alivio, pero con una tendencia creciente en el largo plazo. En la inescapable lógica del mercado, la desigualdad entre regiones, países, grupos y personas tiende a exacerbarse, como lo reconoció Michel Camdessus en su último discurso como director-gerente del FMI y como lo ha advertido el Banco Mundial desde hace varios años.

En la circunstancia particular de México, la desigualdad se acentúa cuando se agota el modelo económico, político y social estatista y corporativista y con él se esfuman las expectativas de progreso generacional para amplios grupos de la población. En la economía de mercado, los programas sociales del Estado tienen la función de atenuar y aun reducir la desigualdad. Pero nuestro gobierno sufre una insuficiencia aguda de recursos y su volumen de gasto está comprimido tanto por necesidades del modelo económico como por la precariedad de los ingresos fiscales.

El problema es que la desigualdad ha dejado de ser un fenómeno moral que afecta a "otros" para convertirse en una amenaza para todos: no sólo por la persistencia del conflicto armado en Chiapas o por la paralización de la Universidad Nacional y los inmensos obstáculos a una reforma que eleve su nivel académico.

La amenaza está en las calles, como delincuencia común y organizada; en las migraciones del campo a las ciudades y al sur de Estados Unidos; en los ataques vandálicos a las cámaras de Diputados y Senadores; en el sentimiento de impunidad colectiva y la consecuente inhabilitación de algunas leyes. Es la insurrección de una porción de la sociedad contra la sociedad en su conjunto.

Por ello es necesario, tanto a escala internacional como doméstica, diseñar políticas que concilien la lógica del mercado con la inserción de los grupos marginados a la sociedad y la revisión de la tendencia de las clases medias al empobrecimiento. La llamada "tercera vía" puede ser una opción pero habría que explorarla en la perspectiva global y de nuestro país.

Si no hacemos nada, la desigualdad se convertirá en un riesgo para la estabilidad y crecimiento de la economía, como dijo Camdessus. Y no quiero ni pensar en lo que significaría -ya está significando- para la vida diaria de las personas, para la institución familiar y los valores morales y cívicos