La semana pasada (16 de febrero) Luis González de Alba escribió en su columna de Crónica, respecto del conflicto en la UNAM: "¿Cuántos han reporteado los casos de quienes perdieron la esperanza de ser médicos y entraron a trabajar a la mina, al banco, a la policía? (...) ¿Cuántos medios, voceros de los desamparados, le han dedicado sus páginas a las ilusiones destrozadas por la huelga? Curiosa huelga para evitarles a los ricos el pago de una ridícula cuota de 1 peso 50 centavos diarios, pues los pobres tenían asegurado no pagar nada con sólo pedirlo. Esta huelga ha sido la de los pobres y mugrosos peleando por los ricos. Algo nunca visto".

Lo anterior viene a cuento porque, igual que en el ya lejano inicio de la huelga, hoy quienes cerraron la UNAM regresan a los primeros lugares del hit parade en la categoría de simpatías.

Por todas partes se olvida, o se hace como que se olvida, la manera de actuar del CGH cuando se asumió como dueño de la Universidad; un pésimo dueño, por cierto, porque le dio el trato que dan los taxistas a los autos cuando no son suyos.

He leído y escuchado a quienes, en un afán de parecer imparciales, nos informan que algunas escuelas y facultades fueron rescatadas ilesas por la policía; "lo único que se encontró fue polvo", nos dicen. De ahí, concluyen que hay un "equilibrio" entre las instalaciones saqueadas y destruidas y las que fueron respetadas. Estamos a mano. ¿O sea que si un ladrón entra a mi casa y hurta lo que encuentra en la sala y el comedor, debo -antes que demandarlo- agradecerle que no haya tocado la recámara y el baño?

Según mi entender de ciudadano común y corriente, quien es culpable de un delito debe responder ante la ley, independientemente de raza, estatus socioeconómico o universidad donde estudie. En ese sentido, es clarísimo que los huelguistas apresados sin haber cargos en su contra deben ser liberados de inmediato (eso en los hechos está sucediendo), pero sólo ellos.

Alguien destrozó puertas, hurtó computadoras o discos duros, violó archivos, desapareció videos y documentación de la UNAM. Si hay pruebas que incriminen a alguno de los detenidos, ¿no dicta el sentido común que debe ser juzgado? ¿No son para eso las leyes?

Es cierto, los "muchachos" son pobres (conste que no todos); pertenecen a una generación (igual que varios millones de jóvenes) carente de satisfactores económicos y culturales; nacieron y crecieron en un contexto de pactos y crisis permanentes; debemos hacer análisis más profundos de sus motivos y razones. ¿Y eso qué? ¿No es la misma situación de la mayoría de los mexicanos? ¿Debemos entonces, en un esfuerzo por "comprender", deshacernos de las normas mínimas para la convivencia civilizada?

Además, no nos hagamos. Nada garantiza que la normalidad regrese a la UNAM por el hecho de amnistiar a los responsables del despojo. Todos sabemos que la intolerancia tiene en ellos representantes muy ingeniosos. Ya verían la manera y encontrarían los pretextos para no llegar a acuerdos.

Suscribo lo dicho por Luis González de Alba: "Que sus psicoanalistas analicen su odio, a otros nos basta con que paguen por lo que hicieron a una Universidad que siempre hemos querido"

José de Jesús Murillo es editor de etcétera.