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memoria Riesgos mayores
Pablo Hiriart
Con esa prodigiosa habilidad que a veces despliega el gobierno para complicar las cosas, la crisis que vive la Universidad puede transformarla en caos. El desalojo fue la única vía que dejaron los paristas a las autoridades para solucionar el problema de la toma de las instalaciones universitarias. Sin embargo, eso que se planteó y ejecutó como solución es susceptible de operar como la piedra de toque de un problema mucho mayor al que existía hasta la madrugada del domingo 6 de febrero. Inflar el ánimo revanchista de la opinión pública contra los detenidos por el paro mediante la manipulación o exageración de la información, puede orillar a estos grupos y a sus seguidores a situaciones extremas, a las que por cierto no son desafectos. Cargar la mano contra los detenidos es convertirlos en mártires de la injusticia. Y en buena medida es lo que andan buscando. Mil jóvenes presos son demasiados. El gobierno no podrá acusarlos de terrorismo a todos sin crearse problemas en cortes internacionales de justicia y de derechos humanos. Tampoco podrá hacerlo sin la reacción de agrupaciones sociales, políticas y civiles dentro del país. Por ello está obligado a actuar con extrema prudencia y certidumbre. De hecho, las 430 órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de la República solicitó al juez son las que el rector Barnés y otros académicos habían solicitado desde octubre del año pasado. A comienzos de semana faltaban por cumplimentar 300 arrestos, además de los casi mil que ya realizaron. Sin embargo, esas denuncias fueron presentadas entre julio y octubre, y ahí se encuentran los que en ese momento eran los dirigentes del movimiento y que hoy conforman el "ala moderada" que hasta el domingo se encontraba del lado del rector. Elementos como ése, más la imputación de delitos que los estudiantes no cometieron, como el relativo a terrorismo, pueden convertir la liberación de la UNAM en un infierno insufrible para las autoridades y para la Universidad misma. Los aliados del rector se le han volteado. El mismo se ve moralmente dañado por las críticas de quienes hasta hace unos días eran sus amigos. Los "moderados" no respaldan la idea de meter a la cárcel a estudiantes. El PRD y el gobierno de la ciudad, tampoco. Fox ya arropó a los paristas con claros guiños declarativos. Y era de esperarse que así sucediera. Nadie que quiera ganar popularidad y puntos en las encuestas se va a poner a felicitar al gobierno por haber metido la policía a Ciudad Universitaria. El gobierno tiene que asumir el costo político de su acción porque esa es su responsabilidad. No puede ni debe pretender aminorar la carga con la invención de delitos o siembra de pruebas contra los paristas, más allá de las faltas que sin duda cometieron. Debe pagar, también, por su prolongado periodo de aparente indiferencia con respecto a lo que ocurría en la Universidad. Aunque haya estado pendiente de la situación como afirma ahora, se le percibía abrazado a una estrategia de indiferencia: dejar hacer, dejar pasar. Si Barnés quiere subir cuotas, que las suba. Si una generación ya perdió el año académico, que lo pierda. Si estudiantes y profesores le piden al gobierno que actúe, allá ellos que se arreglen solos: eso les pasa por dejados. Si quieren recuperar la UNAM con sus propias manos, que lo intenten. Tarde, muy tarde, pero al fin actuó el gobierno. De manera pulcra, demostró que era posible retomar las instalaciones universitarias sin provocar un baño de sangre. La parte policiaca les salió perfecta. Pero viene ahora la otra, que se relaciona con decisiones políticas acerca de cómo aterrizar la desocupación de la UNAM. Y es en este punto donde pueden surgir los desaciertos derivados de un endurecimiento general del gobierno, satisfecho por los buenos resultados de su justificado manotazo sobre la mesa. Las acusaciones de terrorismo son una mala señal, aunque tienen tiempo de rectificar y volver a enrutar las cosas con sensatez y humildad Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica. |
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