La intoxicación general se mostró, como suele suceder en estos casos, cuando se intentó cirugía menor que apenas si atacaba los síntomas externos: el financiamiento público no es ya suficiente y parecía razonable que los propios estudiantes -por lo menos aquellos con posibilidades- se hicieran corresponsables de los costos de su educación. Eran, además, imprescindibles otras reformas que contribuyeran a mejorar la calidad de la educación impartida. Sin embargo, el sistema de complicidades en el que se ha basado el funcionamiento de las universidades públicas -donde los estudiantes hacen como que estudian y el Estado les da un título que supuestamente ampara unos conocimientos que realmente no han adquirido- no soporta ni el más mínimo cambio, pues ha llegado a un punto de equilibrio catastrófico que en más de un sentido enmascara una situación fraudulenta.

El estallido de inconformidad que llevó a la huelga no fue mayoritario -ni en sus momentos más intensos- pero mostró que las perspectivas que hoy se les ofrecen a miles de jóvenes de los sectores menos favorecidos de la población son francamente oscuras, al grado de que están dispuestos a seguir las consignas de los grupos ultraizquierdistas que han medrado en la UNAM desde los años 60 y se han quedado ahí enquistados, ajenos a todos los cambios que en el mundo se han dado. Las ideas democráticas que lentamente se han ido abriendo paso en muchos ámbitos del país no los han tocado: para ellos la intransigencia es un valor positivo y la violencia es un medio legítimo de lucha. La utopía revolucionaria, ya rancia, sigue siendo su horizonte. Que hayan subsistido esos grupos en las catacumbas de algunas escuelas de la UNAM no sorprende: para todos puede haber un sueldo. Lo alarmante es que encuentren eco en grupos significativos de estudiantes para quienes el futuro no tiene nada de promisorio, por lo que la destrucción puede ser más rentable.

Por otro lado, el conflicto de la UNAM muestra lo endeble que es aún la incipiente institucionalidad democrática. El conflicto universitario se ha enconado, en buena medida, por el deterioro de la legitimidad del Estado mexicano: la arbitrariedad que ha caracterizado tanto el uso del Poder Judicial como el de las policías dificultó durante meses que se actuara conforme a derecho en un asunto que ha afectado sustancialmente a la universidad pública, a los estudiantes, a la vida académica, a la investigación y a la difusión de la cultura.

La actuación judicial ha sido tardía. Meses de negociaciones estériles han mostrado la falta de los consensos básicos que se requieren para que en México los conflictos se resuelvan pacíficamente y en un marco de reglas claras aceptado por todos. Hoy en México todavía falta un trecho por recorrer para hablar de la plena vigencia del orden jurídico; la aplicación de la ley en la UNAM no es más que una primera señal que tiene que generalizarse para que, así, nadie quede por encima de la ley, independientemente de los intereses que represente o del poder que tenga.

El conflicto se ha prolongado durante más de nueve meses tanto por la intransigencia del CGH como por la incapacidad de las autoridades universitarias y del Poder Ejecutivo para enfrentar el asunto con eficacia. El daño que ha sufrido la universidad pública es terrible y requerirá de un esfuerzo enorme y de una gran madurez de todos los actores para ser resarcido. La evidencia es palmaria: no existen en la Universidad ni las reglas ni las prácticas para resolver los conflictos de manera civilizada. Tampoco en muchos otros espacios de nuestra vida pública. Pero lo más grave es que tampoco el diálogo en el marco del orden jurídico está aceptado culturalmente. La única negociación que se conoce en México es la que se basa en la desobediencia de la ley. El piso para la convivencia democrática es muy endeble.

El 6 de febrero debe ser sólo el punto de partida para enfrentar seriamente la profunda crisis que está viviendo el sistema de educación pública mexicano. Lo que debe venir es esfuerzo ingente de todos los actores para sentar las bases de un debate serio y para promover una reflexión sosegada que permita emprender una necesaria reforma universitaria. Lo peor que le podría ocurrir a la UNAM es que después de diez meses las cosas quedaran como antes. Es el momento de revisar a fondo todos los temas: la idea deformada de autonomía que impera, la falta de representatividad de los órganos de gobierno de la Universidad, el desastre académico en el cual están sumidas muchas escuelas, los criterios de evaluación y la crisis de su financiamiento.

Los males de la UNAM se reproducen en el resto de las instituciones de educación superior del país. Lo ocurrido durante estos nueve meses podría tener un saldo positivo si conduce a la apertura de un gran debate nacional en torno a la situación en que se encuentra nuestro sistema educativo. Es el momento para dar los pasos que conduzcan a la reforma institucional impostergable de la educación mexicana en todos sus niveles. Es también hora de que los recursos destinados a la educación crezcan de acuerdo con la importancia que el asunto tiene para la viabilidad general del país. Pero más allá de la UNAM, esta crisis debe traer consigo -para que acabe por dejar algún saldo positivo- una reflexión nacional sobre las bases mismas de nuestra moral pública, pues detrás de todo esto lo que hay es un arreglo social corrompido que es necesario desmontar, porque lo que está enfrente es el abismo