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En primer lugar tenemos que preguntarnos si los cargos no son exagerados. Es difícil comparar a los miembros del CGH con bandas terroristas, aunque algunos de ellos sean muy violentos, como ya demostraron en la Prepa 3. Achacarles el delito de motín también es delicado, por lo que implica y porque no está claro que lo hayan cometido. Lo del despojo, en cambio, es evidente desde hace nueve meses sin que se hiciera nada.

Pero no nos confundamos, lo que pasó en los últimos días dista mucho de ser una aplicación cabal de la ley. Por el contrario, es el resultado de su posposición. Una cuestión es cuando menos extraña: ¿por qué no están detenidos los líderes ultras, los enfermos de senderismo, y sí los ingenuos, los más jóvenes?

La escapatoria casi mágica de Mario Benítez no puede causar sino escalofríos. Las explicaciones al respecto son tan absurdas como preocupantes. En la Policía Federal Preventiva dicen que lo confundieron con un fotógrafo y en círculos universitarios insisten en que lo querían libre porque es el único interlocutor que queda. ¿Quién dice la verdad?

Pero eso no es todo. El rector Juan Ramón de la Fuente terminó con el idilio que mantenía con el PRD, lo que en alguna medida explica, también, el desastre que se ha organizado. Desde la rectoría de Francisco Barnés los perredistas supieron vender la idea de que ellos podían arreglar el conflicto. Les creyeron y ahí están los resultados.

En esta cultura de las omisiones quizá quien lleve la voz cantante sea el gobierno federal, incapaz de impulsar una estrategia coherente para terminar con el conflicto. En esta vuelta para atrás que significa volver a escuchar "presos políticos libertad" el país puede perder buena parte de sus avances.

Me explico: la ausencia de un trabajo político adecuado puede estar condenando a cientos de estudiantes a una apuesta radical que de otro modo no habrían asumido. El escándalo tiene estas proporciones por la ausencia de la ley en tantos meses. Por eso los argumentos de las autoridades no convencen pero sí inquietan.

Ahora los jóvenes "terroristas" tendrán pocas posibilidades de acceder a circuitos distintos a los del rencor y el agravio. Ese es el peor daño, soltarlos al mundo sin opciones y ante la seducción de las ideas totalitarias.

Por eso todo esto es tan distinto al 68. Aquí no existe una demanda de libertades democráticas, sino que se atenta contra la universidad pública sin siquiera comprenderlo. Es aquí donde debemos evaluar la responsabilidad de no aplicar la ley en su momento, de supeditar el orden jurídico a los intereses personales o de partido. Insisto, no estamos ante el cumplimiento de la ley, sino ante la gravedad de su posposición.

Hay que tener claro que los grupos más radicales, los involucrados en delitos violentos, continúan en Ciudad Universitaria, mientras algunos incautos pagan el precio de ser seducidos por un delirio, alimentado en la falta de gobierno e ideas