La Universidad es una institución creada por los seres humanos fundamentalmente para el cultivo del conocimiento y la evidencia histórica muestra que es precisamente éste el que está en la base de todas aquellas propuestas de organización de la sociedad y han propiciado condiciones favorables para el desarrollo pleno de quienes la constituyen.

Atentar contra la Universidad es atentar en contra de una de las instituciones -si no es que la única- que es posible identificar como factor interviniente en la mayor parte de los logros de los que cualquier sociedad se puede sentir orgullosa; se ubica en éstos en el terreno de la ciencia, de la cultura o de la formación de quienes la frecuentan.

Hay, sí, una exigencia que la institución universitaria no puede soslayar si pretende responder cabalmente a la sociedad: su razón de ser; dicha exigencia no es otra que la absoluta y total fidelidad al cumplimiento íntegro de su misión.

Los ya casi diez meses de paro en la UNAM, el secuestro de sus instalaciones y, en consecuencia, la obstaculización del cumplimiento de sus funciones sustantivas es el más grave atentado que ha sufrido en su historia.

Las dimensiones del daño que se le ha infligido a ella y al conjunto de la sociedad es aún prematuro determinar, sabemos que están allí y quizá más temprano que tarde tendremos que enfrentarlas y asumirlas, debemos -y hay que decirlo sin rubor- pagar sus costos.

Costos económicos, costos políticos, costos sociales. Algunos cuantificables, otros -probablemente los más- se irán manifestando de diferentes maneras en distintas circunstancias, en diversos procesos.

Me incluyo entre los muchos que a lo largo de los diez meses de secuestro en la UNAM se preguntaron en diversas coyunturas, ¿por qué no mediante los recursos con los que cuenta el Estado se hace valer el Estado de derecho en la UNAM?, ¿por qué como sociedad nos empeñamos en darnos a nosotros mismos una de las lecciones más deseducativas que nos podemos dar: el imperio de la impunidad? Y confieso que a pesar de que busqué respuesta a mis cuestionamientos no las encontré, siempre regresé al mismo punto de partida. ¿No nos damos cuenta -insisto, como sociedad- que estamos asistiendo a nuestra propia aniquilación?

El domingo 6 de febrero de 2000 el teléfono repiqueteó como a las 7:15 horas, era Meche, mi secretaria:

-Licenciado, en el radio están dando la noticia de que la policía está entrando en Ciudad Universitaria.

-Gracias Meche, voy a prenderlo, hasta luego.

A partir de ese momento no fue ya un domingo como cualquier otro, inevitablemente volví a recorrer la película de lo vivido en estos ya muy largos diez meses. Inevitablemente volví a preguntar: ¿qué sigue?

La pregunta está en el aire, son muchas cosas las que en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, tendrán que adquirir su justa dimensión y al hacerlo nos permitirán mirar de frente, con decisión y pasión, horizontes que nunca debimos dejar que se nos arrebataran.

Y en todo esto hay un actor al que, tanto por experiencia como por dogmatismo, nunca pensé que le haría un reconocimiento, y menos público: la fuerza legítima del Estado, encarnada en este caso por la Policía Federal Preventiva; lo hago porque considero que estuvo a la altura de su encomienda y ello no es cosa menor