¿Por dónde empezar? En primer lugar, es indispensable crear las condiciones mínimas que propicien un clima institucional favorable a reformas sustantivas del quehacer universitario. Un conflicto de la envergadura y longevidad como el que representó la huelga universitaria terminó por estropear y corroer uno de los mecanismos más delicados de cualquier institución: la confianza entre sus miembros. Los agravios, horrores y excesos que el Consejo General de Huelga dejó como herencia entre varios sectores de la comunidad universitaria pueden verse agigantados de no mediar acciones que, desde las autoridades universitarias, estimulen la recuperación de la confianza, la cohesión y la credibilidad de los universitarios. Ello va acompañado de la imperiosa necesidad de comenzar a pagar las abultadas facturas que ha generado el abandono de las actividades académicas durante casi diez meses, así como de políticas institucionales que coloquen en perspectiva de solución los conjuntos de problemas logísticos, operativos y académicos que en cada facultad, escuela, instituto y centro de investigación se acumularon ominosa y lentamente durante todo este tiempo.

En segundo lugar es necesario construir, con o sin congreso, una agenda institucional sobre los principales problemas de la UNAM que antes y después del conflicto persisten y aguardan, algunos desde hace décadas, en espera de decisiones críticas. Pero de entre el conjunto de asuntos que deben incluirse en la posible agenda de reformas destaca, por su centralidad coyuntural y estratégica, el de la reforma de las relaciones del poder en la Universidad Nacional. Desde esta perspectiva, la crisis de los (casi) diez meses fue una crisis de ingobernabilidad institucional, donde las estructuras de autoridad, el esquema de "gobernación" de la UNAM, y los estilos de conducción de los asuntos políticos entre los sectores terminaron por estallar en medio de intercambios corrosivos y no cooperativos entre los actores, que sumieron a la Universidad en una larga noche de no decisiones, de no política y de erosión acelerada de los procedimientos y reglas de tramitación de sus conflictos internos. Revisar la estructura de gobierno, pero también los mecanismos de toma de decisiones, constituye una tarea urgente e importante de la larga tarea de reconstrucción institucional de la UNAM.

Pero existe también un asunto que, desde los universitarios, reclama la atención de otros actores políticos del país, en especial del congreso y las autoridades federales y locales relacionadas directa o indirectamente con la educación superior universitaria. Ello se relaciona con una reestructuración del marco jurídico, normativo y de políticas de las universidades públicas en el país. En especial, debe generarse un marco lo suficientemente claro para determinar la gratuidad o no de la educación superior, fuente constante de litigios entre muchos universitarios. Pero también es urgente dotar a los gobiernos locales y a las propias universidades de instrumentos financieros y de gobierno que les permitan ejercer una autonomía efectiva y productiva, acorde a los tiempos que corren. Es absolutamente indispensable revisar la noción de la autonomía financiera y de gobierno universitario no para erosionarla sino para reforzarla, a la vez que es necesario dotar a las universidades de más y mejores instrumentos de gobierno que permitan la observancia de la ley y el orden institucional, cuyo "núcleo duro" debe ser, como debió haber sido desde hace mucho, lo académico.

Sin estas mínimas condiciones, la refundación de la UNAM será una labor sin horizonte de futuro, donde la pálida sombra que surge de entre las ruinas, no podrá convertirse en la sombra blanquecina que ilumina la oscuridad, como bien decía, hace ya tres décadas, la estupenda canción de Procol Harum