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barandal La última llamada
Ciro Murayama
Después de nueve meses de huelga, de parálisis y anormalidad, la respuesta de 180 mil universitarios a la convocatoria del rector resultó una buena noticia, pues el conflicto dejó de aparecer -a los ojos de quienes no lo habían querido o podido ver con claridad- como un litigio entre un grupo virulento y unas autoridades cortas de reacciones, que es presenciado por una comunidad, en apariencia, indiferente en su mayoría y que hasta empieza a abandonar el estadio ante el penoso espectáculo. Hoy, con el respaldo de 90% de los participantes en el plebiscito a la propuesta del rector, la UNAM aparece dividida ya no en dos bandos (que nunca lo fueron ni son comparables en nada la legitimidad y sensibilidad de los dos rectores que han encarado el conflicto respecto a las del CGH) sino entre una postura cada vez más delirante y un amplio número de universitarios que ya no aguanta más el paro; que ha cedido y condescendido bastante; que mantiene diferencias entre sí pero también rescata la voluntad de recuperar su centro de estudio y de trabajo como condición básica para que algo pueda tener sentido. El plebiscito, sin embargo, no demostrará su utilidad total hasta que no esté abierta la Universidad. Y a estas alturas, vivir en fugas hacia delante y andar ensalzando la gran lección de democracia que supuestamente pone a la UNAM de nuevo en la vanguardia nacional -al inaugurar una forma de participación y deliberación que debería asentarse en toda nuestra vida política- es un exceso que no se hace cargo de que CU sigue rodeada de palos y alambres. No es esa, sin duda, la postura del rector que mantiene la iniciativa política y acude a la explanada de Rectoría con la pretensión de entregar los resultados de su consulta. No lo dejaron entrar, pero una vez más demostró dónde está la razón y, con ello, motivó a estudiantes y profesores a abandonar la apatía. Tras las definiciones del equipo de la Rectoría, en el transcurso de la semana pasada, núcleos de universitarios comenzaron a acercarse a sus escuelas para abrirlas, por primera vez desde abril. Encontraron esas imágenes y reacciones que han trastocado la vida universitaria: aquí sólo discute el que convoca a asamblea y la convocatoria se hace nada más desde quienes mantienen el paro, por tanto el resto de la comunidad a quien dicen defender carece de derechos; la volcadura de un VW de Auxilio UNAM para bloquear una puerta del Paseo de las Facultades sin que ese hecho, por sí mismo, sea para poner el grito en el cielo; una parista encaramada a una reja desde donde decía a los estudiantes de la prepa que querían volver a clases -según vimos en el noticiero de Sergio Uzeta- que el CGH no podía celebrar reuniones para discutir el fin de la toma porque tenían demasiadas actividades que atender; en las instalaciones abandonadas, como la de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, destrozos al mobiliario y material de trabajo por montos elevados, etcétera. Mientras tanto, cuando presenciamos una voluntad nítida de los universitarios y un nuevo cúmulo de agravios por parte de los paristas, de los gobiernos federal y de la ciudad de México no se dieron definiciones que acompañaran el cambio de curso de los acontecimientos, que respaldaran explícitamente al rector y a la comunidad. Con la actitud de los gobiernos contrasta la disposición de Luis de la Barreda para sumarse, primero, a la Comisión de Garantías y luego para acudir al campus junto con el rector. El defensor de los derechos humanos del DF ha sido tan mesurado como claro en sus declaraciones, en las que no concede validez al uso de la fuerza (esa a la que sólo ha recurrido el CGH) y se pone del lado de la comunidad sin vergüenza ni cálculo político algunos. La actuación del ombudsman capitalino no sorprende, pues lleva años contribuyendo a esa revolución silenciosa que implica el avance en el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y a la construcción de un real Estado de derecho donde se pueda convivir civilizadamente. Lo que sorprende es que servidores públicos con responsabilidades más precisas, y que están en sus cargos por supuestos méritos como políticos, se muestren tan ajenos y poco comprometidos con un problema que nadie en su sano juicio o con un mínimo de seriedad podría calificar como estrictamente universitario después del cúmulo de evidencia disponible. La actitud de "lavarse las manos", de indiferencia o de regaño sin compromisos que hemos visto de los gobiernos a la UNAM desde el año pasado, no viene sino a confirmar que, en materia de educación superior, las apuestas políticas coyunturales son más importantes que la definición de una estrategia que pueda llamarse, propiamente, de desarrollo de este nivel educativo. En el transcurso de estos días, quizá pueda definirse la solución al conflicto, pero ello parece recaer en exclusiva en el rector y en los universitarios menos resignados a la pérdida de la institución. Si la cerrazón del CGH y sus recursos violentos siguen imponiéndose, los activos que reunió el plebiscito y la buena disposición de la autoridad universitaria quedarán desfondados, por lo que habremos perdido esta nueva última llamada y seguiremos ya no en el límite del precipicio sino en la caída libre de una casa de estudios que, como el país a que se debe, merecería mejor suerte Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. |
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