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Ecuador, en crisis

María Cristina Rosas

La reafirmación indígena en Ecuador fracasó nuevamente. La percepción de que las comunidades autóctonas fueron manipuladas para propiciar la caída del presidente Jamil Mahuad y el ascenso del hasta entonces vicepresidente Gustavo Noboa con la bendición del Congreso y las fuerzas armadas a la primera magistratura del país es lo que llevó a los indígenas andinos de piel cobriza a exclamar: "¡Nos han engañado como llevan haciéndolo 500 años!". Los miles de indígenas que desde mediados de enero acampaban en el centro de Quito y asaltaron el Parlamento provocando la caída de Mahuad el 21 de enero, volvían abatidos, tras ser ungido Noboa, a sus humildes y pauperizadas aldeas en los Andes. A lo menos que aspiraban era a que el joven indio Antonio Vargas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se convirtiera en vicepresidente. Pero el fugaz triunvirato que supuestamente gobernaría al país tras la caída de Mahuad se colapsó sin siquiera haber tomado forma. El abogado Carlos Solórzano y el general Carlos Mendoza habrían sido, al lado de Vargas, los integrantes del triunvirato del cual Mendoza se retiró al comprobar que carecía del apoyo de las fuerzas armadas. Asimismo, las presiones de Washington y el aislamiento a que la comunidad internacional estaba resuelta a someter a Ecuador en tanto no se resguardara la "democracia" provocaron enfrentamientos en las posturas de los militares y los indígenas. Finalmente, los militares esgrimieron argumentos basados en la importancia del apoyo del exterior para resolver los problemas del país y sobre esa base impusieron su criterio marginando a los coroneles insurrectos y abandonando a su suerte a los indígenas. El sábado 22 de enero, el comando conjunto de las fuerzas armadas anunció la disolución de la junta tripartita y la asunción de Noboa, un abogado de 62 años.

El nuevo Presidente recibió no sólo el espaldarazo del ejército, sino también del Congreso y la comunidad empresarial. Noboa es considerado un político de mediano perfil que, siendo el "número dos" en el Poder Ejecutivo, trabajó en la reconstrucción del país a raíz de los daños devastadores que provocó el fenómeno ambiental conocido como El Niño. No es la primera vez que a Noboa se le ha convocado a ocupar espacios de poder vacantes por las intrincadas pugnas políticas en Ecuador. En febrero de 1997, cuando un movimiento popular similar al del 21 de enero presionó para lograr la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram, el nombre de Noboa fue manejado como el de un posible sucesor. Asimismo, en 1995, durante la presidencia de Sixto Durán Ballén, fue llamado a reemplazar al vicepresidente Alberto Dahik, a quien se acusó de corrupto y se le obligó a renunciar.

En su primera alocución como mandatario, Noboa no se aparta considerablemente de la línea económica planteada por Mahuad, pues informó que mantendrá la política de dolarización con el fin de reactivar la economía nacional. El grupo de economistas argentinos que asesoró al depuesto presidente Mahaud para diseñar la política de dolarización de la economía ecuatoriana, considera que Noboa está haciendo lo correcto. Guillermo Calvo, uno de los economistas gauchos más influyentes en el gobierno ecuatoriano, sugiere que Noboa aprecie la divisa nacional que hoy se encuentra a 25 mil sucres por dólar, para ubicarla a 20 mil. Además, considera que se debe volver a la mesa de negociaciones con los acreedores externos y reconocer el 100% de la deuda del país para generar confianza en el exterior.

Empero, la medicina recomendada por Calvo no es del agrado de la población ecuatoriana, cuyo nivel de vida se ha desplomado ininterrumpidamente en los pasados diez años. Con apenas 13 millones de habitantes, de los cuales el componente indígena es muy significativo, y con 40% de la población de habla quechua, la ecuatoriana es una economía pobre, dependiente de la exportación de materias primas para generar buena parte de los recursos que garanticen medianamente su funcionamiento. Se trata de una nación terriblemente endeudada, con altos índices de natalidad y una mortalidad infantil considerable para los estándares latinoamericanos (99 niños muertos por cada mil nacidos vivos). El 28 de mayo de 1990 los indígenas de la costa tomaron la iglesia de Santo Domingo en la capital, Quito, en una acción que se reprodujo a nivel nacional. Los indígenas protestaban por las irregularidades en el manejo de la tenencia de la tierra y las violaciones a sus derechos humanos. Diversas comunidades indígenas de las zonas de la sierra y oriental cerraron las carreteras y en otras ciudades del país se hizo la toma simbólica de múltiples instalaciones gubernamentales. El conflicto fue parcialmente desescalado a través de la mediación de la Iglesia entre el gobierno y los indígenas, además de la participación de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno tomó represalias y encarceló a miles de indígenas que participaron en la insurrección. El 28 de mayo de 1991 varios cientos de indígenas ocuparon pacíficamente el Congreso pidiendo amnistía para los presos.

En el transcurso de esa década los gobiernos efectuaron reformas estructurales que encontraron una fuerte oposición social, debido al control salarial pero no así de los precios de servicios y productos básicos. En 1993 se calculaba que el salario mínimo representaba apenas 21% del imperante en 1980.

No hay que perder de vista que en Ecuador 48% de las tierras está enmanos de los indígenas, pero que los apoyos del gobierno para hacerlas productivas respetando las tradiciones y cultura de los habitantes autóctonos son nulos. De hecho, no hay en Ecuador una economía y territorios indígenas diferenciados que pudieran dar lugar a un reclamo de autonomía o independencia. Al contrario: las estructuras agrarias y artesanales indígenas se encuentran intercaladas en la economía nacional y también vinculadas a los mercados internacionales. Una de las causas de la insurrección de 1990 fue la pauperización de los indígenas, producida por la crisis de la economía ecuatoriana y el impacto social de las políticas de ajuste estructural. La Conaie sostiene la tesis de que debería crearse un Estado multinacional que reconozca las autonomías y los derechos políticos de las nueve nacionalidades que existen en Ecuador. Por otro lado, demanda tierras y una auténtica reforma agraria.

Sin embargo, nada de lo dicho por Noboa en sus primeras horas como Presidente garantiza que se gestione un pacto social con los indígenas. Por eso no son tan sorpresivas las expresiones de desacuerdo de los indígenas con el flamante Presidente de su país, ante cuya investidura simplemente se limitaron a exclamar: "¡Los mismos rateros de siempre!"

María Cristina Rosas es profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Correo: mcrosas@prodigy.net.mx

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