Quizá deba enfatizar: México está viviendo un enorme cambio político. Gobierno, partidos, sociedad organizada, opinión pública, llevan varios años inmersos en ese proceso que hemos llamado de transición democrática; es un tiempo lo suficientemente largo -quizá 20 años- como para constituir, en sí mismo, un periodo histórico.

El tema de fondo es la profunda transformación de una sociedad que se modificó bajo el molde de un sistema político que no cambiaba con la misma rapidez: una vasta modernización económica, social y cultural que no tuvo en el inicio y, como contraparte, una modernización política. De modo que la tarea mexicana de los últimos años, sobre todo de los 90, fue la de ajustar las instituciones,las leyes y las prácticas políticas a su verdadera modernidad social.

Insisto: no vengo a proponer un esquema preestablecido ni un modelo de transición. Intento codificar mi propia experiencia que es, en buena medida, la experiencia de muchos de ustedes, compañeros durante largos años de discusión y elaboración electoral. Hemos visto cómo nuestro país ha cambiado paulatina pero profundamente. Enumero mi propia visión del cambio:

1) En pocos años se multiplicó la pluralidad política de la nación. Se desarrolló una movilización y organización social sin precedentes. Se formaron nuevos partidos, sindicatos, nuevas agrupaciones, organismos civiles, editoriales, diarios, revistas.

2) Así, porque era una realidad material innegable, se empezaron a ejercer, de modo cada vez más firme y sin cortapisas, las libertades esenciales: de expresión, manifestación, organización.

3) El país vivió entonces una expansión y un fortalecimiento verdaderamente nacional de los partidos políticos.

4) Estos partidos se presentaron una y otra vez a las elecciones. Ocuparon cada vez más posiciones legislativas y de gobierno. Adquirieron una influencia y una visibilidad pública que antes no tenían.

5) Se vivió un periodo de intensas negociaciones que produjeron al menos seis reformas electorales y otras tantas reformas constitucionales. El litigio político central se trasladó a la disputa por un régimen legal y electoral equitativo, transparente, creíble.

6) Las elecciones se convirtieron en la llave del cambio político de México. Los partidos atrajeron grandes contingentes de ciudadanos, grupos y organizaciones. Exigieron para sí un esquema jurídico cada vez más preciso y desarrollado; mayores derechos y mayores prerrogativas. De esa forma los partidos, en plural, se volvieron cada vez más competitivos, más poderosos; acudieron a las elecciones con mayores recursos y con mayores posibilidades de ganar. Su presencia y sus exigencias crecieron: mayores recursos y más equitativos para poder expandirse, mejores instrumentos que regulasen la contienda electoral, mejores fórmulas para conformar al Congreso. A mayor fuerza política mayor presencia en el Estado, mayores exigencias institucionales, legales y mayor extensión del derecho electoral.

7) Alcanzaron cada vez más posiciones legislativas federales, cada vez más posiciones en ayuntamientos, en congresos locales y conquistaron gubernaturas. Así, los partidos políticos se instalaron en la sala de máquinas del Estado mexicano.

8) Los códigos de entendimiento cambiaron. Ninguna fuerza pudo ya abrogarse la representación de la nación entera. La pluralidad se convirtió en la palabra clave de la lucha y la convivencia política.

9) La presencia y competencia de partidos ha cambiado casi todas las relaciones y las prácticas políticas: ha erosionado el poder del presidencialismo, ha planteado nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, ha invertido la dinámica de trabajo político del Congreso de la Unión, y los partidos de diferente signo se encuentran todos los días procesando, negociando, definiendo las políticas estatales en todos los órdenes. Ante nuestros ojos emerge una reforma del poder del Estado.

10) De tal suerte que ya no es un solo partido sino que son los partidos políticos en plural, la columna vertebral de la vida estatal.

11) El cambio es radical: la decisión crucial de la política, la decisión de quien gobierna, durante décadas había estado encapsulada, reservada al interior de una coalición, de un solo partido; pero hoy en México, la decisión de quién gobierna la tienen los ciudadanos con su voto, eligiendo entre opciones fuertes y competitivas.

12) Ese cambio crucial en las relaciones políticas es difícilmente reversible. México es una sociedad compleja, conectada con el mundo, denodadamente plural. Su transición a la democracia no era el ideal de un grupo, de un líder, o de un partido; por el contrario: la transición democrática era una necesidad de la nación.

La dimensión del cambio no puede ser disimulada. Para fortuna de todos, podemos reclamar que nuestra transición ha podido ser encauzada por la vía legal, pacífica y civilizada. La experiencia de la transición mexicana es la de una transformación lenta, gradual, legal, sistemáticamente negociada. No el fusil, los votos. No la fuerza, sino el discurso. No las rupturas estructurales, sino las reformas.

No todos han entendido la naturaleza, el ritmo y la profundidad del cambio. Por eso, en escenarios como éste necesitamos discutir, ventilar, ajustar rápidamente nuestras anteojeras conceptuales y culturales a una nueva realidad democrática que ya llegó y que necesita de un acompañamiento intelectual nuevo.

Porque más allá de las transformaciones políticas puntuales, lo que está cambiando en México es la política misma. Están cambiando todas las formas de hacer política. Por tratarse de transformaciones en marcha todavía sabemos muy poco de lo que implica para nuestro futuro: para nuestra convivencia y para la gobernabilidad del país. No sorprende, pues, el retraso del pensamiento y la cultura política para dar cuenta de las transformaciones en el ámbito político.

Pero el hecho es que un mundo político emerge y necesita nuevas estructuras mentales. Las imágenes habituales de la política mexicana ya no logran dar cuenta de la política realmente existente. En términos más generales: faltan códigos interpretativos mediante los cuales podamos estructurar y ordenar la nueva realidad social. Este desfase es, a mi juicio, el problema de fondo de nuestra investigación política y una tarea esencial del gremio: sociólogos, politólogos, cientistas sociales en general.

Lo subrayo: no es un problema exclusivo de la población, del ciudadano común o del votante; el desfase entre cultura y realidad política es un problema también de las élites y de los que analizan la política. Hay que atender este problema. Pues en el plano interior de la cultura es donde finalmente se juega la comprensión que nuestra sociedad llegará a tener sobre sí misma. Se trata de la comprensión de su identidad, sus límites y sus oportunidades.

Como decía un viejo alemán, uno que nuestro gremio ya no cita: "Para que una sociedad se plantee tareas nuevas, es preciso que reconozca todo lo que ha cambiado, todas las fuerzas, las potencialidades y las oportunidades que contiene". No se trata simplemente de celebrar las tareas políticas que este país ha cumplido: sino reconocer e incorporar en nuestra agenda de investigación cuáles son las nuevas tareas, los nuevos problemas que aparecen ya no en el futuro, sino en la realidad vital del presente.

Echando la vista atrás, en una revisión de los últimos 15 o 20 años, recuerdo con cierta nostalgia y con gratitud los innumerables seminarios, cursos, eventos, mesas redondas que compartí con muchos de ustedes. Como ustedes recuerdan, el tema central, obsesivo y recurrente era la reforma electoral. Cómo construir un edificio electoral sólido, a prueba de presiones y de influencias ilegales; qué procedimientos podíamos inventar para garantizar la limpieza; qué fórmulas y qué instrumentos podían ser aceptados lo mismo por la oposición que por el partido en ese entonces hegemónico. En la memoria me veo y los veo como verdaderos alquimistas -o contra alquimistas- elaborando ingeniosos antídotos de todo tipo, que fueran capaces de contrarrestar el fraude electoral y devolvieran la confianza en los procesos.

Esa profusa elaboración rindió sus frutos: insaculación de ciudadanos, redistritación, servicio profesional electoral, batería de medios de impugnación, topes a gastos de campaña, fotocredencialización, ciudadanización, entre otras invenciones, pasaron de nuestros seminarios, de la academia, a la discusión política, a la ley y a la práctica electoral. Lo que hoy tenemos como institución y como procedimientos electorales es fruto de esa etapa, de esa albañilería básica de la democracia.

De tal suerte se ha desarrollado un piso institucional verdaderamente nacional, lo mismo en el Instituto Federal Electoral que en los distintos órganos estatales. Y creo que puedo decir que ese piso es suficiente, permite un desarrollo partidista, electoral, abierto y competitivo.

Les propongo este recuento: el de los rasgos, las columnas vertebrales que sostienen el día de hoy a todo el edificio electoral mexicano, lo mismo a nivel federal que en las 32 legislaciones locales:(1)

1. Todos los procesos electorales son organizados por autoridades autónomas, es decir, por consejeros electos en los congresos locales, por mayorías calificadas, por más de un partido; por tanto expresan la confianza de los actores políticos, un equilibrio y una garantía de imparcialidad. En esas figuras no partidistas recae hoy el peso fundamental del arbitraje electoral. Al propio tiempo, las autoridades electorales locales observan una presencia menor de los partidos políticos en sus decisiones. La imparcialidad alcanza un estadio superior.

2. El voto se da sólo si el ciudadano está registrado en el padrón electoral federal y sólo si posee su credencial para votar con fotografía. El instrumento indispensable para ejercer ese derecho es federal, y extensivo a todos los estados, incluyendo a Baja California Norte. Ese padrón cuenta con un número muy extenso de mecanismos de seguridad y de confianza: fue reconstruido nacionalmente desde 1990, los partidos políticos se incorporaron a su diseño de levantamiento, al seguimiento de su edificación y a la vigilancia de su desarrollo y de su mantenimiento todos los días. Los partidos están instalados en las oficinas del Registro Federal de Electores y desde ahí realizan pruebas sistemáticas de todo orden y de alcances variados. Se le han realizado múltiples auditorías externas y la constatación es la misma: el padrón refleja la dinámica demográfica real del país, es un espejo fiel de la realidad social de México.

3. El cuidado de las urnas es encargado a ciudadanos sorteados y entrenados especialmente para ese fin. Se trata de un procedimiento inaugurado en 1991 que en los estados involucra a miles de personas, que inyecta una gran complejidad técnica a la organización electoral pero, al mismo tiempo, resulta muy difícil de impugnar dado que echa mano del azar y de la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones.

4. En todos los estados, y cada vez con mayor fuerza, existe una presencia vigilante de los partidos en todo el proceso, mediante su atenta supervisión en todos los órganos electorales, sean estatales, municipales, distritales, locales o el órgano federal; también en las comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores (una nacional, 32 estatales y 300 distritales). Además, los partidos tienen derecho a nombrar representantes en todas las mesas directivas de casilla. En otras palabras: los partidos tienen presencia en todos los tramos y en todas las etapas de los procesos electorales mexicanos.

5. Existe una tendencia general para procurar condiciones equitativas de la competencia. A nivel federal y a nivel de todos los estados, existen complejos diseños institucionales para inducir contiendas equilibradas; en casi todos los casos se incluyen:

° Un aumento al financiamiento público.

° La preeminencia del financiamiento público sobre el privado.

° En todas partes, el financiamiento público está predeterminado por fórmulas previas.

° Hay acceso, por orden legal, a los medios de comunicación si bien con distintos márgenes de equidad.

° Existen topes a los gastos de campañas.

° También diversos mecanismos de fiscalización.

6. Como las federales, las elecciones locales cuentan con tribunales estatales para la justicia electoral, es decir, instancias a las cuales los partidos y los ciudadanos pueden recurrir en caso de controversias, situaciones polémicas o violaciones a sus derechos políticos.

7. Contamos ya, prácticamente en todo el país, con una calificación jurisdiccional de elección para gobernador y para los congresos locales; es decir, el país vive una eliminación progresiva de los colegios electorales y por supuesto de la autocalificación.

8. Todos los procesos electorales, desde los municipales hasta los federales, están conectados con el sistema general de protección de derechos electorales y con el control de constitucionalidad que marca nuestra Carta Magna.

9. La integración de los congresos locales es, en todos los casos, mixta, es decir, contiene diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. En prácticamente todos los estados existen topes a la sobrerrepresentación y, como manda la Constitución de la República, se procura que la fórmula electoral sea un reflejo cada vez más exacto de la votación. No obstante, las legislaciones locales avanzan más lentamente en la remoción o eliminación de las cláusulas de gobernabilidad.

10. Los órganos locales se edifican, cada vez más, sobre un servicio profesional electoral. En otras palabras, las elecciones en México son organizadas por personal permanente, relativamente bien pagado, sujeto a sistemas de evaluación, meritocrático, y con procedimientos escalafonarios de desarrollo y ascenso. Es un personal sujeto a tremendas presiones de índole administrativo y político, especializado, pero cada vez mejor entrenado y preparado para organizar los procesos en contextos cada vez más competitivos.

Todo esto es resultado de una decisión política, de consenso entre todos los partidos, verdaderamente estatal y tomada en 1996 durante la reforma electoral de ese año. El artículo 116 dice: "Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que... las elecciones locales -de cualquier tipo- ...se realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, y mediante los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia... y la autonomía en la toma de decisiones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales". Asimismo, se establece que existirá un sistema de medios de impugnación garante de la sujeción al principio de legalidad, el financiamiento equitativo de los partidos políticos en las elecciones locales y su acceso a los medios de comunicación, y los límites a las erogaciones en campañas, los montos máximos de aportación y los mecanismos para el control y vigilancia del origen y el uso de los recursos partidistas, así como la tipificación de los delitos y faltas en materia electoral. Además, en el artículo segundo transitorio del decreto del 21 de agosto se dice: "Todos los estados deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto en el artículo 116", es decir, a las líneas directrices que marcó la reforma electoral de 1996 mediante el Constituyente permanente.

Esta es la "invención institucional" de México en materia electoral. El edificio legal, producto de un largo ciclo de negociación entre las principales fuerzas políticas del país que ha alcanzado o que ha tocado todos los estados y procesos regionales. Ese edificio está normalizando las relaciones y la competencia electoral a lo largo y ancho del país.

Construir ese edificio, para todos, ha costado muchos años, recursos económicos, enormes esfuerzos de funcionarios, militantes de partidos políticos y de miles de ciudadanos. Ese edificio es la base para la coexistencia y lucha de grandes partidos políticos que se desarrollan y despliegan con una fuerza inédita, como en ninguna otra época del México contemporáneo. Quiero decir: la confianza en el piso electoral significa que las grandes coaliciones y energías políticas, a pesar de su fuerza y la diversidad de sus intereses, a pesar de sus diferencias, guardan todas un compromiso y un horizonte común con la competencia legal, pacífica, democrática.

Esta es una buena noticia en el fin de siglo: la pluralidad política está organizada, tiene un marco para desarrollarse. El reclamo por unas elecciones limpias en México está encontrando solución.

Es una asignatura ganada, en parte, por el grupo de académicos e intelectuales que ustedes representan. Y precisamente por eso, porque se trata de una tarea que se resuelve, la agenda de la investigación electoral está cambiando: ya no centra sus baterías en los procedimientos y las herramientas que hacen posible la elección sino en los fenómenos más complejos propios de la madurez democrática: las encuestas, la medición y la interpretación de los humores públicos, las grandes tendencias de la votación, la vida interna de los partidos, el perfil de los votantes, la conducta y la calidad de la clase política, el diseño constitucional de un gobierno dividido, la expresión y la representación de los sexos y las disyuntivas o dilemas de la nueva gobernabilidad democrática.

Allí está la agenda de la nueva etapa. Tengo la impresión de que los cambios en la esfera electoral han sido a tal punto importantes y decisivos que ahora han llegado a impactar directamente en la esfera de la gobernabilidad. La trayectoria de nuestra transición política ha sido ésta: del sistema electoral al sistema de gobierno, es y debe ser, por tanto, la misma trayectoria de la investigación y de la academia.

Voy a terminar argumentando una convocatoria, o si se quiere con una convocatoria argumentada. El proceso electoral federal del año 2000 está en marcha. Con él se abre una oportunidad para la nación: en definitiva, consolidar la democracia, resolver esa cuestión crucial del México contemporáneo. Repito: su solución depende de esta generación.

Por primera vez en la historia mexicana están al alcance de los partidos y de la sociedad todas las herramientas y, en general, las condiciones sociales y políticas que faltaron en otras épocas para construirla. En esta enumeración, en la lista de condiciones que hacen practicable la democracia, fundo mi confianza:

1) Existe una ciudadanía que ha protagonizado un cambio cultural de enormes proporciones, y que ha aprendido a usar el voto como su instrumento de inserción en el presente del país y en las definiciones de su vida pública.

2) Contamos con unos partidos políticos nacionales bien estructurados, arraigados; son las maquinarias más fuertes y competitivas que ha producido la vida política del país. Ellos se encuentran ya en el corazón de las decisiones estatales, y son el soporte del nuevo Estado democrático.

3) Hay una opinión pública alerta, sensible, y unos medios de comunicación cuya credibilidad y fuerza depende cada vez más del despliegue de su propia capacidad crítica.

4) Hay una sociedad organizada, extraordinariamente diversa en sus intereses y visiones, pero atenta y movilizada, difícilmente encuadrable a otro formato que no sea democrático.

5) Hay una exigencia internacional múltiple y persistente que debemos atender si queremos ser parte del concierto mundial de las naciones.

6) Y hay unas instituciones y unas reglas electorales profesionales y sofisticadas, cuyos innumerables instrumentos y procedimientos garantizan la celebración de elecciones limpias.

Esas son las condiciones que hacen posible y practicable la democracia en el México de fin de siglo. No son deseos, no son proyectos, son hechos materiales, que están ahí, empujando y exigiendo un reacomodo de las reglas y las formas políticas.

Por eso no es posible evadir la exigencia democrática. México no tiene otra posibilidad de ser moderno; la democracia se ha vuelto una necesidad esencial del presente mexicano. El país está obligado a intentar una vida electoral abierta y creíble porque no hay otro sistema en el que pueda vivir y reproducir la enorme pluralidad política de la nación.

Las elecciones de este año deben ser vistas como una expresión masiva, nacional, inequívoca, en favor de la vía democrática, como una expresión y un rechazo contundente en contra de la violencia. Los partidos políticos, todos sin excepción, los analistas, los investigadores, los periodistas, tienen la obligación política de convencer a los ciudadanos de que votar tiene sentido, más sentido que la abstención y, por supuesto, más sentido que la violencia.

Las elecciones que han ocurrido durante casi una década han mostrado un país extraordinariamente complejo en sus opciones, más allá de los reflejos y los cálculos del pesimismo político.

No creo que haya vuelta al pasado porque la reforma política de México es protagonizada por decenas de millones de votantes, ciudadanos, que han hecho suyo y han utilizado el espacio electoral para expresar su visión, sus necesidades, preferencias o su rechazo. Si algo demuestran las elecciones en los últimos años -las federales y las locales-; si algo demuestra esa colección de novedades democráticas, alternancia, gobiernos divididos, congresos plurales y replanteamiento del equilibrio de poder, es que las leyes y las instituciones electorales ya son suficientes para garantizar la soberanía del ciudadano, el respeto de la voluntad de cada quien depositada en urnas.

Esa reserva de calidad ciudadana y voluntad política ha optado por la modernización del sistema político, se ha incorporado en enormes contingentes a los partidos políticos y ha optado por su transformación drástica y pacífica. Existen dificultades hacia adelante, por supuesto, pero esa nueva ciudadanía, ese México participativo y democrático no podrá ser derrotado ni por la tradición ni por la violencia, la impaciencia o la nostalgia autoritaria.

Quiero convocar, pues, a cobrar conciencia del momento, a difundir su importancia: que México atraviesa por su oportunidad democrática. Creo que nunca estuvimos más cerca de lograrlo

Nota

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Panorama electoral, México, DF, 1998.

José Woldenberg K. es presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Esta es una versión ligeramente modificada de una ponencia presentada por el autor en el XI Congreso Nacional de Estudios Electorales en la ciudad de Puebla, el 1 de diciembre de 1999.