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cuentas claras
Maribel Ramírez
Como cualquier hijo de vecino Enfrascados en la aprobación del Presupuesto del 2000, el error del milenio y otros asuntos coyunturales de fin de año, el pasado mes de diciembre pasó casi desapercibida una información económica muy importante para nuestro país, que habría que retomar aquí. Los estados y municipios tendrán desde abril nuevas reglas para obtener crédito. Cuando necesiten apoyo financiero para obras públicas, ahora serán atendidos por los bancos sin mayor diferenciación y como cualquier otro cliente, empresa o persona que pide apoyo financiero. Los ayuntamientos y gobiernos estatales que requieran crédito deberán cumplir una serie de requisitos que demuestren la solvencia financiera del estado o municipio, y garanticen que están en condiciones de cubrir sus compromisos, es decir, que no caerán en incumplimiento. Hasta hoy el gobierno federal ha sido garante de las deudas locales, de modo que cuando algún estado o municipio no cumple sus pagos ante la banca, la Federación ha tenido que responder, con la consecuente reducción de participaciones federales a la entidad incumplida. La cosa cambiará radicalmente. Los estados y municipios, incluido el Distrito Federal, no podrán ampararse más del riesgo soberano que hasta hoy les ha permitido obtener créditos a tasas de interés más accesibles. A cambio, la Federación ya no restará ni un centavo de sus participaciones federales a las entidades morosas. El problema es que el gobierno federal tampoco se hará responsable ante acreedores si hay algún problema de insolvencia de gobiernos locales. Son reglas impuestas por las autoridades de la Secretaría de Hacienda, pero que ya habían solicitado varios gobiernos locales desde hace años. Su deseo se cumplirá. Ahora "se rascarán con sus propias uñas". El cambio es trascendental porque habla de pasos hacia una verdadera federalización. El reto es para las 32 entidades y los más de mil 400 municipios, porque tendrán que demostrar capacidad para moverse en un mundo financiero en plena globalización. ¿Buenas calificaciones? Un papel importante dentro de esta reforma lo jugarán las empresas calificadoras de deuda. Los gobiernos estatales y municipales serán valuados en sus finanzas y tendrán que recibir un grado de parte de las instituciones financieras especializadas en calificar la calidad crediticia de alguna empresa, persona o gobierno para definir si son sujetos opcionales de recibir crédito. A partir de abril, aquel estado o municipio que necesite crédito deberá demostrar que verdaderamente es sujeto del mismo y para ello debe obtener la aceptación de al menos dos calificadoras financieras. En México operan a la fecha tres de éstas, todas controladas por capital foráneo: las estadounidenses Standard & Poors y Duff & Phelps, así como la británica Fitch IBCA. Pronto vendrán otras dos más de capital estadounidense: Bank Watch y Moody`s, atraídas por el nuevo capítulo que vivirá México en sus finanzas gubernamentales. El dictamen de estas empresas especializadas es tomado en cuenta por cualquier banco o inversionista del orbe, y por lo mismo han adquirido un poder incalculable a nivel mundial. Sus calificaciones hacia arriba o hacia abajo pueden ayudar o afectar a empresas chicas y grandes, además de levantar o tirar economías. La SHCP espera que, de igual manera, los gobiernos locales mexicanos se rijan bajo este tipo de estándares para que sea el propio mercado el que les castigue o les premie en función de su habilidad para demostrar eficiencia financiera y responder a sus gobernados |
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