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Es sintomático que en los primeros dos días de su campaña política, Francisco Labastida Ochoa se haya ocupado de la corrupción y de la inseguridad pública. Dos cánceres que han hecho metástasis por toda la sociedad y que amenazan con invalidar del todo el Estado de derecho y descomponer el tejido social.

Consciente o no de ello, Labastida nos dijo durante esos dos días que su primera apreciación de la sociedad es que está enferma y que casi requiere ser internada en la sección de urgencias. Estamos enfermos, ciertamente, no sólo de corrupción y delincuencia, sino también de otras patologías que quizá están en la base de la enfermedad que aqueja a nuestra sociedad.

Una de esas patologías es la informalización de la sociedad. Su primer síntoma fue el surgimiento y extensión de la economía informal o subterránea, que algunos gobiernos consideraron como una buena solución para la incapacidad de la economía formal para generar los empleos que reclamaba y reclama una fuerza de trabajo expansiva a tasas sostenidas y muy superiores a las de la producción.

Quizá el mayor atractivo de la economía informal, también llamada subterránea, fuera que daba la impresión de ser efímera, frágil y susceptible de ser eliminada o moderada en cuanto fuera conveniente. Hoy sabemos que la economía informal se ha convertido en un hecho real, inevitable y expansivo. Que especialmente en la rama comercial, es un próspero mercado para bienes de contrabando y robados, lo que la convierte en un eslabón crítico de varias cadenas delictivas. Que no paga impuestos ni energía eléctrica ni agua; que no paga seguro social ni prestación alguna a sus trabajadores; que no es operada por los dueños de los establecimientos, quienes manejan cadenas de puestos de comida, de discos, casetes y videocasetes piratas, de toda clase de mercaderías. Que compite deslealmente con la economía formal y propicia el cierre de fuentes de trabajo en esta última.

La economía informal fue la punta de la lanza. Hay una sociedad informal, salida de los cinturones de la miseria en las ciudades y de las tierras abandonadas, ya sea por la explosión demográfica rural, por el deterioro extremo de la agricultura, por el atractivo de la vida urbana impulsado por la televisión.

El segmento joven de la sociedad informal, que es abrumadoramente mayoritario, no tiene oportunidades de empleo y ha perdido la esperanza de integrarse a la clase media por la puerta de la educación porque se ha cerrado el escalamiento social generacional que tuvimos hasta los años 60 o 70. Una persona de 50 o más años sabe que el sistema educativo permitió a las familias pobres del campo y las ciudades la certeza de que sus hijos vivirían mejor. Un joven de 15 a 25 años sabe que el grueso de los médicos, abogados, administradores, arquitectos egresados de las universidades están llamados a ser burócratas menores, en el mejor de los casos, y taxistas o vendedores ambulantes en el peor.

La desesperanza, la cultura y los antivalores que predominan en las barracas, la violencia tenazmente alimentadas por la televisión y los juegos electrónicos, la descomposición de las familias de la población marginal, la lumpenización de los maestros del sistema educativo y el demoniaco binomio corrupción-impunidad que está invalidando a la autoridad, se traducen en una visión del mundo como un campo de batalla sin más normas que el "agandalle" (¡qué repugnante me resulta este vocablo!) y sin más límite que la propia capacidad para imponerse antes que ser arrollados por una realidad hostil, brutal, sin salidas.

Por ese camino se encuentra la explicación de la actitud de los operadores de microbuses, que no difieren ni en el aspecto exterior ni en su idiosincrasia ni en sus pautas de relación con los demás, de los jóvenes que han invadido, con obvia impunidad, las instalaciones de la UNAM y han llevado a la institución a la crisis más aguda de su historia.

Esta enfermedad, a la que llamo sociedad informal y uno de cuyos síntomas característicos es la impunidad colectiva, genera un evidente "valemadrismo" (no encuentro una expresión en español) ante las leyes y las autoridades, y está en la base de la delincuencia y el debilitamiento del Estado de derecho. Es un veneno que no sólo corroe a las instituciones del Estado, sino a las de la sociedad, como la familia, la escuela, los partidos y organizaciones políticas y sociales.

Es una enfermedad que Labastida no debería ignorar o permitir que se disperse entre la fraseología inútil de los programas burocráticos, sino que debiera estudiar y reconocer como uno de los posibles orígenes de los problemas que tienen irritada y asustada a la sociedad que él se propone gobernar

Renward García Medrano es periodista.