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La ley, además, prevé que al menos 50% del tiempo que les corresponda a los partidos políticos en los medios de comunicación a lo largo de las campañas electorales esté destinado a difundir el contenido de sus plataformas. Las ideas y propuestas legislativas y de acciones de gobierno deberían ser, por tanto, el eje de la discusión y el tuétano de los mensajes que las diferentes opciones políticas ofrecen a los electores. No ha sido, sin embargo, lo común en los procesos electorales previos. En 1994, por ejemplo, se registró una intensa competencia partidaria protagonizada por nueve partidos que fue acompañada por una escrupulosa vigilancia y observación nacional, atención y seguimiento desde el extranjero, hubo una copiosa votación después de que los candidatos a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y de Senadores recorrieran todas las entidades federativas, acudieran a estaciones de radio y programas televisivos, fueran entrevistados por la prensa escrita y, a pesar de todo ello, las construcciones programáticas de los partidos rara vez estuvieron plenamente al alcance de los electores. Los discursos de los candidatos, el debate con cobertura nacional que protagonizaron los tres más fuertes aspirantes a la Presidencia, representaron la vía de acceso más común de los ciudadanos a las distintas opciones que compitieron en aquel ya lejano 21 de agosto del 94.

Sería deseable que en el proceso electoral que ya arrancó y que está por iniciar su fase de mayor dinamismo, las plataformas sirvan como punto de referencia a la hora de decidir el sufragio. Las propuestas ahí están, más o menos maduras y más o menos rigurosas, de lo que cada alternativa piensa y propone sobre el presente y el futuro del país. Merecen ser atendidas, comentadas, criticadas y discutidas, pues resultaría idóneo que más allá de quién resulte ganador en una o varias de las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de julio, existiese un piso compartido de temas básicos sobre los que se pudieran fraguar políticas consensadas en asuntos clave de nuestra convivencia y desarrollo.

Sin ideas, sin un debate que trascienda las animadversiones acumuladas por buenas o malas razones, el proceso electoral estaría por debajo de las expectativas que genera y de la trascendencia que tiene para modular el tipo de vida pública que tendremos en los próximos seis años, cuando menos.

A la fecha, la certeza en que los votos serán bien contados ha crecido gracias a la experiencia que han dejado los procesos electorales realizados bajo el actual diseño legal y organizativo. El mapa de la pluralidad política en las distintas entidades federativas, en los cuerpos legisladores, en los ayuntamientos, es la prueba más fehaciente de que gobierna quien obtuvo la adhesión mayoritaria de los sufragios. Por lo mismo, y a diferencia de elecciones previas, el debate puede centrarse menos en el procedimiento electoral, que es una asignatura prácticamente aprobada, y más en los contenidos, en las propuestas de gobierno.

Estamos ante la oportunidad de aprovechar las campañas no sólo como un momento dilatado para buscar el voto y difundir personalidades, sino para iniciar debates nacionales, a cargo de los partidos y coaliciones que van en pos de puestos de gobierno, sobre los asuntos que cada día definen la calidad de vida y la habitabilidad del país.

La economía, la educación, la salud, el medio ambiente, la justicia, las relaciones con el mundo, el diseño institucional, entre otros, son temas obligados, que el peso de la evidencia no ceja de colocar como asuntos para los que no hay respuestas unívocas ni políticas perfectas, pero que requieren estrategias de largo aliento y eslabones bien definidos, sujetos a revisión sistemática teniendo objetivos claros, sobre los que haya un consenso extendido que involucre a los institutos políticos con representación en el Congreso y con responsabilidades en los poderes ejecutivos.

Ninguna transición, o fin de transición democrática, ha tenido éxito y ha perdurado si sólo se sujeta al ámbito electoral. En nuestro caso, la historia exigía unas reglas transparentes para la celebración y el dictamen de los comicios, que acompañaran el surgimiento de un sistema pluripartidista, pero no agotaba la agenda de los cambios requeridos para afianzar la gobernabilidad requerida para resolver los lastres del subdesarrollo que, como nación, aún presenciamos.

De la capacidad de los partidos y coaliciones para pasar a las estaciones siguientes del trayecto a la democracia, depende que el cauce de transformaciones en materia electoral que ha fluido en los últimos lustros pueda seguir siendo productivo, pues de lo contrario el desencanto respecto de estas nuevas reglas de juego y competencia puede aguardar a la vuelta de la esquina, como ha ocurrido ya en otros cercanos países de América Latina.

Los partidos políticos y sus candidatos van a estar, desde la próxima semana y hasta tres días antes del 2 de julio, en el centro de mira de los reflectores de los medios, cuentan con abundantes recursos para hacer llegar sus mensajes al electorado y, ahora, la calidad del debate y la profundidad y rigor de sus propuestas está en manos de los propios actores que concurren a la elección. Esperemos que sus ideas, efectivamente, sean el núcleo de las campañas y que a partir de ahí se afiance una cultura política más constructiva

Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid.