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2 de julio
Raúl Trejo Delarbre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Partidos aviadores

Pablo Hiriart

La generosidad del andamiaje jurídico para el establecimiento de partidos políticos no sólo da cabida a las nuevas corrientes de pensamiento que quieren debatir sus ideas en el terreno de la ley, sino que de manera ostentosa sirve para el surgimiento de negocios particulares o cotos blindados de personajes abusivos.

En el ramillete de partidos aprobados por el IFE por cumplir con los requisitos, entraron cuando menos tres que no están dispuestos a pasar por la prueba de los votos. Así es, aunque parezca una paradoja. La esencia de un partido político es competir en elecciones: ahí mide la penetración de sus propuestas y despliega sus ofertas programáticas que lo hacen diferente de los demás y justifican su existencia. Nada de eso parece interesar a cuando menos tres partidos que cuentan con subsidio público, y han nacido a la vida política del país sin el necesario bautizo electoral.

Convergencia para la Democracia, Sociedad Nacionalista y Alianza Social son partidos cuyos gastos sufragamos los contribuyentes, sin que ni siquiera se nos brinde la oportunidad de aprobarlos o rechazarlos por la vía del sufragio. Viven de los impuestos de los mexicanos, y lo seguirán haciendo sin la necesidad de someterse al veredicto de las urnas. Todo un negociazo, sin duda.

Estos tres partidos llevan como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, quien les garantiza con su votación que tendrán diputados, quizá senadores y, sin duda, una tajada del pastel presupuestal que se destina a los partidos nacionales.

¿Cuánta gente estaría dispuesta a votar, por ejemplo, por Sociedad Nacionalista? No lo sabemos ni tendremos la menor idea de ello, al menos en los siguientes años. De lo que sí podemos estar seguros es que tendrán recursos públicos y representación en el Congreso.

¿Representación de quién? Tampoco lo sabemos, porque llegarán a la Cámara de Diputados gracias a los votos que obtendrá el abanderado presidencial del PRD.

En buen romance, el sistema legal de partidos permite que existan estos llamados partidos políticos nacionales, sin que los mexicanos conozcan sus propuestas. ¿Alguien conoce lo que plantea Convergencia para la Democracia en materia de seguridad pública, o en el terreno fiscal o laboral? ¿Se conoce el planteamiento del Partido Alianza Social en política energética? ¿Estará pensando en privatizar el sector eléctrico, estatizar la banca o congelar el tipo de cambio? Nada de eso conocemos de esos que son partidos políticos con todas las de la ley, incluyendo el subsidio público.

Salvo mínimamente Convergencia para la Democracia, de los otros no se conoce siquiera dónde podrían conseguir un voto. ¿Qué pasa si el presidente de Sociedad Nacionalista o el de Alianza Social se paran en una plaza de Hermosillo, o de Tizimín? ¿Alguien los identificaría ya no digamos a ellos, sino al partido que representan y le cobran a la nación por ello?

Lo que hay en ese boquete de la ley es, en realidad, la entrada a una madriguera donde se puede vivir del presupuesto sin que nadie tenga derecho a impedírselo. Es una vergüenza, pero son "partidos aviadores" que despliegan su desfachatez sin recato alguno.

De ahí que, aunque sea dudosa la conveniencia de su existencia, al menos el PARM tiene el mérito de haberse buscado un candidato y someterse al veredicto de las urnas y jugarse en ellas el futuro.

De Democracia Social muchos dicen que tal vez no logre los votos requeridos para alcanzar el registro definitivo el 2 de julio del próximo año, pero habrá tenido el valor de preguntarle a la ciudadanía si quiere que exista o no.

Lo mismo el Partido del Centro Democrático. Puede simpatizarnos o no su polémico dirigente Manuel Camacho. Sin embargo, los electores-contribuyentes tendremos la oportunidad de confirmarlo o sacarlo del abanico de partidos, es decir, también del presupuesto.

Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia pueden vivir de prestar su membrete para que Cárdenas sea candidato de un conglomerado de partidos inexistentes, aunque sean una carga para el erario y una vergüenza para la nación

Pablo Hiriart es director general del periódico Crónica.

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