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Una condición indispensable aunque no suficiente para la autonomía del Poder Legislativo es la consecuente libertad de sus integrantes para discutir, criticar y tomar decisiones a nombre del pueblo y la República sin coacción alguna. Precisamente por eso y para eso gozan de inmunidad durante su mandato, por lo que no pueden ser procesados a menos que previamente hayan sido desaforados.

El principio es claro y central. Si los legisladores trabajaran bajo presión o amenaza, el Poder Legislativo no podría cumplir su función y eso vulneraría al Estado del que forma parte. Precisamente por eso, además de otorgar inmunidad a los diputados y senadores, las autoridades del Ejecutivo y, concretamente, las del gobierno del Distrito Federal, tienen el deber de darles plena seguridad a ellos y a las cámaras.

Esta responsabilidad ha sido reiteradamente incumplida por parte del gobierno perredista de la ciudad. Cuando un grupo de maestros encabezados por la dirigente de la sección IX de su sindicato asaltó el recinto del Senado de la República, causó destrozos al edificio y a los muebles, robó el facsímil del discurso de Belisario Domínguez y secuestró durante horas a varios senadores, incluida la líder María de los Angeles Moreno, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas no hizo absolutamente nada para evitarlo.

En los últimos días, cuando menos de un centenar de hombres a caballo sitiaron la Cámara de Senadores y obligaron a sus miembos a suspender la sesión y, luego, a modificar la iniciativa de Ley de Concursos Mercantiles, el gobierno de Rosario Robles no intervino. Tampoco lo hizo poco después, cuando los mismos sujetos derribaron una reja del Palacio Legislativo y asaltaron el recinto para "romperles la madre a esos (diputados) que se opusieron al presupuesto alternativo".

No se trata de agresiones comunes o de faltas administrativas menores, sino de una abierta coacción a los senadores y una amenaza a los diputados federales; es decir, de una agresión repetida contra uno de los tres poderes de la Unión. Agresión que el Estado y, en particular, el gobierno del Distrito Federal, tiene la responsabilidad, los recursos humanos y materiales, así como la fuerza para impedir, no obstante lo cual los legisladores y el Congreso de la Unión funcionan en la más completa indefensión.

Hasta ahora, los agresores parecen ser simples rancheros a caballo decididos a someter, como lo hicieron exitosamente, al Senado de la República y a castigar a la Cámara de Diputados por el acuerdo de dos fracciones parlamentarias para votar el paquete económico. Nadie, sin embargo, garantiza que la indefensión del Congreso de la Unión sea utilizada por esos mismos grupos o por otros aún más violentos para secuestrar -ya lo hicieron los maestros con algunos senadores- a una u otra de las cámaras en pleno como el "Mosh" y los ultras tienen secuestradas desde hace meses las instalaciones de la UNAM.

No es difícil suponer que el gobierno perredista de la capital se abstiene de proteger al Congreso de la Unión porque los agresores -lo mismo "El Barzón" que la CNTE- son estructuras corporativas del PRD que aportan votos y organizan grupos de choque para fines partidistas. Es igualmente obvio que dejar a los legisladores a merced de los vándalos, es una expresión más de la grosería y arrogancia con que gobierna el PRD la capital de la República.

Lo grave es que el gobierno federal, el propio Congreso de la Unión, los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones sociales no parezcan preocupados por la indefensión del Poder Legislativo ni parezcan darse cuenta de que la impunidad de los agresores, lo mismo que la de los secuestradores de la UNAM, no es una forma de tolerancia sino un paso hacia la ingobernabilidad.

Ignoro si la sociedad política cree que la permisividad a estas formas de violencia es una práctica democrática o si las autoridades sepan o crean que frenar el vandalismo político sería encender la chispa que desataría un incendio. Pero el vandalismo y la violencia se están convirtiendo en formas habituales de hacer política y eso no puede ser saludable para el Estado de derecho ni para la democracia ni para la convivencia social civilizada ni para la paz interna ni para la seguridad de la nación.

Hay fenómenos políticos, como el conflicto en Chiapas o el paro de la UNAM, en los que puede ser discutible la pertinencia de aplicar la ley. En el caso de Chiapas, a pesar de que el EZLN rompió el diálogo y con ello debieron reactivarse las órdenes de aprehensión, el gobierno ha optado por la paciencia, quizá porque la aplicación estricta de la ley provocaría una espiral de violencia, aunque no puede uno dejar de preguntarse por qué entonces se aprobó así la ley o por qué no se reforma. En el caso de la UNAM, las autoridades no quieren caer en una provocación que pudiera derivar en otro 2 de octubre. Ambos argumentos son discutibles pero tienen alguna base.

¿Y los rancheros de "El Barzón", cuya manipulación política es obvia, no pueden ni deben ser frenados por la autoridad local cuando arremeten contra el Congreso de la Unión? ¿Pasó algo realmente grave en Jalisco cuando el gobierno panista mandó a los granaderos a retirarlos, incluso con exceso de violencia?

Hacer cumplir las leyes no es una facultad discrecional de los gobiernos, sino uno de sus deberes elementales. Incumplir ese deber puede llevar al país a situaciones de máximo peligro

Renward García Medrano es periodista.