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barandal Ojo al bachillerato
Ciro Murayama
El Consejo Nacional de Población (Conapo) anunció que, dadas las tendencias demográficas de nuestro país, en las primeras décadas del siglo que nos espera a la vuelta de la esquina, será necesario aumentar seis veces la capacidad instalada de estudios de nivel medio superior. Ese incremento es el requerido para lograr un promedio de escolaridad de 12 años y superar así los 7.7 que hoy tenemos, a partir de brindar educación a los jóvenes de entre 15 y 18 años que ya han nacido y que pronto estarán tocando las puertas del bachillerato. Tal objetivo, de ser tomado en serio, debería dar lugar a una estrategia de política pública que esté más allá de quién resulte el equipo elegido para gobernar y cuál sea la composición del Congreso, es decir, se necesita la articulación de una política propiamente estatal. Rodolfo Tuirán, secretario general del Conapo, afirma: "Nos hemos preocupado muy poco por las propias insuficiencias y desigualdades de nuestro desarrollo, por extender y arraigar una genuina cultura anticipatoria. Por eso en México, el futuro suele sorprendernos una y otra vez" (Reforma, 8/XII/99). Efectivamente, sin planeación, sin anticipación, sin el despliegue de políticas que trasciendan las urgencias de la coyuntura, los cambios demográficos -aunque no sólo ellos- pueden aparecer como un problema, como una bomba de relojería, y no como la oportunidad renovada de desarrollo que implicaría tener una población económicamente activa muy amplia y con buena educación. Nuestra historia educativa está plagada de ejemplos de improvisación, de ensayo y error, en temas donde los costos de oportunidad son altísimos. Ya nos ocurrió en la década de los 70 con la educación superior: un crecimiento vertiginoso de la capacidad instalada, de la oferta educativa, respondiendo a una demanda social en ascenso por parte de los hijos de la urbanización, pero sin planeación, sin el suficiente orden y concierto, que nos dejó un sistema de educación superior centralizado, masificado y con un componente demasiado alto de la matrícula en las profesiones liberales, descuidando las áreas científicas. Y está, también, el problema de la calidad, de la baja eficiencia terminal, del desastre silencioso que dejó un esquema que permitía crecer porque había recursos petroleros y del endeudamiento, es decir, en el que se tenía resuelto (momentáneamente) el tema de los insumos, pero no de los productos del sistema de educación superior. Esos lastres permanecen y llegan a ser verdaderos polvorines que erosionan no sólo el futuro de los jóvenes que logran acudir a la universidad, sino a las instituciones mismas y se vuelven contra la estabilidad política y los activos de nuestro, todavía, precario desarrollo. Ahora, con la expansión del bachillerato, habría que plantearse una serie de mínimos básicos para enfrentar el asunto si no queremos, en unos lustros, vivir en el dolor del "hubiera sido...". Apenas en 1996, esa discusión quedó pendiente cuando se inauguró el examen único de admisión al nivel medio superior en la zona metropolitana de la ciudad de México y con él la promesa de que no habría excluidos. Entonces, esa promesa atrajo a egresados de la secundaria no sólo de la zona que se pensó, sino a gente que tenía su certificado desde hacía años y fue necesario, en unos meses, extender la cobertura en 30%, con toda la improvisación no sólo de aulas y mobiliario, sino de cuerpo docente. No sabemos aún qué suerte han tenido esos jóvenes que hoy deberían estar iniciando su andar en las universidades o en el mercado laboral, después de haber pasado por alguna de las decenas de opciones de bachillerato (opciones distintas por planes de estudio y objetivos, no exclusivamente de plantel). Un primer acuerdo que la política de desarrollo del bachillerato en México debería expresar es qué tipo o tipos de bachilleratos se quieren, si tendrán todos salidas tanto académicas (seguir estudiando) como profesionales. Y a partir de esa definición, puede bastarnos casi con dos tipos de bachillerato, sin tener la fragmentación de planes de estudio y de modelos que hoy sí hay. Por lo mismo, habrá que pensar en un sistema nacional de enseñanza media superior, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con metas explícitas y planes mensurables. En seguida, tiene que haber el respaldo financiero a un proyecto que implica, recordemos, hacer crecer seis veces la actual capacidad instalada. Y ese respaldo no merecería estar sujeto a la revisión de los presupuestos públicos siempre caprichosa que hacen los legisladores en época de posadas, sino que se requeriría aprobar para esta materia un presupuesto multianual, por la propia Cámara de Diputados, reduciendo así, además, la tentación podadora de los hombres de Hacienda (que no habrá de cambiar, necesariamente, con la llegada de otro partido al poder, pues ya vemos cómo en otros sitios no se perdona ni el gasto en agua en las escuelas públicas). Un pilar clave de la política tiene que ver con la planta docente, donde no puede haber el lujo de contratar pasantes de licenciatura al por mayor. No teniendo unos planes de estudio bien articulados, habría que formar para ese fin a varios miles de jóvenes que serán, finalmente, los encargados de transmitir unos conocimientos, unas destrezas y una cultura que sean útiles a los próximos bachilleres y al país, pues de la improvisación ya vemos el páramo que queda, ese que produce frustración educativa y CGHs. Atender bien a quienes irán teniendo entre 15 y 18 años en el futuro próximo es crucial en términos de posibilidades productivas, pero sobre todo en lo que hace a la posibilidad de tener un desarrollo que sea tal, es decir, que precisa de una sociedad con vocación de convivir civilizadamente Ciro Murayama es economista por la UNAM. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. |
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