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textos El presupuesto
Volga Cecilia del Riego S.
Hasta hace poco, para el Ejecutivo no constituía un dolor de cabeza la definición de los instrumentos de política económica. Derivado, primero, de las facultades extraordinarias con que lo dotaba el Congreso y, después, con el nacimiento en 1929 del PNR, con el cual el Presidente en turno siempre tuvo garantizada la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de cada año, con la invariable presencia en el Congreso de una mayoría de legisladores de su mismo partido político, el rubro del paquete económico no representó, hasta hace dos años, mayor problema. Los resultados electorales de 1997 definieron la integración de una Cámara de Diputados donde ningún partido ostenta la mayoría absoluta, lo que puso de relieve la laguna legal contenida en el dispositivo constitucional que otorga a esta instancia la facultad de aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, pero no establece qué sucedería si al término del año fiscal correspondiente tal aprobación no hubiese tenido lugar. Diversas reformas al artículo 74 de la Constitución tuvieron lugar en años recientes con el fin de modificar los plazos para la entrega, por parte del Ejecutivo, del paquete económico y la Cuenta Pública, pero ninguna se abocó al problema de la eventual inexistencia de ambos instrumentos; ninguna para llenar la inmensa laguna legal que hoy, como en 1997 y 1998, tiene a los mexicanos en la orilla de la butaca. En 1997, la advertencia de los diputados del llamado G-4 de no aprobar el Presupuesto de Egresos si no se consideraba la disminución del IVA a 12%, además de otros requerimientos -que se tradujo en la amenaza de que no se contara con los instrumentos de política económica para el año siguiente-, quedó conjurada cuando los diputados del G-4 desecharon la miscelánea fiscal. Esta circunstancia impedía que, por disposición del artículo 72 constitucional, este instrumento volviera a discutirse en las sesiones del año, lo que obligaría a tratar de nuevo el asunto hasta enero siguiente, con las negativas consecuencias económicas para el país. El hecho acarreó críticas a los diputados del PAN, lo que los llevó a reconsiderar su postura y a aprobar, junto con el PRI y en el periodo ordinario, el paquete económico para 1998. En diciembre de ese año, la pugna por la definición del paquete económico fue tan intensa que llevó a los legisladores a aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, hasta el último minuto del año con la consecuente toma de decisiones que estuvo definida por la premura. Las circunstancias en 1999 no han variado gran cosa: el problema de la definición del ingreso y la aplicación del gasto tiene entrampados a los diferentes grupos parlamentarios. La propuesta del PAN y PRD, en términos generales, se orienta a aumentar algunos rubros del gasto, financiándolo vía la reasignación de algunas partidas, el incremento del déficit público en 1.4% y la ubicación del precio del petróleo en 16.50 o 17 dólares el barril para el año 2000. Si bien el precio promedio del petróleo mexicano en 1999 alcanzó, en noviembre, 15.25 dólares por barril, las considerables alzas que experimentó este producto, sobre todo en los últimos meses, obedecieron a factores que no necesariamente habrán de presentarse el próximo año, como el clima y la suspensión de exportaciones de Iraq; de ahí que proyectar el precio del petróleo entre 16.50 y 17 dólares el barril resulte un riesgo que podría incidir en importantes recortes al gasto público y la necesidad de acudir a un mayor endeudamiento. El PRI y el Ejecutivo han acusado al PAN y PRD de pretender endeudar más al país y crear una grave crisis económica para obtener votos de ciudadanos descontentos por una eventual crisis económica que derivaría, afirman, de esa propuesta; estos últimos, por su parte, acusan a los primeros de querer limitar excesivamente el gasto social. Desde que se instaló la Cámara de Diputados de la actual Legislatura, los integrantes del G-4 afirmaron que el mandato de los mexicanos en julio de 1997 fue cambiar el modelo económico. Hoy que está en puerta un año electoral definitivo para las aspiraciones de los partidos de oposición, el modelo económico vuelve a ser materia de enconadas pugnas. Hoy es un hecho insoslayable la necesidad de terminar con la amenaza que cada año pende sobre las cabezas de los mexicanos: ¿qué sucedería si el 1 de enero no está aprobado el paquete económico? Las circunstancias políticas obligan, a quienes tienen la responsabilidad para ello, a dar certidumbre jurídica y económica al país Volga Cecilia del Riego S. es asesora del grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. |
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