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No es ocioso, a estas alturas, recordar que la chispa que encendió el conflicto de la UNAM fue el intento de aumentar marginalmente las cuotas de los estudiantes. En respuesta, los hoy paristas alegaron que se pretendía privatizar la universidad como preludio para cancelar la gratuidad de la educación.

El argumento era a todas luces falaz, pero infortunadamente la rectoría pretendió discutir, demostrar que las cuotas eran necesarias y que no se afectaría a ningún alumno que no pudiera pagarlas porque se pondría en marcha un plan de becas.

Se criticó en su momento a Barnés por no haberse percatado de que el tema de las cuotas seguía siendo tabú, pero desde la rectoría se respondía, no sin razón, que alguna vez había que enfrentar ese problema pues, de lo contrario, se perpetuaría indefinidamente la ridícula cuota de 20 centavos semestrales. El rector, además, pensó que podría emprender con éxito esta reforma, del mismo modo que había logrado otros avances aún más importantes, como el pase reglamentado de preparatoria a profesional y el examen único de selección del Ceneval.

Es obvio que los colaboradores y consejeros del rector no le informaron -o no tenían ellos mismos idea- de la composición de fuerzas políticas dentro de la universidad, por lo que jamás se imaginaron que el conflicto alcanzaría las dimensiones que hoy tiene.

La falta de información y previsión y el exceso de confianza llevó a la rectoría a creer que el problema sería resuelto por medio de un debate agudo, y quizá acalorado a veces, pero debate al fin. El doctor Barnés sabía que la razón le asistía y que no le sería difícil demostrar que el nuevo Reglamento de Pagos no sería motivo para excluir a los jóvenes de menores recursos económicos y mucho menos para temer algo como la privatización de la UNAM o de la escuela pública.

Ni el rector ni sus operadores percibieron que al plantear el asunto de las cuotas le daban a los grupos extremistas de alumnos y profesores el pretexto ideal para levantar un importante movimiento de protesta. Hoy podemos percibir la mezcla de irresponsabilidad e ingenuidad de los perredistas, desde el entonces jefe de gobierno del DF hasta sus funcionarios menores, que creyeron tomarían el liderazgo de los oponentes a las cuotas, como parte de la estrategia político-electoral del ingeniero.

Hoy también sabemos que el PRD está lejos de ser una fuerza decisiva dentro del CGH y que de poco ha servido entregarle la cabeza del doctor Barnés. Me cuento entre quienes temen que la única forma de convencer a los ultras de que liberen las instalaciones es entregándoles a cambio el control de la UNAM, a través de la celebración de un "congreso resolutivo".

He querido recordar cómo inició y evolucionó el conflicto, porque creo que en el país han ocurrido otros hechos en apariencia de menor importancia que, a mi juicio, pueden convertirse en problemas de extrema gravedad. Y que si de algo ha de servir el sacrificio de la UNAM es para propiciar una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en las capas ocultas de la sociedad mexicana con el fin de no volver a subestimar los embates contra alguna institución.

Un fenómeno que merece toda nuestra atención es el reciente sitio que un grupo de jinetes con sus caballos, dirigidos por el senador Juan José Quirino Salas, impuso al recinto del Senado hasta obligarlo a eliminar de la agenda la discusión de la iniciativa de Ley de Concursos Mercantiles, suspender la sesión y, como lo sugiere el ulterior voto favorable de los senadores perredistas, introducir modificaciones sustanciales al texto previamente acordado.

Los mexicanos debiéramos estar muy preocupados porque un grupo de individuos pueda sitiar impunemente el recinto senatorial y someter a los representantes de la República. Además de la falta total de protección a ese poder federal por parte del gobierno capitalino, deberíamos reclamar por la acción de fuerza contra una institución como la Cámara de Senadores.

El sitio al Senado -cuyo antecedente más cercano es la "toma" del recinto y la privación ilegal de la libertad de varios senadores por maestros del DF- es un hecho inaceptable en un Estado de derecho. Ese acto de barbarie es esencialmente igual al secuestro de las instalaciones universitarias por los ultras.

¿Qué sigue? ¿Se contentará "El Barzón" con haber sometido a los senadores una vez? ¿Renunciará el PRD a lograr por la fuerza de los caballerangos lo que no consigue por la negociación política lícita? ¿Se regresarán tranquilos a sus cuevas el "Mosh" y sus hordas una vez que les haya sido entregada la UNAM?

¡Cuidado! Si se ha cedido ante la violencia en la UNAM y dos veces en el Senado de la República, nada garantiza que los vándalos sitien el IFE en julio próximo si no les favorecen las elecciones, o ataquen a la Suprema Corte de Justicia o incluso el Palacio Nacional. No hay razones políticas y mucho menos éticas para permitir que pandillas de facinerosos pongan en peligro a las instituciones nacionales